Liliana Montero, Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio. Foto: @4PAgenda / Gentileza.
El legislador provincial del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, adelantó ayer que realizará una presentación judicial junto a los legisladores Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) y Liliana Montero (unipersonal), reclamando la investigación “sobre las conductas desplegadas por los funcionarios provinciales que permitieron este resultado ruinoso para la provincia”. Se trata de la causa en la que ya fue rescindido el contrato entre Grababus S.R.L. (que hacía grabado de autopartes) y el Gobierno de la Provincia de Córdoba y que ha originado la detención de Jorge Sorensen y sus hijos Jorge Alberto (h) y Pablo Alberto (h), titulares de la empresa Grababus.
VER MÁS ARTÍCULOS DE GUIDO FERRINI.
“Por la denuncia realizada por el Gobierno de Córdoba a la empresa Grababus S.R.L. y a la Cámara de Grabadores de autopartes, la cual implicaría un perjuicio en las arcas del Estado de unos 40 millones de pesos, fueron detenidos el titular de Grababus, Jorge Sorensen y sus dos hijos a quienes se los acusa de evasión fiscal simple y evasión fiscal agravada. En el marco de esta causa judicial el día lunes 19 de noviembre conjuntamente con los legisladores Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) y Liliana Montero (Bloque Unipersonal) solicitaremos ante la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, la ampliación de la investigación sobre las conductas desplegadas por los funcionarios provinciales que permitieron este resultado ruinoso para la provincia”.
En un comunicado de prensa, el legislador del Frente Cívico, afirma que “entendemos que para que se haya configurado el delito que se imputa, o bien se contó con la lisa y llana complicidad de funcionarios públicos o, mínimamente, se incumplió el deber del control que estaban obligados a realizar”.
Agregó que “la Provincia de Córdoba por medio de sus oficinas en los puestos de verificación o por el cobro a través de medios digitales, y por la obligatoriedad de realizar el trámite en puestos de verificación a cargo de la Policía de Córdoba, recaudaba el 100% de lo que se cobraba por el “Grabado Indeleble de Autopartes”, previsto en la ley 10110 (cuya derogación hemos solicitado en reiteradas oportunidades)”.
Dice que “el Ministerio de Gobierno, autoridad de aplicación de la ley, cuenta con la información de la cantidad de automotores y motovehículos registrados, ya sea por transferencias o inscripciones iniciales, ya que es requisito obligatorio a tal fin contar con el Formulario F12 de la DNRPA que rubrica la Policía de la Provincia. Queda claro que si se hubiera realizado un simple cruce de información, solicitado y analizado los estados contables de la empresa a la que se le entregó el monopolio del grabado de autopartes o si se hubiesen contestado los pedidos de informes que fueron solicitados desde la Legislatura, el delito que ahora imputa Gavier hubiera quedado en evidencia con anterioridad o bien se podría haber evitado”.
Finalmente afirma que “claramente existió, como mínimo, un incumplimiento de deberes de funcionario público, y queremos también que se investigue un delito de mayor gravedad en el accionar deliberado de la omisión de control por parte del Estado, ya que es completamente imposible que Grababus evada más de 40 millones de pesos en las narices del Ministerio de Gobierno, cuando ellos mismos realizaban la gestión de cobro, a través de la Policía de la Provincia”.
EL CASO
-Fueron detenidos Jorge Sorensen y sus hijos Jorge Alberto (h) y Pablo Alberto (h), titulares de la empresa Grababus. El fiscal Enrique Gavier los acusa “de evasión fiscal simple y evasión fiscal agravada”.
-Se le exige a Gabrabus, en relación a Impuestos a los Sellos una deuda de $21.213.375,21 e Impuestos a los Ingresos Brutos $9.692.703,23.
-También se le reclama a la Cámara de Grabadores de Automotores, por Ingresos Brutos se le exige una deuda de $12.143.635,76”.
-El gobierno provincial rescindió el contrato a Grababus S.R.L a través del Decreto N° 1670, publicado en el Boletín Oficial y suspendió por seis meses la obligatoriedad de realizar el trámite. Además, denunció penalmente a la empresa por evasión impositiva y una “tercerización” para no pagar el canon que le correspondía.
-Cada auto pagaba 710 pesos por el trámite y cada moto, 360. Pero no hay datos de la cantidad de cordobeses que hicieron grabar sus vehículos, por lo que no hay datos firmes sobre la facturación real de Grababus.
—
Cómo comunicarse:
Redacción: [email protected]
Lectores: [email protected]
Equipo de Investigación: [email protected]
Sumate a un equipo que hace PERIODISMO COMPROMETIDO. Te invitamos a APOYAR a ENREDACCIÓN con una SUSCRIPCIÓN MENSUAL. La SUSCRIPCIÓN te permite participar de los premios y beneficios de EL CLUB DE LA NOTICIA. Más información en Suscripción Digital.
—
