El vencimiento de los plazos impuestos por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, y la reticencia de la empresa Atanor a aceptar ningún propuesta a su contraparte, el Sindicato de Personal de Industrias Químicas, recrudeció ayer el conflicto en torno a la empresa química de Río Tercero.
El trasfondo del conflicto son los 24 despidos que el 19 de julio comunicó la empresa de capitales norteamericanos. la intervención de la autoridad laboral dictaminó una conciliación obligatoria, durante la cual los trabajadores cesanteados, si bien no fueron plenamente reincoprorados a las labores, se los asignó a cursos de capacitación. “Logramos que se los mantuviera del otro lado del portón”, graficaba Carlos Pajman, abogado del gremio.
Esa decisión permitía descomprimir la situación de 24 despedidos, de los cuales sólo tres habían aceptado las indemnizaciones, en la esperanza de al menos lograr revertir una parte de esas cesantías. “Pero la empresa no ofertó nunca nada y ratificó los despidos”, señaló el abogado ante la consulta de ENREDACCIÓN.
Ante la confirmación del escenario previo a la intervención de la autoridad de aplicación, y sin que se hubiera logrado ningún avance, el gremio decidió un plan de lucha que incluye la modalidad de paros sorpresivos durante tres o cuatro horas, “con lo cual la empresa nunca sabe en qué momento van a estar parando los operarios”, explicó el abogado.
Lo que planteamos desde el gremio es que si la compañía está atravesando dificultades económicas, debe tramitar un procedimiento preventivo de crisis y recién entonces puede despedir. Pero eso les obligaría a mostrarnos los libros y trabajar en conjunto para normalizar la situación. Desde el sindicato siempre vamos a tener la mejor buena voluntad para adaptar los procesos en defensa de los puestos de trabajo. Pero Atanor nunca se ha prestado a dialogar”, sostuvo el abogado.
Hasta ahora la empresa química, que da empleo directo a 300 trabajadores y además cuenta con 80 proveedores contratistas, viene negando la posibilidad de dialogar con el gremio, al insistir que se trata de despido individuales. Con ello, insiste en desconocer que se trate de un despido colectivo la baja de los 24 trabajadores, hecho que ocurrió luego de que la misma compañía decidiera cerrar sus plantas de Baradero y Munro. Desde el gremio sostienen que al tratarse de despidos en masa, “constituye una medida persecutoria disciplinaria”. En palabras de Pajman, “buscan transmitir inseguridad a los trabajadores”.
Inversiones fantasma
Al momento de decidirse el cierre de las dos plantas en el Gran Buenos Aires, las autoridades de la firma pretendieron llevar tranquilidad a los trabajadores de Río Tercero, al afirmar que en realidad se concentrarían en esa ciudad las nuevas inversiones de la compañía. No obstante, por el momento esas inversiones no se han visto en la planta que está emplazada a 500 metros de Petroquímica Río Tercero, y que entre otras cosas, fabrica 24G, uno de los compuestos claves para la fabricación de Glifosato.
“Lo que planteamos desde el gremio es que si la compañía está atravesando dificultades económicas, debe tramitar un procedimiento preventivo de crisis y recién entonces puede despedir”, dice el abogado, quien no obstante considera que es la propia empresa la que no quiere avanzar en ese sentido. “Eso les obligaría a mostrarnos los libros y trabajar en conjunto para normalizar la situación. Desde el sindicato siempre vamos a tener la mejor buena voluntad para adaptar los procesos en defensa de los puestos de trabajo y estamos dispuestos a dialogar. Pero Atanor nunca se ha prestado a hacerlo”, sostuvo.
Por el momento, y ante la ausencia de vías de conciliación (“la empresa ha dicho ‘no’ a todo”, dice el abogado), el único camino que aparece en el plano inmediato es el del conflicto: “Estamos con los paros rotativos sorpresivos, y manteniendo presencia en la puerta de la planta”.
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