El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al presidente Javier Milei, a la diputada nacional Lilia Lemoine y a un grupo de tuiteros libertarios, entre ellos el “cineasta” oficial Santiago Oría y Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, por presuntas amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita. La denuncia fue presentada por la periodista y directora de Futurock, Julia Mengolini, quien asegura ser víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Gobierno.
El expediente, que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro, busca determinar si los ataques contra Mengolini fueron organizados y financiados con fondos públicos. Domínguez ordenó una serie de medidas de prueba para identificar a los responsables de las amenazas de muerte contra la periodista y su familia, así como para rastrear el origen de los posteos violentos y la desinformación difundida en redes sociales. Entre las medidas dispuestas, se solicitó a las plataformas digitales información sobre los principales diseminadores de los contenidos y el flujo de publicaciones.
El juzgado también dispuso medidas de protección para Mengolini y su entorno, incluyendo custodia policial y la entrega de un botón antipánico, ante la gravedad de las amenazas recibidas. La periodista había denunciado previamente ser blanco de una campaña de odio que incluye un video generado con inteligencia artificial, compartido incluso por el presidente Milei a través de múltiples retuits en X. En dicho material, se la acusa falsamente de mantener una relación incestuosa con su hermano, lo que Mengolini calificó como “deep fake news”.
Convocada recientemente por la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mengolini relató con la voz quebrada el impacto de esta campaña en su vida. “Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca. Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que genera repulsión y odio”, expresó la comunicadora, describiendo la “tortura” que significa enfrentar esta situación.
El fiscal Domínguez continúa investigando para esclarecer si los ataques fueron coordinados desde el Gobierno y si se utilizaron recursos públicos para su ejecución, en un caso que pone en el centro del debate la libertad de expresión, el uso de la inteligencia artificial con fines difamatorios y la responsabilidad de las figuras públicas en la difusión de desinformación.
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