La justicia santafesina, que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora Vicentin, avaló la intervención estatal de la compañía en cesación de pagos, tras ratificar en el cargo de subinterventor a Luciano Zarich, informaron ayer fuentes judiciales.
De esta manera, el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó el pedido de ratificación en su cargo del subinterventor designado por el gobierno nacional, designado para secundar a Gabriel Delgado, quien por el momento no se trasladará a Santa Fe por cuestiones de salud.
El Estado nacional pudo iniciar la intervención de la cerealera en default tras la rúbrica del acta de traspaso con integrantes del directorio el jueves pasado con Zarich y que éste pudiera ingresar en la casa matriz de la compañía ubicada en la localidad santafesina de Avellaneda.
A partir de ese momento, comenzó la intervención por 60 días de Vicentin, en un concurso de acreedores con una deuda declarada de casi $ 100.000 millones.
De ese total, $ 25.600 millones se adeuda a productores y entregadores de granos, mientras casi $ 64.000 millones debe a entidades financieras, de las cuales el Banco Nación es su principal acreedor con $18.500 millones.
Si bien la empresa aceptó la intervención del gobierno nacional, rechazó de plano la expropiación que el Poder Ejecutivo elevará al Congreso nacional para su sanción.
Esta decisión fue justificada por el gobierno ante el riesgo de que el concurso preventivo de acreedores derive en la quiebra de la firma cerealera y se produzca a partir de esto su extranjerización.
Sin embargo, estos argumentos fueron rechazados por gran parte del sector agroindustrial, cámaras empresarias y parte del arco opositor, al considerar la medida “ilegal” y que “no respeta la división de poderes”, mientras que otros actores sumaron alternativas a la expropiación.
En este sentido, el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Juan Aicega, presentó un proyecto alternativo junto con diputados referenciados con Emilio Monzó para evitar la expropiación de Vicentin y aseguró que “no existe una emergencia tal que haga que el Poder Ejecutivo intervenga y hay otras soluciones para acercarle al juez” de la causa.
Dicho proyecto concibe “un gerenciamiento integrado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y/o AFA (Agricultores Federados), para que pongan en marcha la producción de la empresa y la reestructuración del capital social, dentro del marco legal”, indicó el legislador en diálogo con radio El Destape.
En cambio, el jefe del bloque de diputados nacionales de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, se mostró ayer escéptico respecto del ingreso al Congreso de un proyecto para expropiar la empresa Vicentin.
“No tenemos idea si el gobierno va a mandar el proyecto, ver para creer”, sostuvo y le recomendó al Ejecutivo nacional que “retrotraiga la marcha sobre este tema, porque si éste va para adelante, tal como lo presenta, va a terminar mal”.
Por otro lado, uno de los accionistas de la aceitera, Héctor Vicentin, rechazó hoy que los $18.500 millones en préstamos otorgados a la firma por el Banco Nación en concepto de prefinanciación de exportaciones, hayan tenido como destino la fuga de capitales o el lavado de dinero.
Según Vicentin, el contenido de la denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) es “totalmente inexacto” y catalogó como “ridículo” pensar que “algunos de Vicentin sacaron ese dinero al exterior”, sostuvo en declaraciones radiales.
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