La diputada nacional de Córdoba Federal, Alejandra Vigo, anticipó en el recinto de la Cámara de Diputados que rechazará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo enviado por el gobierno nacional. “Hacer el aborto libre en cualquier situación no puede ser la respuesta”, expresó.
La esposa del gobernador Juan Schiaretti y mujer clave en el armado político del PJ cordobés, sostuvo que “el aborto no es el ejercicio del derecho de la mujer sobre su cuerpo”. En paralelo, defendió el proyecto alternativo presentado por el bloque de peronistas cordobeses y planteó que los otros tres legisladores (Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez) que la acompañan, también se pronunciarán en contra de la iniciativa oficial.
Vigo dijo que “sostener como principio el argumento de que el aborto es un derecho de las mujeres consagra una ambición individualista sobre el tema”, al defender el proyecto de su bloque, que busca hacer foco en la situación de “vulnerabilidad social” de las mujeres que deciden abortar. “Sostengo la necesidad de sancionar con mirada humana, inclusiva, de justicia social y que además promueva el compromiso de varones y mujeres en materia de anticoncepción y de relaciones entre las personas”.
Agregó que “por eso propuse con apoyo de mi bloque el proyecto alternativo para que se despenalizace la realización del aborto mediante un agregado en el Código Penal y se apruebe en el mismo acto el programa de prevención y asistencia en caso de interrupción de embarazos”.
Luego dijo que desde su bloque asentúan en la “necesidad de adecuar las imposiciones del derecho interno y los procedimientos de actuación institucional a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y de derechos humanos de las mujeres y de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a los fines de contribuir la reducción de la morbilidad y mortalidad en las personas en situación de interrupción del embarazo”.
Precisó que “en eso estamos de acuerdo, pero nuestra postura advierte al mismo tiempo que nuestra legislación no abre a la consideración el aborto como un derecho de las mujeres”.
La diputada cordobesa indicó que “también nos hemos mostrado contrarios a una prohibición absoluta pero tenemos claro que el plexo constitucional y convencional de protección de derechos humanos tampoco surge una autorización genérica para la legalización del aborto y esto constituye uno de los argumentos centrales por el cual no hemos acordado con el criterio del Ejecutivo”.
Posteriormente manifestó que defiende la necesidad de incorporar medidas “indispensables” como el cumplimiento de los protocolos para los casos de aborto no punibles.
“El cumplimiento de la ley es una obligación para todos, se trate de médicos, directores de hospitales, jueces, consejeros, abogados o funcionarios. Hemos visto padecer un calvario a las familias que en situaciones que sí encuadran en una legislación que tiene casi 100 años, se les da vueltas y vueltas para que el aborto resulte impracticable”, recordó.
Hizo referencia a lo ocurrido en Córdoba con la suspensión del protocolo médico para abortos no punibles a raíz de una cautelar presentada por la asociación Portal de Belén: “Personas que se colocan por encima de la ley, como ocurrió en Córdoba durante más de ocho años, cuando agitando el fundamentalismo cristiano que nada tiene que ver con la Iglesia Católica ni con la religiosidad, a través de un amparo trabaron por años las prácticas que ya había convertido en jurisprudencia el fallo FAL de la Corte Suprema”.
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