El gobierno del presidente Javier Milei comunicó, este viernes, la creación de un Comando Unificado de Seguridad Productiva con el objetivo de reprimir protestas y bloqueos sindicales en empresas petroleras, cerealeras y mineras y en industrias. Se trata de un nuevo giro autoritario, que apunta a condicionar el derecho de huelga y protesta de los trabajadores y a incrementar la persecución sindical. Por la amplitud de sus fines represivos se asemeja al estado de sitio, pero focalizado en la actividad sindical y en sectores productivos considerados claves por el gobierno, tanto por su caudal exportador y productivo, como por el volumen de inversiones que reciben. También aparece como un complemento del RIGI, el régimen de grandes inversiones impulsado por la gestión libertaria, que otorga innumerables beneficios a las empresas.
El Comando Unificado de Seguridad Productiva funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich. Se oficializó este viernes a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 893/2024.
La resolución gubernamental equipara el derecho de protesta o la acción sindical a episodios de inseguridad o narcotráfico, al afirmar que “ha creado Comandos Unificados que contribuyen a prevenir la comisión de delitos en distintas provincias (Comando Unificado de Rosario- Santa Fe; Comando Unificado del Conurbano, Comando Unificado de Villa Mascardi); con resultados altamente positivos en todos los casos”.
Dice también que “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias de Bahía Blanca, San Lorenzo – Timbúes (Rosario), zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.
Precisa que “existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a su conexión con los servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”.
Agrega que “la protección física de los individuos y los bienes de las empresas como destinatarios finales de las políticas públicas se ha convertido en una importante demanda ciudadana”.
Resalta que “los resultados favorables obtenidos a partir de las labores realizadas por los distintos comandos previamente establecidos y la experiencia operativa acumulada hacen propicio y adecuado conformar un nuevo Comando que, sin duplicar las funciones ya existentes en las unidades activas, se aboque con especificidad al despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para zonas de alta productividad, en colaboración con las fuerzas de seguridad locales”.
Luego, la resolución dispone en su ARTÍCULO 3° que “El COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD PRODUCTIVA será dispuesto de manera PERMANENTE. Su disolución será dispuesta por la autoridad máxima de la jurisdicción a propuesta de la SECRETARIA DE SEGURIDAD (o la que en el futuro la reemplace)”.
Mientras que en su ARTÍCULO 4° afirma que “la Coordinación General del COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD PRODUCTIVA estará a cargo de la máxima autoridad ministerial y podrá ser delegada en el funcionario que esta designe. Tendrá a su cargo la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales correspondientes”.
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