Habiendo sido aprobada y promulgada la ley de adhesión de la República Argentina al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre violencia laboral), actualmente, todos los recintos legislativos del país deberán tener en su agenda el tratamiento y la aprobación de iniciativas legislativas (ordenanzas municipales, leyes provinciales y una Ley nacional) para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral, un flagelo al que muchos venimos denominando “la segunda pandemia de nuestra Nación”.
Es importante señalar que en Córdoba se han presentado varias iniciativas legislativas contra la violencia laboral, muchas de ellas de mi autoría, como por ejemplo: el proyecto de Ordenanza 7432-C-2019 presentado en el Concejo Deliberante por concejales de Unión por Córdoba (hoy Hacemos por Córdoba), el proyecto de Ley 18973L16 presentado en la Legislatura de Córdoba por un legislador del Frente de Izquierda, entre otras. Así también se hizo con otros proyectos de ordenanzas que logré que ingresen en Concejos Deliberantes del interior provincial, como en La Calera por medio de un concejal de Encuentro Vecinal, en Anisacate (con una concejala del bloque Todos por Anisacate), en Huerta Grande (con concejales de la UCR), y hay varios más en curso de presentación.
En nuestra provincia se dio un hecho histórico en 2019, cuando el Concejo Deliberante de Río Ceballos aprobó la Ordenanza 2625/19 (contra la violencia laboral), y el Ejecutivo la reglamentó. Es éste, el primer marco legal a nivel provincial para abordar esta problemática de la clase trabajadora (iniciativa que es de mi autoría).
Hasta desde la provincia de Entre Ríos, se me solicitó colaborar para la realización del proyecto de modificación de la actual ley provincial contra la violencia laboral (que data de hace más de 10 años), para su actualización. Colaboramos en el armado con el Secretario de Trabajo, Emiliano Delgado, miembros de la CGT y otros profesionales del derecho, y el proyecto ya ha sido presentado por un senador Justicialista.
Gratamente recibí esta convocatoria de autoridades de otra provincia para trabajar normativamente en esta materia, pero en la provincia de Córdoba (donde nací y donde vivo), hace años que se mantienen cajoneados mis proyectos contra la violencia laboral en la Legislatura Unicameral y en el Concejo Deliberante de Córdoba Capital.
Deseo resaltar que los proyectos que pudimos hacer ingresar en el Concejo Deliberante de Córdoba y en la Legislatura provincial cuentan con adhesiones de sindicatos, facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), organizaciones religiosas y otras instituciones.
Es necesario, por ende, que los concejos deliberantes de nuestra provincia, nuestra propia Legislatura Unicameral y hasta el Congreso, traten los proyectos sobre violencia laboral que han sido presentados, y aprobar mediante el consenso de los distintos bloques políticos partidarios, marcos legales municipales, provinciales y nacional, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral.
La violencia laboral, es una forma de abuso de poder que se lleva adelante sobre un trabajador o trabajadora, con la finalidad de someterlo y en muchos casos lograr su renuncia.
Tiene tres modalidades:
A) Acoso sexual (en el ámbito laboral).
B) Agresión física (en el ámbito laboral).
C) Acoso moral o psicológico (en el ámbito laboral).
Existen antecedentes de trabajadoras y trabajadores enfermos, suicidados y muertos por violencia laboral.
El pueblo trabajador demanda desde hace años a la clase política argentina, que aborde legislativamente este flagelo.
Es necesario, entonces, actuar en consecuencia, para evitar más personas enfermas y hasta fallecidas, por esta grave forma de violencia en el ámbito del trabajo.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado. Delegado gremial del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Coordinador General de la Intersindical Argentina.
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