Este lunes 30 de diciembre se derogará la ley 9209 que se aprobó el pasado 20 de diciembre, habilitando 19 proyectos mineros de cobre, plata y oro, entre otros minerales, con el uso de ácido sulfúrico y cianuro. En paralelo, se restablecerá la vigencia de la anterior normativa que lo prohibía, la 7722.
No sólo se trata de un fracaso del radicalismo mendocino, que había llevado la propuesta a las elecciones, sino de uno de los pilares de la política de generación de dólares que se había propuesto desarrollar el nuevo gobierno nacional a través de la puesta en marcha de distintos proyectos mineros. Por ese motivo, Juntos por el Cambio tuvo el apoyo del peronismo en la sanción de la nueva norma, luego de las conversaciones que sostuvieron Suárez y el presidente Alberto Fernández.
La decisión de dar marcha atrás fue tomada por el gobernador radical Rodolfo Suárez luego de las multitudinarias manifestaciones que se sucedieron en defensa del agua y en contra de la mega-minería en toda la provincia y de que el peronismo, asociado al oficialismo provincial para sancionar la iniciativa, se despegara de la decisión. Primero,suspendió la reglamentación de la nueva ley, y en las últimas horas anunció que todo volvía al estado anterior a la aprobación legislativa el pasado 20 de diciembre.
Suárez argumentó para dar a conocer la nueva medida, que sin licencia social no habrá proyectos mineros y llamó nuevamente al diálogo. “Para la explotación minera se necesitaban dos condiciones: por un lado, que se hiciera con estrictos controles; y por el otro, con el consenso social. Y esa licencia no existe en Mendoza”, Habrá que ver el impacto de su reposicionamiento en la sostenibilidad política de su gobierno.
El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez.
“Dijimos que seríamos un Gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decidido enviar a la Legislatura un proyecto para la derogación de la ley 9209. Esta ley es legal, pero no tiene legitimidad del pueblo”, apuntó el mandatario provincial.
El 20, en sesión especial, la Cámara de Diputados votó aprobar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado. La norma resultó aprobada por 29 votos positivos contra 7 negativos. La mayoría de la UCR y del PJ votaron en forma positiva. Mientras que en la cámara baja, la sanción se produjo con 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención. Los diputados que votaron en contra de la reforma fueron Pablo Cairo y Mario Vadillo de Protectora (liderado por José Luis Ramón, aliado del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación); Jorge Difonso y Mauricio Torres del Frente Renovador; Maile Rodriguez del FIT; Maricel Arriaga de la UCR; y Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González, del Frente de Todos. Además, se abstuvo Mercedes Llano, del Partido Demócrata.
En el fuerte rechazo popular a la ley minera, confluyeron, además de la fuerte cultura mendocina de defensa del agua, un recurso fundamental además para el desarrollo agrícola de la provincia, uno de los pilares de su economía; las organizaciones ambientalistas; y la Iglesia Católica. La ley fue rechazas por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, con el respaldo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el máximo órgano de la Iglesia argentina, que conduce desde El Vaticano, el Papa Francisco.
La cúpula nacional de la Iglesia ya le había hecho saber al presidente Alberto Fernández de su rechazo a la política minera. En la reunión que sostuvieron en la Casa Rosada, los obispos de la CEA le agradecieron al Presidente por haber mencionado la encíclica “Laudato SI” en su discurso de asunción, pero le remarcaron que el eje central de ese texto del Papa Francisco es “el cuidado de la casa común”, como se refiere a la protección del medio ambiente.
Por eso, el rechazo del Papa y la Iglesia a la minería podría complicar los planes del Frente de Todos de impulsar “el modelo San Juan” en otras provincias, entre ellas, Chubut.
EN MALARGUE A FAVOR
Cámaras empresarias de la región de Malargüe se manifestaron a favor de la ley minera y el sindicato minero de esa zona, cortó dos tramos de la ruta 40, en apoyo a la explotación minera en la provincia cuyana. También amenazaron con suspender el abastecimiento de gas y petróleo en caso que el Gobierno provincial derogue las modificaciones de la Ley 7.722 que permite la actividad minera con uso de sustancias químicas. Así lo comunicó el presidente de la Cámara de Comercio de dicha localidad, Gustavo Miras, argumentando que “en 48 horas se podría cortar el suministro de toda la provincia. Malargüe es petróleo. Somos el principal departamento que provee a la provincia. Si suspendemos la provisión a la destilería de Luján de Cuyo, en tres días no hay suministro de nafta ni de gasoil en medio país”.
EN CÓRDOBA
Por su parte, el Foro Ambiental Córdoba, expresó que “lo sucedido en Mendoza es un hito histórico, porque la resistencia ciudadana en las calles logró la derogación de la ley que iba a permitir la megaminería”. La declaración fue dada a conocer por el titular del Foro, Federico Kopta. También se realizó una movilización frente al Patio Olmos de la capital cordobesa.
El Foro Ambiental asegura que “tanto el Gobernador (Suárez) como los legisladores que aprobaron la modificación de la ley 7722 no pueden ignorar que es una falacia aseverar que con la megaminería y el consiguiente uso de sustancias altamente tóxicas se resolverá el problema del hambre en Mendoza. Precisamente, sucederá lo contrario, ya que habrá sectores de la geografía de la provincia cuya economía se verá deteriorada, habida cuenta que mega-emprendimientos de este tipo generan descomunales externalidades negativas de orden sanitario y ambiental que durarán generaciones, y cuyos costos terminará pagando toda la sociedad. Esto aumentará es la desigualdad en la renta, con pequeños sectores que se beneficiarán mucho en detrimento de la calidad de vida de las mayorías”.
Por último, aseverá que “es inaceptable moral y económicamente recaudar a costa de la salud de los pueblos y de los ecosistemas. Los pueblos afectados no son peones sacrificables de un tablero de ajedrez, son comunidades con su vida, proyectos, historia, salud, ambiente y descendencia que deben ser respetados”.
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