Mientras este jueves continuarán las deliberaciones de la asamblea pública en defensa de la COOPI (Cooperativa Integral) y el servicio de provisión de agua potable en manos cooperativas, el conflicto llegó hasta el presidente Alberto Fernández.
Ayer, representantes de la COOPI se entrevistaron con Fernández en la Casa Rosada para interiorizarlo del problema y demandar su intervención en el conflicto.
Según declararon los dirigentes cooperativos le aseguraron al Presidente que la negativa de continuar con la prestación del servicio de suministro de agua por parte de la Municipalidad de Carlos Paz pone en riesgo la existencia de la entidad y el trabajo de más de 400 personas.
Participaron del encuentro el asesor presidencial Ricardo Forster y la vicepresidenta de la COOPI, Alicia María Clérico; el gerente general, Rodolfo Bautista Frizza; el ex gerente de la firma, Alejandro Eguiguren; el coordinador del Departamento de Comunicación, Jorge Boido y Ana Carla Melacrino.
El punto central del conflicto es la decisión del municipio de Villa Carlos Paz de municipalizar el servicio de provisión de agua potable, una medida resistida por el sector cooperativo. La COOPI brinda, además, servicios de cloacas, gas y electricidad en la localidad serrana.
Por la dimensión del servicio a prestar, es probable que una eventual municipalización sea solo un paso previo para una posterior privatización. Los municipios son unidades económicas muy pequeñas para prestar servicios públicos de esta magnitud.
Debe agregarse, que el año pasado, el gobernador Juan Schiaretti cedió la concesión del servicio de provisión de agua potable de la capital provincial a la administración de la Municipalidad de Córdoba. En este caso, el servicio ya había sido privatizado en los años 90′ y se encuentra en manos de Aguas Cordobesas, uno de cuyos accionistas es el Grupo Roggio. La fragmentación de las concesiones de servicios públicos, como el del agua, es una vieja receta neoliberal, a la que adhiere el gobierno provincial.
Cabe agregar que también se produjo una disputa judicial que ya lleva más de cuatro años. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba reconoció la potestad del municipio de Carlos Paz sobre el servicio de agua potable y la posibilidad de prestarlo desde el mismo Estado si decidiera no concesionarlo. La Coopi presentó un recurso de amparo luego de este fallo, pero el mismo fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
Por esta razón, el intendente Daniel Gómez Gesteira continúa avanzando en los trámites de transferencia del servicio de provisión de agua potable que se estima que concluirá aproximadamente a finales de marzo del 2021.
A la par del conflicto judicial y comunitario, existe un conflicto político, ya que el intendente Gómez Gesteira y el titular de la Agencia Córdoba Turismo y ex intendente Esteban Aviles, responden al gobernador Juan Schiaretti. Mientras que la COOPI ha reunido el apoyo del senador peronista Carlos Caserio (Frente de Todos) y de buena parte del arco político opositor.
Habrá que ver el grado de intervención del presidente Fernández en este largo conflicto. Es decir, si su participación sólo queda en la foto, o se involucra en encontrar una salida alternativa a la municipalización.
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Organizadas por la Multisectorial en defensa de la COOPI, se están realizando audiencias públicas para que expongan vecinos y organizaciones sobre sus propuestas en tres temas: la situación de la salud y el personal del hospital local, la prestación del servicio de agua potable por parte de la COOPI y la continuidad de Carlos Paz Gas.
Las deliberaciones comenzaron este martes, continuarán ayer y finalizarán este jueves, con dos encuentros, uno entre las 9 y las 12; y otro entre las 18 a 21). La modalidad de exposición es mixta: presencial (máximo de 30 personas) en el salón auditórium del Hotel Portal del Lago (Gobernador Álvarez esq. J. L. de Cabrera de Villa Carlos Paz) y en modalidad virtual, por enlace de la plataforma Zoom. Se anotaron para participar más de mil personas y organizaciones.
El comité Organizador es presidido por el abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe e integrado por Silvina Bessone, Belén Jakuto, Rodolfo Frizza y Sergio Antoniazzi.
También se conformó un comité evaluador de las propuestas, que emitirá un dictamen final que será publicado y elevado a las autoridades de Villa Carlos Paz.
Al frente del comité evaluador se encuentra el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La nómina completa de este Comité es la siguiente: Hugo Oscar Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Rafael Velasco., sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Superior Provincial de los Jesuitas de Argentina y Uruguay; Enzo Stivala ex presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; Ana Almada, Coordinadora Nacional del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); Nahum Mirad, Vocal Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a cargo de la presidencia; Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM); Oscar Atienza, profesor Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en Medicina y Cirugía; María Victoria Noriega, presidenta de la Cooperativa de Setubal, Secretaria a cargo de la Presidencia de la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina (FeSubGas); Carlos Presman, médico, docente de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Mónica Lungo, educadora popular; Alejandro Potel Junot, ingeniero, consultor; Ana María Fernández, doctora en Psicología, profesora consulta Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA); Ricardo Luis López, médico, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS); y Mariano Oberlin, sacerdote, parroquia Crucifixión del Señor (barrio Müller, Córdoba).
Rodríguez Villafañe, en declaraciones periodísticas, dijo que luego de escuchar las expresiones de vecinos y referentes de distintas instituciones, el Comité Evaluador elaborará un dictamen sobre todo lo expresado en las cinco sesiones que tendrá la Asamblea Pública Participativa. “Ese informe luego será presentado a las autoridades. Se lo haremos llegar a todas las autoridades. Quiero pensar que un gobernador, que ve un dictamen con esas firmas, luego de haber escuchado legítimamente a una sociedad, no lo podrá eludir; es un mensaje para las autoridades para decir ‘paremos, veamos, evaluemos qué va a pasar’. De lo contrario, es un síntoma gravísimo para Carlos Paz”.
Finalmente, señaló que “ojalá haya sectores dispuestos a repensar este tema, porque este es un desafío democrático. Lo que estamos haciendo es una salida democrática. Estamos trabajando un mecanismo legítimo de la democracia para salir desde la democracia de este atolladero injusto al cual están sometiendo a la comunidad de Villa Carlos Paz”.
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