La Cámara Federal de Casación Penal analizó este lunes el cumplimiento de la condena de seis años impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. En una audiencia, el fiscal Mario Villar presentó un escrito en el que retiró el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que la exmandataria sea trasladada a una cárcel común, respaldando que continúe bajo el régimen de prisión domiciliaria. Sin embargo, Villar propuso evaluar un cambio de domicilio para garantizar mayor seguridad y reducir los conflictos generados por su actual residencia.
La audiencia, que se desarrolla en los tribunales federales de Retiro ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, aborda no solo la modalidad de cumplimiento de la pena, sino también el régimen de visitas y la obligatoriedad de la tobillera electrónica.
Cabe recordar que Fernández de Kirchner fue proscripta por vía de una controvertida sentencia en la denominada Causa Vialidad. El fallo fue dictado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ratificó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022.
En su presentación, Villar destacó que Kirchner no ha incumplido las reglas de conducta impuestas durante su arresto domiciliario, por lo que consideró “no pertinente” imponer una medida más gravosa como el traslado a un penal. “La prisión domiciliaria no implica una ausencia de controles ni supervisión”, afirmó, subrayando que el beneficio permite cumplir los fines de la ejecución de la pena sin comprometer el desarrollo personal de la condenada.
No obstante, el fiscal coincidió con Luciani y Mola en que el actual domicilio de Kirchner, ubicado en San José 1111, genera alteraciones en la paz pública y expone a la expresidenta a riesgos, especialmente por sus frecuentes apariciones en el balcón. Por ello, propuso que se evalúe un nuevo lugar para el cumplimiento de la prisión domiciliaria que minimice estos problemas. Además, insistió en mantener la tobillera electrónica, argumentando que su uso es obligatorio según la normativa vigente, salvo que se presenten informes específicos que justifiquen su remoción.
Por su parte, los abogados de Kirchner, Alberto Beraldi y Ary LLernovoy, solicitarán en la audiencia la eliminación del requisito de la tobillera electrónica y la flexibilización de las restricciones para recibir visitas, que actualmente exigen autorización previa del Tribunal Oral Federal N°2 para personas no incluidas en una lista preaprobada de familiares, médicos y personal de custodia.
Los jueces de la Cámara de Casación tendrán cinco días hábiles para resolver sobre los planteos presentados, en un fallo que definirá las condiciones en las que Cristina Kirchner continuará cumpliendo su condena.
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