Según la autopsia, a Susana Montoya (76) la mataron a golpes en la cabeza con un objeto contundente y por estrangulamiento. Finalmente le clavaron un cuchillo en la garganta. Apareció en el patio de la vivienda que habitaba en barrio Ampliación Poeta Lugones, en Córdoba Capital. Su cuerpo estaba semitapado con pasto y excremento de perro.
El hecho tiene todavía varios interrogantes. Algunos de ellos, son los siguientes:
-De acuerdo a los forenses, la data de la muerte se ubica en una ventana que va entre la tarde y la noche del jueves 1° de agosto.
-No hay cerraduras forzadas, por lo que la víctima, por alguna circunstancia, aún sin determinar, habría dejado pasar a quien o a quiénes la mataron.
-Hasta ahora, nadie escuchó ruidos extraños ni observó entrar o salir a ninguna persona de la casa.
-Tampoco se ha podido establecer todavía si hubo uno o varios atacantes.
Montoya era la esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la policía de Córdoba y militante del ERP, secuestrado, asesinado y desaparecido el 25 de septiembre de 1979, durante la última dictadura cívico militar.
El brutal crimen de Susana se produjo en un contexto donde el gobierno nacional desarrolla una política y un discurso negacionista del Terrorismo de Estado y luego de que seis diputados oficialistas visitaran en el Penal de Ezeiza a un grupo de genocidas condenados por la Justicia como responsables de haber cometido delitos de Lesa Humanidad.
En el lugar donde fue asesinada la mujer, él o los asesinos dejaron escrita en una pared de la casa, una leyenda con una amenaza para los dos hijos de la mujer (Fernando y Ricardo): “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Estaba escrito en rojo, se cree que con un lápiz labial.
La causa es instruida por el fiscal del Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger. Hasta el cierre de este artículo, los investigadores judiciales y el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, no descartaban ninguna hipótesis sobre lo sucedido, incluida la posibilidad de que el responsable sea alguien del entorno cercano; o que el cobro de una reparación por el crimen de Lesa Humanidad que había sufrido Albareda padre, por 76,44 millones, que se iba a producir en los próximos días, pudiera haber sido el móvil del caso. Sin embargo, es obvio que el hecho está impregnado por la sospecha de que detrás del hecho podría haber personas vinculadas a los grupos de tareas de la última dictadura cívico-militar o a sus ideas. Por ese motivo, es que los organismos de DD.HH. y organizaciones sociales y políticas reclaman una rápida acción de la Justicia y el Gobierno para esclarecer el asesinato.
Fernando Albareda relató en distintas declaraciones periodísticas que “la última vez que la vi a mi madre fue el día jueves por la tarde, que la llevé al médico. Ella se volvió en remis. El viernes la empecé a llamar a la mañana, porque me dijo que se tenía que hacer unos análisis, pero no me contestó”.
Recordó que “pensé que podría estar dormida a causa de las pastillas que tomaba o que tenía el teléfono inalámbrico sin batería. Llamé muchas veces hasta que ese viernes a la tarde, a las 18, pasé por la casa y la imagen de la casa era rara porque durante el día siempre dejaba las persianas abiertas, pero estaba todo cerrado. Me asomé por la mirilla del garaje, una puerta que siempre cerraba para que los perros no se crucen y estaba abierta”.
Siguió diciendo que “le pedí a una vecina que me dejara pasar por su casa y ahí me di cuenta que el televisor estaba prendido y una radio también. Subí al techo y me encontré con mi madre tirada en el patio”.
Albareda señaló, además, que su madre había empezado a recibir llamadas desde hacía unos 20 días “no con amenazas, pero sí con amedrentamientos. Le llamaban y le cortaban, ella no quería salir de la casa y yo la notaba muy angustiada”.
También considera que, si bien no había dinero en el domicilio, su mamá estaba muy preocupada “desde que salió publicado lo que le iban a pagar en función de la reparación del legajo histórico de mi padre. Es una cifra alta, la publicaron en el Boletín Oficial y ella se enojó mucho. Cada vez que hablaba por teléfono con ella, por ejemplo, para solicitarle algo, para hacerle un trámite, para pedirle tal cosa, me decía no lo hablemos por teléfono, venite a casa, siempre siguió con esa. Ella siempre me demostró a mí que tenía miedo”.
Precisó también, para descartar la teoría de un posible robo, que “mi madre no tenía cosas de valor, joyas, todo ese tipo de cosas”.
Albareda, que es militante de la organización de DD.HH. Hijos, dijo que, durante el día, Montoya siempre dejaba una puerta de rejas, que estaba delante de la puerta principal, con llave; y la puerta principal, de madera, abierta. Pero cuando él llegó a la casa el viernes, la reja estaba sin llave y la puerta de madera cerrada. Es decir, a la inversa de lo que ocurría habitualmente.
AMENAZAS
Cabe recordar que, en diciembre de 2023, Fernando Albareda fue amenazado en su casa a través de un mensaje: “Se te terminaron los amigos en la Policía. Te vamos a juntar con tu papito. Vas a morir”. Estaban escritos en diferentes letras con fibra negra sobre hojas blancas, que aparecieron en puerta de entrada de su casa, junto a seis balas calibre 22 largo.
Fernando también había sido amenazado durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro, asesinato y desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2.
EL CASO ALBAREDA
Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por un grupo de tareas de la D2, la división de inteligencia de la Policía de Córdoba. Uniformado, fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque, en la Casa de Hidráulica. El titular de la D2, Raúl Telleldín, y varios integrantes de la fuerza policial, Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, y los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente golpeado y torturado –fue castrado–. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce. En 2009, fueron condenados, por este hecho, el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2.
[MÁS INFORMACIÓN]
VER El crimen de Susana Montoya: Convocan a una concentración en solidaridad con la familia Albareda.
VER El crimen de Susana Montoya: Organismos de DD.HH., la CGT Córdoba y la UEPC expresaron su repudio.
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