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Análisis

La muerte de Carlos Menem y la dignidad de Río Tercero

Una imagen de la ciudad de Río Tercero luego de la voladura. (Foto: Gentileza Daniel Cáceres).

Para las grandes verdades bastan pocas palabras. “Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995”, decía el tuit emitido ayer por la Municipalidad de Río Tercero.

Agregaba: “El 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el Intendente Marcos Ferrer (UCR, Juntos por el Cambio) firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a Menem”.

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Y concluía: “Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995”.

Como suele ocurrir, el poder (sea económico, militar o político) intenta hacer, al llegar momento de la muerte, “borrón y cuenta nueva” sobre aquellos personajes que le han servido. Es lo que ha sucedido con Carlos Saúl Menem, ex presidente de Argentina entre 1989 y 1999. Velado en el Congreso, saludada su partida por buena parte del sistema político, incluidos el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Menem parece sólo un ex presidente.

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La ceremonia y la despedida, más allá de la ideología de Menem, olvidaron recordar sus graves cuentas pendientes. Sobre todo, una de ellas: el ex presidente iba a ser juzgado desde el 24 de febrero por el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), una voladura ejecutada por el propio Estado argentino, que dejó el 3 de noviembre de 1995 (hace 25 años) un saldo de 7 muertos, más de 300 heridos y se produjeron cuantiosos daños materiales.

Los nombres de las siete víctimas de la voladura son los siguientes:

>Romina Torres (15). Junto a una compañera de la escuela Nacional José Hernández, escapaba en barrio Escuela de las explosiones que sacudían a la Fábrica Militar. Estaba abrazada con su amiga, cuando un pedazo de metal la alcanzó.

>Aldo Aguirre (25). Trabajaba para una empresa de conservación de los espacios verdes. En aquella calurosa mañana, realizaba tareas en inmediaciones de la estación terminal de ómnibus. Ayudaba a otras personas, conmocionadas por el desastre. Estaba colaborando con una mujer, cuando una bala alcanzó su rostro.

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El intendente de Río Tercero, el radical Marcos Ferrer. (Foto Twitter).

>Leonardo Solleveld (32). Desde su casa en barrio Cerino corrió a buscar un auto para sacar a su familia del desastre. No lo pudo hacer. A pocas cuadras de su domicilio una bala acabó con su vida.

>José Varela (51). Trabajaba en la Fábrica Militar y era de Corralito. Estuvo en el interior de la industria durante horas, soportando los estallidos. Por la noche, cuando era llevado por un amigo a su pueblo para ver a su madre, murió de un ataque al corazón.

>Hoder Dalmasso (55): Era profesor de la ENET (Actual Ipem) una de las escuelas más cercanas al epicentro del desastre. Luego de evacuar con otros profesores a los 500 alumnos que albergaba el establecimiento, su vida se detuvo con la tercera explosión. El “Rayo”, como todos lo conocían, murió de un ataque cuando iba en su vehículo.

>Laura Muñoz (27). Junto a su familia, huía aturdida por las explosiones y las esquirlas que regaban barrio Escuela. Un pedazo enloquecido de metal, se la arrebató de los brazos a su hermano Fabián.

>Elena Rivas de Quiroga (52). En su bicicleta se dirigía, luego de la primera explosión, a la casa de unos parientes en barrio fábrica. Quería saber si alguno había resultado herido. No pudo hacerlo. Una esquirla hirió su cuerpo y cayó de su bicicleta. Murió días después en Córdoba.

Como lo probó la Justicia, la voladura de la FMRT se ejecutó para ocultar el tráfico de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Se cree que esa operación se hizo con la anuencia y protección de Estados Unidos. La planta fabril de Río Tercero era la encargada de reparar y preparar cañones, armas y proyectiles que salían de los arsenales del Ejército rumbo a los frentes bélicos. Esta operación se ejecutaba porque el complejo industrial militar argentino era sometido por aquellos años a un fuerte ajuste y no fabricaba armas nuevas. Entonces, se pergeñó la idea de vender “armas usadas” que salían de las unidades militares. Cuando el tema salió a la luz, la respuesta estatal fue borrar los rastros con una explosión disfrazada de accidental.

Justamente este mes, el ex presidente iba a ser juzgado por ese caso, como presunto autor de la orden para ejecutar la operación. La figura jurídica era la de autor mediato de estrago doloso agravado por muerte de personas. Ahora, será sobreseído por muerte.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba había condenado en 2014, después de casi dos décadas de idas y vueltas, de encubrimientos y de trampas, a trece años de prisión a Jorge Cornejo Torino (ex ­director de la Fábrica Militar Río Tercero), Carlos Franke y Edberto González de la Vega (directores de Producción y Comercialización, respectivamente, de Fabricaciones Militares en Buenos Aires); y a diez años al mayor, Marcelo Diego Gatto, ex jefe de la sección de la que dependían los polvorines.

