Si algo revela la pandemia de coronavirus, es que ni los bancos, ni las grandes empresas, ni las grandes fortunas están dispuestas a salirse de su zona de confort y, por lo tanto, de los niveles de su tasa de ganancia. También muestra la escasa capacidad del gobierno nacional para hacer que cumplan con las políticas públicas anti-crisis y cuál es el camino que recorre y lo que se puede esperar de la administración de la alianza peronista que preside Alberto Fernández.
Los bancos privados han sido grandes ganadores del ciclo neoliberal de Mauricio Macri y del ciclo populista de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y tienen sus “arcas” repletas de pesos para prestar por decisión del Banco Central. “El BCRA no renovó las letras que tenían los bancos. Le hemos devuelto a los bancos dinero por más de 460 mil millones de pesos. Con la intención de que ese dinero se preste”, explicó el titular de la entidad financiera Miguel Pesce al diario Perfil. Como de costumbre, los bancos direccionaron parte de esos recursos a la especulación, calentaron la compra de dólares, y pusieron “un millón de reparos” para otorgar los préstamos para pagar sueldos a las Pymes y Mipymes a tasa del 24% -que en los hechos tenía un costo financiero total superior al 30%-.
Como los teros, los bancos no hicieron ruido arriba de su nido. Lo hicieron lejos. Así aparecieron los “influencers” mediáticos hablando por ellos, respecto de la inconveniencia de la cuarentena como política para evitar el colapso del sistema de salud frente a un eventual incremento de casos de coronavirus, o del error de parar el aparato productivo, o de la supuesta falta de un plan económico, o del reclamo de mayor cantidad de testeos a la población, cuando cualquier dirigente o periodista “bien intencionado” e informado, sabía que la dificultad de los testeos residía no en la intención, sino en la carencia mundial de los kits respectivos. Las bombas de humo ocultaban de este modo que los 460 mil millones se inyectaban en cuentagotas al sistema productivo y de servicios.
Miguel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Pesce, en la entrevista citada, entregó un segundo dato de los efectos reconstituyentes en favor de los grandes actores locales y globales de la economía que tuvo el último ciclo neoliberal. También indica, de modo lateral, una razón fundamental por la que los bancos se resisten a aplicar una política económica que no les garantiza la tasa de ganancia anterior y que tiene por objetivo evitar la desarticulación del tejido productivo nacional: “Venimos de 3 años de recesión y un proceso de ajuste muy fuerte. El préstamo al sector privado en Argentina llegó a ser entre el 14 y 16% cuando estaba Mercedes Marcó del Pont (al frente del BCRA, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner), con Macri bajó al 12% y ahora estamos al 8%. La única diferencia que tienen los bancos con respecto al resto de la economía es que se vieron beneficiados por las supertasas de interés que se aplicaron que llegaron al 83% anual con vencimiento cada 3 días. Daba una tasa real del 120%. Eso generó que el Banco Central generara una emisión de 600 mil millones de pesos el año pasado (2019) para cubrir esos intereses que hoy está en el patrimonio de los bancos. Hemos decidido que los bancos esas utilidades no las distribuyan y las mantengan dentro del sistema para prestar. Creo que los bancos no actuaron a la velocidad que esperábamos”, concluyó.
Se puede deconstruir que ganaron muchísimo dinero antes (2015-2019 y también previamente a 2015) y que esa ganancia (los 600 mil millones de pesos de los intereses por adquirir bonos del Estado, en 2019), a costa del esfuerzo general y como consecuencia del déficit de las cuentas públicas, no quieren que forme parte de ningún plan de sostenimiento de la actividad de la economía sino garantiza una reproducción similar a la que venían obteniendo. Adicionalmente, esa acción tiene un efecto que no terminó de concretar el señalado ciclo neoliberal, que es la desarticulación del entramado productivo dirigido al mercado interno, objetivo que se lograr en el marco de esta crisis demorando fondos, sin los cuales, la mayor parte del capital Pyme desaparece. Implica, por lo tanto, una reconfiguración necesaria para el capital global financiero, que apunta a la concentración de activos, no al desarrollo de experiencias nacionales.
El jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez.
Por otro lado, las grandes compañías produjeron despidos como hizo Techint, que finalmente, con anuencia del gremio (la UOCRA) y el propio Ministerio de Trabajo, cesanteó a los 1450 operarios de su empresa de construcción. Lo único que logró el intercambio de misiles por los medios entre el presidente Alberto Fernández y la empresa de los Rocca, fue un engrosamiento de la indemnización y una promesa de que cuando todo vuelva a la normalidad, los trabajadores serán contratados nuevamente. El DNU que suspendía despidos y suspensiones se convirtió de modo automático en letra muerta o de cumplimiento efectivo para aquellos que no tienen la capacidad de lobby del grupo italo-argentino y sus “parientes económicos” cercanos.
En ese sentido, el lunes, se conoció otra jugada del sector empresario más concentrado: la Unión Industrial Argentina (UIA) acordó con la CGT que se puede suspender trabajadores y pagar el 75% del salario. Ese movimiento fue convalidado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Otro paso, general, para desconocer la intervención del Estado en la economía o convertirla en una versión edulcorada.
De cualquier forma, aquí se puede observar la concurrencia necesaria de un sector del movimiento obrero “dialoguista” con el empresariado concentrado. Un dirigente sindical con acceso a la mesa chica de la CGT le dijo a este medio sobre ese punto que “Alberto (Fernández) nos dijo que confía en el diálogo entre sectores. Que lo importante es sostener del mejor modo posible el empleo y los ingresos de los trabajadores. Nos dio vía libre para buscar acuerdos en ese sentido. Hasta ahí se pudo”, precisó. Si esto es así, forma parte del arsenal oficial para no confrontar de modo decisivo con el empresariado en este marco, pero también pone en evidencia la existencia de una limitación, que consiste en no institucionalizar modos de intervención estatal en la economía por fuera de algunos mecanismos aceptados por los principales actores del mercado o bien, concertaciones livianas. Esto es, no habrá ni estatizaciones, ni regulaciones que impliquen que el Estado direccione o intervenga de manera directa en el funcionamiento del mercado, como la declaración de “utilidad pública” de la banca que pregona el director del Banco Nación, Claudio Lozano. Es, por lo tanto, una definición orgánica de pensamiento económico y de la ideología de Fernández y de la alianza en el gobierno.
El titular de Techint y una de las grandes fortunas nacionales, Paolo Rocca.
Algo parecido sucede con las grandes fortunas, que con un aporte por única vez, dotarían al Estado de entre 800 y 3000 millones de dólares para financiar el gasto extraordinario del sector público frente a la pandemia que asola al mundo. Aquí, los aliados principales de estos tenedores de fortunas, son los legisladores de Juntos por el Cambio. Está visto que el valor de la solidaridad no es algo que forme parte del ADN de este minúsculo e influyente grupo social. Por cierto, nadie cuestionó la fortuna ni siquiera planteó nada sobre el origen de muchas de ellas, pero el comportamiento de este sector revela el escaso compromiso con el destino nacional y de las mayorías argentinas que posee, aunque sea por “única vez”.
En muchos países europeos, los impuestos a las personas físicas llegan a la mitad de sus ingresos. Es cierto que, por ese motivo, allá también, muchos de los que ganan millones de dólares suelen establecer sus domicilios en Suiza, Luxemburgo, o Andorra, por citar algunos sitios donde el dinero obtiene refugio y “bajos o nulos” impuestos. En resumen, no es un comportamiento original el de los millonarios argentinos. Tienen una ventaja: aquí cuentan con la anuencia histórica del Estado (baja carga impositiva sobre los ingresos personales), por lo tanto, más allá de los “zapateos” habituales, siguen residiendo tranquilamente en el país sin necesidad de exiliarse en tierras extrañas. Nada hace vislumbrar que ello vaya a cambiar.
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