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El gobierno denunció al titular de ATE en la Justicia e inició una maniobra de persecución

El secretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en un acto realizado recientemente en Córdoba Capital. (Foto: Prensa).

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente este lunes al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”, y el sindicalista sostuvo que “el que atenta contra la Constitución y el Estado de derecho es el Gobierno”, a la par que aseguró que el Ejecutivo atenta contra “la libertad de expresión”.

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La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso al documento presentado por el abogado de la cartera, Fernando Soto, quien indicó que “por orden expresa” de la ministra Patricia Bullrich iniciaba la denuncia contra Aguiar, a quien acusó de cometer un “delito” por “amenazar” el orden constitucional.

Soto recordó que el gremialista dijo en una entrevista que su “trabajo es ‘provocar la crisis de este gobierno’, en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ley de ‘reforma laboral’ que, próximamente, hará el Gobierno Nacional”.

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“Las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables ya que, deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”, expresó el Gobierno en la denuncia.

En la misma línea, consideró que resulta “plausible” realizar esta denuncia penal “ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea”, de atentar contra la gestión de Javier Milei e “impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”.

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“Por lo expuesto solicito que se tenga por presentada, en legal tiempo y forma, la presente denuncia formulada contra Rodolfo Aguiar por el delito de Amenaza de Atentar contra Orden Constitucional y la Vida Democrática, conforme lo previsto en los artículos. 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación y se inicie formal sumario penal por el delito denunciado”, concluyó Soto en el documento presentado ante el Juzgado Federal.

Aguiar, por su parte, dijo que el que “atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es el Gobierno”, y manifestó que “son sus propios fantasmas los que persiguen a Bullrich”, al recordar que “el ejemplo más claro” es el protocolo anti piquete y “la represión de todos los miércoles” en las marchas de los jubilados.

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“Se ve que a Bullrich no le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto. Es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones. El Presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, expresó Aguiar.

También dijo que “cuestionar públicamente” todo aquello que se considere “grave” o, incluso, “las falencias” que presente el Gobierno “no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones”. “Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión”, agregó.

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“Lo de Bullrich es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta. No es casual que esta denuncia llegue dos días antes del primer paro contra una reforma laboral regresiva. Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar”, concluyó Aguiar.

Por su parte, la CTA Autónoma respaldó a Aguiar y advirtió que la denuncia es “persecutoria” y que “recurre a mecanismos de amedrentamiento”.

Para la CTA Autónoma, el accionar de la cartera conducida por  Bullrich es “persecutorio” y “recurre a mecanismos de amedrentamiento para intentar disciplinar a las organizaciones de trabajadores”. “Este hecho no puede interpretarse sino como un nuevo intento de criminalizar la protesta social y judicializar las legítimas demandas de los sectores populares”, indicó la central obrera a través de un comunicado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

El Valle

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