Ayer el Sindicato Regional de Luz y Fuerza informó que aceptó la propuesta del pago de la deuda de la BAE en dos cuotas y decidió levantar el paro que llevaba adelante. Ahora, seguirá con quite de colaboración.
Mientras que el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba indicó que “continúa la medida de paro por tiempo indeterminado sin asistencia a los lugares de trabajo con guardias mínimas sin afectación al servicio” y hoy, desde las 10 de la mañana, realizará una nueva asamblea en su sede sindical.
La BAE ya se abonó a la mayor parte de los empleados de EPEC entre febrero y mayo, pero quedó un saldo del 60 por ciento del total para mil trabajadores. La empresa ofreció a los sindicatos pagar la diferencia en dos cuotas (el 17 de julio y el 15 de agosto).
El SiReLyF dijo ayer en un comunicado de prensa que “nos encontramos con un Gobierno cuyas acciones no condicen con la voluntad de unir puentes para salir adelante. Decisiones como las de denunciar algunos artículos de nuestro Convenio en el Ministerio de Trabajo y a través de la Legislatura de la Provincia (ambas sin jurisdicción competente). Como los incumplimientos convencionales por parte de la empresa, han servido para agravar la situación, en respuesta a esto, nos vimos obligados a realizar presentaciones en el ámbito de la Justicia, como así también medidas de acción directa”.
Agrega que “todo lo sucedido hasta el día de la fecha motivó a realizar reuniones permanentes con los secretarios de Seccionales, asambleas regionales, y asambleas en las distintas seccionales donde se analizó la situación y se dio el mandato correspondiente, respondiendo de manera orgánica”.
Explica que “en la última reunión de Secretarios de Seccional realizada el viernes 22 de Junio, luego del informe brindado por el Consejo Directivo, se realizó un profundo análisis de todo lo sucedido, de las particularidades de nuestro gremio, que ameritan darles prioridad en la gestión con la Empresa y se resolvió que se realizarán asambleas de Seccional el día lunes 25 del corriente para resolver si se aceptaba o no la propuesta de la EPEC en lo referido al pago de la BAE y en consecuencia las medidas de acción a implementar”.
En esa línea, las asambleas resolvieron “aceptar la propuesta realizada por EPEC y solicitarle a la empresa que de tener la posibilidad económica de mejorar la fecha de pago, que se realice. (Esto no significa que la presentación realizada en la justicia quede sin efecto, dado que en dicha presentación se plantea el perjuicio económico por el incumplimiento por parte de la patronal)”.
El conflicto entre la empresa y los sindicatos de Luz y Fuerza se inició a principios del mes de abril, con la decisión de cerrar centros de atención comercial en abril (medida que se aplicará ahora) y luego se extendió a un ajuste operativo en el funcionamiento de la compañía, incluyendo la reducción de horas extras, eliminación de viáticos, y modificaciones del sistema de reemplazos de jefes, entre otras medidas.
Luego el gobierno provincial y EPEC pidieron abrir una negociación para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, donde entre otros puntos se propuso reducir los pagos de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE). Como la negociación en el ámbito provincial fue rechazada por los tres sindicatos de Luz y Fuerza, el Ejecutivo impulsó modificaciones de hecho en el CCT a través de tres leyes (ilegales, porque no se puede modificar un acuerdo de partes a través de una ley). Los cambios son los siguientes: eliminación de la Bolsa de Trabajo para acceder a las vacantes en la empresa; reducción del beneficio de energía eléctrica para consumo residencial de los empleados; y eliminación de un aporte patronal para una caja compensadora jubilatoria.
A todo ello, se le sumó el elevado desprestigio de la línea gerencial de EPEC, que ha quedado expuesta por sus decisiones operativas y “beneficios” personales en la administración de la empresa; y la decisión del gobierno de dividir la operación contable en tres áreas: generación, transporte y distribución. Esta última medida apunta claramente a sentar las bases para una futura privatización de la generación. La excusa de la transparencia de los costos se cae por su propio peso, dado que la operación de la compañía ya tiene sus números diferenciados.
Se le han sumado persecuciones, desplazamientos de personas de carrera, “importación” de gerentes con experiencia en gas natural o el PAMI, pero nulo conocimiento de la operación eléctrica; y el retraso en el pago de salarios y la BAE.
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