La presidente del TSJ, Aida Tarditti. (Foto: Prensa TSJ).
A las 12:30 finalizaría la larga espera sobre la resolución para determinar la constitucionalidad del protocolo para la instrumentación del aborto no punible en la provincia de Córdoba. Está interrumpido desde que la ONG Portal de Belén obtuvo un amparo favorable contra la medida. Las distintas partes fueron convocadas por el Tribunal Superior de Justicia para la lectura del fallo, pero resta conocerse aún la respuesta a dos planteos formulados por la ONG católica. Las organizaciones de mujeres convocaron a un pañuelazo frente a la puerta de Tribunales I, sobre la calle Caseros.
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El pasado 12 de noviembre, el TSJ había dictado una resolución donde instaba a Portal de Belén a evitar nuevas dilaciones para poder “resolver la causa”. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la organización volvió a presentar dos nuevos recursos.
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La Provincia de Córdoba dictó la llamada “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible” siguiendo los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2012.
La Corte había zanjado en esa oportunidad una antigua discusión sobre si los embarazos productos de una violación sufrida por cualquier mujer, y no sólo por aquellas con una discapacidad mental, estaban incluidos como aborto no punible en el Código Penal.
El máximo órgano judicial del país interpretó que toda mujer que quedaba embarazada luego de una violación podía acceder a un aborto no punible. Y aclaraba que no es necesaria ni autorización judicial ni denuncia previas; bastaba con la declaración jurada de la mujer. En esa instancia demandó a las autoridades a implementar protocolos de actuación en los hospitales.
La Asociación Portal de Belén presentó un amparo contra la guía provincial y el protocolo está paralizado desde el 13 de abril de 2012 por decisión del juez en lo Civil y Comercial de 30ª Nominación, Federico Ossola. La medida fue luego ratificada por la Cámara Tercera de Apelaciones en lo Civil, compuesta por Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera.
La causa llegó al TSJ en 2013 y desde entonces no se ha podido resolver.
Sólo en el Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), rige el protocolo.
El aborto no es punible, según el Código Penal, cuando se realiza “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”, y cuando el embarazo proviene “de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. La relevancia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012, es que además estableció que cualquier mujer que haya atravesado una violación tiene derecho a interrumpir su embarazo, y para ello es suficiente una declaración jurada sobre el delito en el centro de salud, sin necesidad de autorización judicial.
PLANTEOS DE PORTAL DE BELÉN
El abogado de Portal de Belén, Rodrigo Agrelo. (Foto: Prensa Senado de la Nación).
El abogado de la ONG es Rodrigo Agrelo. Los dos planteos presentados ante el TSJ son sobre la integración del cuerpo para resolver y sobre la convocatoria a la lectura del fallo. Portal de Belén rechaza la aplicación del protocolo.
La integración del TSJ para este caso se compone con Aída Tarditti, Domingo Sesin, Luis Enrique Rubio y Mercedes Blanc de Arabel, a los que se suman los camaristas Claudia Zalazar, Julio Ceferino Sánchez Torres y Silvana María Chiapero.
A FAVOR DEL PROTOCOLO
Las organizaciones de mujeres convocaron a un pañuelazo frente a Tribunales.
Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, emitió un comunicado al que adhirieron las diputadas nacionales Brenda Austin y Olga Rista (UCR); Gabriela Estevez (Frente para la Victoria / PJ), y Alejandra Vigo (PJ), y el diputado nacional Pablo Carro (Unidad Ciudadana).
También apoyaron las legisladoras y legisladores provinciales Liliana Montero, Hilda Bustos, Marcela Tinti, María Elisa Caffaratti, Martín Fresneda, Mabel Serafin, Ricardo Vissani, Ezequiel Peresini, y Eduardo Salas, y una gran cantidad de organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas.
Señala que “ante la inminencia de la lectura del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), que decidiría sobre la constitucionalidad del protocolo (Resolución n.º 93/12 del Ministerio de Salud provincial) que fija el procedimiento de la práctica del aborto no punible, estamos atentas a la sentencia que finalmente respete el derecho de las mujeres a la interrupción de su embarazo en los casos previstos por ley. Asimismo, esperamos que no se continúen con las maniobras procesales que han entorpecido de manera sistemática el proceso y dilatado la decisión de fondo del TSJ, las cuales han resultado en que la suspensión del protocolo ya lleve casi siete años en Córdoba”.
Explican que “lo que está en discusión es la puesta en práctica de los supuestos de aborto no punible (no la legalización en todos los casos); es decir, cuando el embarazo es el resultado de una violación o cuando la continuación de la gestación ponga en peligro la vida o la salud de las mujeres”.
Apuntan que “la demandante, Portal de Belén, busca que ninguna mujer, en ningún caso -incluso cuando la continuación de su embarazo resulte en su muerte- pueda acceder a una práctica de manera segura, a pesar de estar autorizada por ley”.
Finalmente expresan que “esperamos que la Justicia escuche a esta marea verde que se ha manifestado masivamente a lo largo del año, reclamando que se garantice la integridad y el derecho a decidir de las mujeres y cuerpos gestantes”.
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