Desde hace años hay millones de ciudadanos argentinos que se ven impedidos, frente a la inexistencia de políticas de Estado de los gobiernos de turno, de acceder a su derecho a la movilidad social ascendente.
“La movilidad social puede darse vertical u horizontalmente. En el primer caso, puede ser ascendente (mejorando) o descendente (empeorando) su situación social. Ejemplos de movilidad social ascendente: una persona nacida en un lugar humilde, de padres obreros, logra acceder a estudios universitarios y se convierte en un destacado profesional; por el contrario, sería ejemplo de movilidad social descendente el caso de un empresario cuyos malos negocios lo conducen a la ruina financiera. La movilidad social es más frecuente en centros urbanos que en el campo”. (Fuente: https://deconceptos.com/ciencias-sociales/movilidad-social).
En materia laboral, existen sobrados casos de actividades que hoy ven restringido este derecho, como el personal de salud, los peones de taxi, los peones rurales, o el personal doméstico, entre otros.
Muchos de ellos, para intentar llegar a cubrir sus necesidades básicas mensuales, deben trabajar horas de más (con el desgaste físico que conlleva esta actividad para quienes la desempeñan).
Desde el propio Estado se debería garantizar (por medio de políticas gubernamentales y a través de nuevas leyes o modificación de leyes vigentes para mejorarlas) que los argentinos puedan avanzar, mejorar y crecer laboral y económicamente para vivir con dignidad.
Podrían comenzar reconvirtiendo la enorme cantidad de planes sociales que se otorgan a millones de personas, en puestos de trabajo genuinos, generar las condiciones económicas y jurídicas para que se invierta en el país no solo por empresarios extranjeros, sino principalmente por empresarios nacionales.
Permitir que millones de familias, no tengan que seguir acudiendo a la asistencia de comedores, para volver a comer toda la familia en su propia casa.
Argentina, según muchos especialistas, tiene capacidad para alimentar a más de cuatrocientos millones de personas, pero no le garantiza el alimento a cuarenta y cinco millones de argentinos (especialmente a los niños). Claramente, esto debe revertirse con urgencia desde la política.
Esas, sí que serían verdaderas políticas peronistas. El trabajo dignifica al ser humano.
Pero hasta ahora, lamentablemente, pareciera que se apuntara a llevar a la clase trabajadora hacia una movilidad social descendente, que se comenzó desde la gestión del ex presidente Mauricio Macri, a través de un proceso de reforma laboral de hecho, que el actual gobierno no ha detenido.
Desembarcos en nuestra Nación, de Apps de multinacionales extranjeras como Uber, Rappy, y otras más; que flexibilizan las condiciones laborales, que generan competencia desleal con el servicio que brindan empresas argentinas, y que no tienen a sus trabajadores en relación de dependencia (con todos los derechos y garantías que les acuerdan las leyes laborales a cualquier trabajador en nuestro territorio), sino que los tienen con un simple monotributo.
¿Estamos ante un proceso de destrucción de la clase media argentina, para que sólo queden dos clases en la República Argentina: ricos y pobres?
Por otro lado, se observa una insistencia permanente por parte de sectores acomodados de la economía, que reclaman insistentemente una profundización de esta nefasta reforma laboral de hecho, que en la práctica implicará la pérdida de derechos y conquistas históricas (podemos advertir que en muchos casos se pretende modificar y rediscutir convenios colectivos a la baja en distintas actividades, lo claramente atenta contra disposiciones de la ley de contrato de trabajo -Ley 20744- y contra EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN MATERIA LABORAL).
Lo que pretenden estos sectores privilegiados es avanzar en contra de todo el marco legal laboral vigente en nuestro país, para que retrocedamos cien años de historia, como mínimo. Anhelan quizás que vivamos en un modelo de esclavitud laboral moderna, con ellos cada vez más ricos y con trabajadores cada vez más pobres.
Estas acciones, buscan consolidar un país con una pobreza estructural, en crecimiento. ¿Se busca acaso destruir la clase media argentina y empobrecerla cada día un poco más? En materia habitacional, tenemos el ejemplo de lo que sucede con los inquilinos. Hace unos meses escuché una frase que describe con absoluta claridad la situación que atraviesan millones de argentinos: “Los trabajadores son la fábrica de inquilinos…”.
Lamentablemente, han pasado muchos gobiernos de distinto signo político, pero ninguno de ellos ha llevado adelante un ambicioso proyecto de viviendas populares para la ciudadanía.
Sólo algunos programas muy limitados, en algunos casos.
La inmensa mayoría de quienes alquilan pretenden en algún momento de sus vidas dejar de ser inquilinos y pasar a ser propietarios. Para ello, deben ofrecerse condiciones accesibles para el ciudadano común, con el fin de alcanzar el sueño de la casa propia.
Ante la falta de políticas relacionada con la construcción de viviendas por parte del Estado, quienes pueden terminan accediendo a planes de cooperativas, o continúan en su condición de inquilinos, con la esperanza de que alguna vez la clase política se acuerde de ellos.
Quienes gobiernan y quienes legislan esta Nación tan rica deben trabajar arduamente desde sus cargos para mejorar la calidad de vida del pueblo y garantizar a cada uno de sus habitantes el derecho a la movilidad social ascendente.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
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