El titulo no se condice con la realidad de la salud pública argentina. No obstante, y aunque nos parezca una historia de otro país, hace 61 años el nuestro, bajo la presidencia de Arturo Illia, y con dos proyectos enviados por el Ejecutivo, el Congreso de la Nación sancionaba la ley de medicamentos, conocida como ley OÑATIVIA, nombre del ministro de Salud de uno de los últimos, junto a Alfonsín, referentes de la desaparecida social – democracia argentina.
En realidad, fueron dos las leyes: 16.462 y 16.463. La primera buscaba regular la producción y comercialización de fármacos, calificándolos como bienes sociales, ampliar el acceso de la población a los medicamentos y evitar maniobras que pudieran encarecer abusivamente sus precios y afectar su calidad para asegurar su acceso a la población y se declaró a la salud como derecho humano fundamental. La otra creaba el Instituto de farmacología y control de drogas y medicamentos (antecedente del ANMAT). Fue la política pública en materia de salud mas importante de América. Solo Canadá tenía una legislación que estaba orientada en ese sentido. Y con el tiempo algunos países europeos que pugnaban por entrar al mundo desarrollado siguieron esa premisa en materia de Salud Pública. Muchos de ellos hoy tienen un sistema de salud coincidente con los objetivos que perseguía la Ley Oñativia.
Obvio, la reacción de los laboratorios no se hizo esperar. Durante el debate parlamentario el sector empresario puso en marcha un fuerte lobby público, que contó con el apoyo activo del premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay para evitar que fuera sancionada. En apoyo a los proyectos se pronunciaron los farmacéuticos a través de la Confederación Farmacéutica y Bioquímica de Argentina que sostuvo en una solicitada que “el medicamento es un bien social y que la ley era necesaria para garantizar que fuera barato y de calidad”.
El lobby llego más lejos aún, ya que tanto el FMI como EL Club de Paris, amenazaron al gobierno argentino de no renegociar su deuda interna si no derogaba esta ley. La respuesta de un gobierno convencido y aferrado a los principios fundacionales de la buena gobernanza, con sensibilidad social y soberano en sus decisiones fue sencilla pero contundente: El Presidente Illia relató aquella presión del club de Paris en estos términos: “Se pusieron firmes los señores y nos dijeron que no podían refinanciar la deuda porque Suiza se oponía, pero que si se levantaba el congelamiento de los precios de los medicamentos si había refinanciación. Le contestamos… que el gobierno argentino no se sometería de ninguna manera a hechos de esa naturaleza y que nosotros teníamos para pagar 70 millones de dólares”… Puesta sobre la mesa tal proposición, el resto de los países aceptaron esa renegociación.
Hoy a la luz de la historia de las últimas décadas, semejante firmeza de un gobierno en defender una de las políticas públicas más importantes en materia de salud humana que tuvo Argentina, la reacción de los damnificados no se hizo esperar. Golpe militar de por medio y promocionado por los laboratorios, muchos de ellos extranjeros. Una de las primeras medidas del gobierno de facto fue la derogación de ambas leyes, clausurando el circulo virtuosos de políticas públicas que, en esta materia nunca más se volvieron a implementar. Fue tan impresionante el lobby de los laboratorios que el golpe, fue acompañado de manera solapada en algunos casos, y abierta en otros por algunos sindicatos, parte de la oposición, los medios de comunicación y algunos sectores de la derecha subterránea dentro del mismo partido de gobierno.
Arturo Illia fue destituido por lo que hacía, no por lo que dejaba de hacer. Convoco a los lectores a hacer un ejercicio de memoria repasando aquella parte de nuestra historia. En el mensaje que acompañaba los proyectos el Poder Ejecutivo decía “que la producción y comercialización de medicamentos debía escapar a la ley de la oferta y la demanda, a los principios de la libre competencia y de la libertad contractual, y que la venta de las especialidades medicinales al público consumidor se encuentra condicionada por el estado de necesidad del mismo y por la prescripción médica· y que el mercado de medicamentos en Argentina había generado un aumento de los precios que hacía necesario que el Estado decidiera la intervención de todas las etapas de la elaboración y circulación de los productos para facilitar la adquisición económica de los mismos por parte de la población”.
Aquellos proyectos fueron estudiados por dos comisiones. La comisión Medico-farmacológica que revisó más de 20.000 medicamentos comercializados en el país detectó que muchos de ellos no contenían las drogas que informaban los prospectos, o no las tenían en las proporciones correctas, La Comisión Económica (integrada por contadores y economistas) constató que los laboratorios farmacéuticos utilizaban doble contabilidad para falsear los costos de producción y así maximizar sus ganancias. Cualquier parecido con la realidad, no es pura coincidencia. Genera mucha frustración saber que alguna vez pretendimos ser un país en serio y sólo nos quedamos en el intento
* La profesora Griselda Baldata es diputada nacional (MC).
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