La sentencia que aún no se encuentra firme, imputa a los cuatro militares de autores mediatos del delito de estrago culposo agravado, esto es, que se los acusa de participar de un entramado planificado para provocar la voladura. Concluye además, que la voladura fue programada para no producir daños en la planta química de Fabricaciones Militares en Río Tercero. La onda expansiva fue direccionada hacia la ciudad, por eso fueron afectados casi por completo tres barrios. No se pudo establecer quién ejecutó materialmente la operación.

En cambio, Menem había sido sobreseído antes del juicio, pero a través de distintas apelaciones, los abogados Horacio Viqueira y Aukha Barbero, en representación de Eugenia y Julia, hijas de una de las víctimas, Hoder Dalmasso, y de la abogada que puso en jaque la versión oficial, Ana Gritti, lograron que la Cámara de Casación penal revocara aquel sobreseimiento de Menem.

El ex presidente Carlos Menem.

Decía la Cámara en la resolución que revocó el sobreseimiento de Menem:

-“De acuerdo al análisis que antecede y al marco normativo, doctrinario y jurisprudencial, es posible afirmar –con el grado de probabilidad requerido- que desde las esferas más altas del poder central se habría adoptado la decisión que tuvo como resultado el hecho aquí investigado. En suma, Carlos Saúl Menem, desde la posición de poder que ostentaba a la fecha del siniestro –Presidente de la Nación y Comandante en jefe del Ejército-, no habría sido ajeno a la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, establecimiento fabril que fue epicentro del contrabando de armas; explosión que habría tenido por fin evitar las responsabilidades penales de quienes tuvieron intervención en aquél ilícito, en el que y como fue descripto, el imputado habría tenido un papel protagónico”.

-“Conforme el esquema funcional de los distintos organismos que intervinieron en los sucesos, (…) la Fábrica Miliar de Río Tercero dependía de la Dirección General de Fabricaciones Militares y ésta del Ministerio de Defensa de la Nación, esto es, del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo máximo exponente –en aquella fecha-, reitero, aparece hoy con responsabilidad penal en el tráfico ilegal de armas, habiendo sido quien dictó los decretos que lo posibilitaron”.

-“La prueba reunida durante la instrucción de la causa y especialmente la pericia química, da cuenta del carácter intencional que habría tenido el siniestro ocurrido en la FMRT; y cómo móvil, la pretensión de encubrir la venta ilegal de armas a países beligerantes respecto de los cuales mediaba una prohibición. Cuestión que, por otra parte, abordada por el Tribunal de Juicio y la Cámara Federal de Casación Penal en oportunidad de juzgar la conducta de otros imputados, fue resuelta en tal sentido. Así entonces, a la hora de examinar la presunta intervención de Menem, entiendo que los elementos reunidos a lo largo de la presente pesquisa y de aquella efectuada en el marco de la causa “Sarlenga” (Luis, que fuera interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares -DGFM-), permiten claramente inferir que habría sido precisamente desde el vértice del poder que se habría adoptado la decisión que trajo como consecuencia la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero”.

-“En efecto, surge sin que ello sea materia de controversia alguna, que Carlos Saúl Menem, quien a la fecha de los sucesos aquí investigados ejerció el cargo de Presidente de la Nación, suscribió los decretos N° 1687/91, 2283/91 y 103/95 bajo los cuales se autorizó la venta de armas a las Repúblicas de Panamá y Venezuela, destinos que luego se comprobaría, fueron falsamente consignados a fin de encubrir el envío de material bélico a Croacia y Ecuador”.

-“Los elementos de juicio detallados precedentemente, analizados en su integralidad, constituyen indicios que con las características de graves, precisos y concordantes, me conducen a afirmar que la más alta Magistratura del país aparecería como responsable, junto a funcionarios pertenecientes a altos niveles del poder (a la Dirección General de Fabricaciones Militares y a la Fábrica Militar de Río Tercero) del hecho que aquí se investiga (la voladura)”.

El municipio y la comunidad de Río Tercero le han recordado al resto del país y al mundo que el ex presidente tenía cuentas pendientes con ellos y con el país, y que no merecía semejantes “pompas” oficiales. No como un acto de venganza. Sí como un reclamo de Justicia, algo a lo que Menem logró eludir en vida durante un cuarto de siglo y con el evidente apoyo del poder político y económico.

MÁS SOBRE LA MUERTE DE CARLOS MENEM

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