Aunque parezca increíble la corrupción en Argentina atraviesa fronteras éticas y legales. Los hechos ocurridos en el Ministerio de Desarrollo Social, reconocidos por el gobierno, dan cuenta que el sistema de corrupción sigue presente en la Argentina de la emergencia.
Se trata de un modelo de acumulación de poder político económico y sindical que atraviesa toda la democracia argentina. Ese modelo de construcción de poder ha funcionado en Argentina durante el neoliberalismo del menemismo y de Macri, del mismo modo que durante el falso progresismo Kirchnerista. Es un modelo de poder utilizado por todos los gobiernos, avalado por la Justicia y legitimado por gran parte de la sociedad.
Lo inédito del caso es que ese modelo de poder basado en la corrupción no haya sido frenado por la tragedia mundial. La Argentina del 2020 enfrenta dos situaciones de emergencia: El hambre y la pandemia. Sin embargo, el modelo basado en la corrupción sigue presente: sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado.
Los hechos están a la vista de todos y no es suficiente el despido de 15 funcionarios. El gobierno debe desmontar este modelo de poder basado en la corrupción que se mantiene intacto. Y la Justicia, que siempre fue obediente al poder político, económico y sindical debe cambiar. No es posible que se siga manteniendo la falsa tesis de que una sentencia firme solo se logra con una cuarta instancia. Es el único derecho en el Mundo que la sostiene.
La sede los tribunales federales porteños.
En el Informe de la Comisión de Expertos del Colegio de Abogados de Córdoba se estima en $20.000 millones de dólares el costo económico directo de la corrupción en el periodo 2003-2015. Monto este que fue actualizado al doble (40.000 millones de dólares) en un informe de 2019.
Nuestro presidente, al que apoya la sociedad, nos anticipa que habrá un impuesto a la riqueza para financiar la lucha contra el hambre y contra la pandemia. El presidente debe recordar que en el mundo se sabe que el origen de gran parte de las riquezas de los millonarios argentinos, está impregnada de corrupción. La sociedad, sin duda que apoya al presidente y al gobierno en su política de que el mayor esfuerzo lo deben hacer lo que más tienen. Y aquí aparece nuevamente la corrupción. Los millonarios de la corrupción. No sólo tenemos la posibilidad concreta de recuperar los dineros robados por la corrupción, sino que el gobierno tiene al alcance de su mano disponer de manera inmediata de 1000 millones de dólares (USD). USD 500 millones que han sido declarados en juicio por los empresarios como sobornos pagados con sobreprecios. Y otros USD500 millones que se estiman en los decomisos judiciales de bienes y dineros de la corrupción o del lavado de activos. Este monto de USD1000 millones lo tiene el gobierno nacional a su disposición sin necesidad de leyes retroactivas, ni siquiera juicios. Sin Estado de Sitio y sin toque de queda.
Se trata de hacer algo que en Argentina nunca se hizo. Que es recuperar los dineros robados por la corrupción a la sociedad. Sólo falta valentía política. El gobierno en este momento tiene el gran apoyo jurídico del Articulo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta norma de jerarquía constitucional faculta al Estado a suspender Derechos Humanos, como libertad, circulación, comercio y propiedad durante el tiempo que dure la pandemia. Son facultades extraordinarias para situaciones extraordinarias. Es decir que el gobierno no necesita de medidas demagógicas para lograr que los millones de la corrupción, que obran en poder de algunos millonarios argentinos, sirvan como recurso genuino para la lucha contra el hambre y contra la pandemia. Y para eso no es necesario un nuevo impuesto. Solo valentía política. El presidente Fernández, que tanto apoyo social ha tenido debe saber que aquí están los recursos que el país necesita.
VER Los Derechos Humanos y las medidas de emergencia que son necesarias frente a la pandemia y la crisis.
Pero, así como en las emergencias y guerras aparecen los buitres que se alimentan de los pobres, también aparecen conductas ejemplares que hay que mencionar. Es el caso de la empresa cordobesa Tecme, que construye respiradores artificiales de tecnología alta en Argentina. Con 174 empleados -en su mayoría profesionales- que trabajan 24 horas todos los días. Sus dueños son de clase media cordobesa, sin aviones y sin barcos. Y aquí aparece inevitable la comparación con el modelo empresarial que representa Lázaro Báez. La empresa cordobesa nunca recibió ningún apoyo del gobierno, ni subsidios ni financiación, ni sobreprecios. El argentino tiene que saber que existen dos modelos, no solo diferentes sino contradictorios, de acumulación de poder político, económico y sindical. Uno decente y otro indecente. Uno aferrado a la Ley y otro sustentado en la corrupción.
Pero también, hay que decir que este es el momento de la Justicia. Estos actos de corrupción, reconocidos por el gobierno no deben quedar en el destino de 15 corruptos. El gobierno debe denunciarlos y la Justicia debe investigarlos como delitos de estrago doloso y no simples cohechos, con ridículas penas de multas.
La corrupción, en una Emergencia dramática como la que vive Argentina hoy, se asimila a las viejas figuras de incendios, naufragios y otros estragos que habla la letra del Código Penal de 1921. La realidad de la Emergencia de hoy nos dice que los actos de corrupción que tienen como consecuencia robar dinero del Estado destinado a proteger las zonas sociales más vulnerables, debe ser considerado un estrago doloso. En tanto, que pone en riesgo la salud y la vida de miles y miles de argentinos pobres.
Una crisis global como la del coronavirus le puede venir bien a Argentina. Puede servir para enterrar un modelo de poder político económico y sindical basado en la corrupción. Puede servir para que la sociedad argentina entienda que debe enterrar esos falsos conceptos con los que hemos vivido y crecido, como el de “la viveza criolla” y del “roba, pero hace”. Puede servir también para que la Justicia Argentina, de una vez por todas decida castigar a los delitos del poder político, económico y sindical con los instrumentos legales que ya cuenta y que definen que la corrupción es un crimen contra el orden democrático (Articulo 36 5to párrafo Constitución Nacional) y terminar con la burla de que una sentencia firme se logra recién con la cuarta instancia (Articulo 8 p H Convención americana).
* Juan Carlos Vega es abogado y ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN. Colaboraron en esta columna los abogados Tomas Vega Holzwarth y Diego Fuentes.
—
>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.
