El diputado nacional, Felipe Solá.
El diputado nacional Felipe Solá (Frente Renovador, Buenos Aires), uno de los peronistas que aspira a la presidencia desde la idea de unidad del peronismo, afirmó que “el Gobierno insiste con la aplicación de las políticas que nos llevaron a recurrir al prestamista de última instancia como es el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según mi punto de vista, las exigencias del FMI implican profundizar un ajuste tan brutal como el del gobierno de (Fernando) De la Rúa, y el final es previsible: volver a transitar una crisis extrema”.
El bonaerense agregó que “rechazar el acuerdo con el FMI es el primer paso para que el Gobierno revierta una agenda de recortes más severa que la que le fuera impuesta a Grecia, un país sumergido en un ajuste con enormes costos sociales”.
Para Solá, el acuerdo con el FMI y sus condiciones, implicarían que “(Argentina se encamine a una realidad social tan grave como la del 2001”.
Afirmó en ese sentido que “es imperioso construir consensos sociales que permitan obstruir cualquier intento de imponer políticas de un brutal ajuste a la mayoría de las argentinas y argentinos. Callar es condenar a nuestro país y permitir que nos roben el futuro”.
Llamó a rechazar la venta del mayor patrimonio del Estado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que “representa la garantía de jubilados y pensionados, como así también privatizar de forma encubierta las jubilaciones y pensiones volviendo a un sistema de AFJP para ricos y a un sistema de beneficios miserables para el resto de la sociedad”.
Rechazó además “cesantear a miles de empleados públicos y la presión por no respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual para los próximos años”.
Hay que rechazar el acuerdo con el FMI. (…) Es el primer paso para que el Gobierno revierta una agenda de recortes más severa que la que le fuera impuesta a Grecia, un país sumergido en un ajuste con enormes costos sociales”.
También pidió “no penalizar a miles de jubilados y pensionados y perceptores de beneficios sociales, cuyos ingresos se verán más tarde o más temprano, empujados a recomponerse con los mismos esquemas del resto de los trabajadores públicos (8%) cuando la inflación esperada para los meses que vienen no sea inferior al 32%”.
Solá rechazó la reducción de las inversiones del Estado en infraestructura y desarrollo, “porque le restan vigor a cualquier proyecto de desarrollo futuro sin bases que los sostenga”.
Cuando más alta sea la devaluación, típica medida del FMI, mayor será la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores, formales e informales”.
Demandó luego “no seguir endeudando a nuestro país, cuando sabemos que los niveles de deuda comparado con nuestras exportaciones o contra nuestro PIB señalan indicadores de elevado riesgo para la sustentabilidad de nuestra economía” y expresó su rechazo a un programa que “ampliará la brecha social y nos empujará a una profunda recesión, con fuerte crecimiento del desempleo y de la precariedad laboral, generando condiciones inevitables de conflicto social. Cuando más alta sea la devaluación, típica medida del FMI, mayor será la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores, formales e informales”.
Por último, afirmó que “no hay un único camino como el Gobierno desea imponerle a la sociedad. Es fundamental generar un programa que, en lugar de disminuir sólo el gasto, nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la evasión, el fraude impositivo y la fuga de capitales”.
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