La violencia laboral es un fenómeno en crecimiento.
Hay que comenzar diciendo que la violencia laboral es una forma de abuso de poder que se ejerce sobre una o más personas, que busca el sometimiento, como así también, en muchas oportunidades, la renuncia. Existen tres modalidades de violencia laboral que son: el acoso sexual, el acoso moral o psicológico y la agresión física.
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Es importante señalar que desde hace varios años, en nuestro país se vive “un clima de odio hacia el trabajador”, y existen sobrados ejemplos de ello.
Estamos inmersos en un notable “clima anti obrero” que no sólo es manifiesto por parte del gobierno nacional (y algunas provincias y municipios), sino además en ámbitos laborales privados.
También se visibiliza esta situación en determinados medios de prensa (algunos periodistas que dedican sus editoriales, en muchos casos violentas, para denostar a otros trabajadores que reclaman por sus derechos).
Lugares de trabajo estatales como privados, en donde aprovechando este contexto, se profundizan los casos de violencia laboral, una violencia que va día a día aumentando de manera alarmante.
Ámbitos laborales colmados de agentes de policías u otras fuerzas de seguridad (como si los trabajadores fueran delincuentes, o como si los lugares de trabajo fueran cárceles), jefaturas dictatoriales (que actúan como verdaderos patrones de estancia), agresiones constantes, agravios permanentes, no asignación de tareas, y “silencio despectivo”, entre otras acciones hacia los subalternos.
Trabajadoras y trabajadores que viven realmente atormentados durante sus jornadas laborales, como una verdadera película de terror que se repite todos los días, y padeciendo, de distintas maneras, violencia laboral.
Nadie va a su trabajo a sufrir. Según lo investigado y lo expresado por varios médicos especialistas, se advierte que la violencia laboral, no solo enferma sino que además causa muertes.
¿Hasta dónde piensa llegar la clase política con esta situación?
¿Porqué desde el propio Estado (nacional, provincial y municipal), no se avanza en marcos legales que prevengan y sancionen esta forma de violencia, en el ámbito del trabajo?
Existen muchos proyectos presentados sobre esta temática, que nunca avanzan.
En mi caso particular, logré elaborar y presentar con contundentes apoyos y respaldos, a través de distintos legisladores: un proyecto de ordenanza municipal para la ciudad de Córdoba (Nro. 6276-C-2017) presentado por concejales del bloque Unión por Córdoba; un proyecto de ley provincial para Córdoba (Nro. 18973L16) presentado por un legislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores; y un Proyecto de Ley Nacional (Nro. 6876-D-2018) presentado por diputados de Frente para la Victoria.
Varios de ellos, han tenido acompañamientos de sindicatos, centrales obreras nacionales, facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, del Defensor del Pueblo de la Provincia, de organizaciones sociales y religiosas; es decir, tienen el consenso de todos los sectores, menos de la quienes legislan.
Mientras que quienes legislan, no tratan estos y otros proyectos sobre violencia laboral, hay trabajadoras y trabajadores que se siguen enfermando y otros que están en riesgo de perder la vida (existen casos de suicidio).
¿Porqué cajonean estos proyectos que pueden salvar vidas?
¿Acaso con el no tratamiento de los mismos, buscan apoyar a los violentos?
¿Será que no avanzan estas iniciativas legislativas, por los egos personales de algunos concejales, legisladores y diputados?
¿Así nos representan?
¿Nos representan?
La clase política debe dejar de ser funcional, por acción u omisión, a la violencia laboral. Debe dejar de mirar para otro lado y también, debe dejar de hacerse la distraída, frente a la gravedad de la situación.
Al jurar en sus cargos no solo tienen derechos, sino que también asumen obligaciones y responsabilidades.
Las organizaciones sindicales deben comenzar a exigir enérgicamente la aprobación de los cuerpos normativos que detengan esta delicada situación, porque están para defender a la clase trabajadora también frente a la violencia laboral.
La clase trabajadora debe reclamar las veces que sea necesarias para que se aprueben esos marcos legales con carácter de urgencia.
Llegó la hora de que el municipio, la provincia y la nación, digan de una vez por todas basta de violencia laboral.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista y delegado Gremial del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.
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