(Por Máximo Brizuela*). Las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la necesidad de “desarticular las estructuras de los gremios” mediante una reforma laboral no sorprenden.
La falta de asombro no se debe a una capacidad profética, sino a que, incluso antes de que asumiera la actual administración, la lectura política era evidente.
Una vez más, las verdaderas intenciones del gobierno nacional —que busca convencer de que la destrucción actual traerá prosperidad— apuntan a eliminar los “obstáculos” que aún protegen los derechos de trabajadores y trabajadoras.
El trabajo de desgaste ha sido tan persistente que, lamentablemente, muchas personas, frente a un presente desolador, han llegado a creer que su falta de oportunidades se debe a la existencia de los sindicatos, los Convenios Colectivos de Trabajo y a la dignidad de ejercer una tarea sin ser explotados.
Esa falacia solo conduce a apoyar una ilusión que desembocará en un escenario de explotación y desamparo. Bajo la promesa de un empleo que hoy no existe —no por culpa de la legislación laboral, sino por la crisis económica y la ausencia de un proyecto productivo que priorice la generación de trabajo— se pretende retroceder en materia de derechos.
Resulta imposible que exista una demanda masiva de empleo con remuneraciones dignas si se mantiene una política recesiva que, en menos de dos años, provocó el cierre de más de 15.000 empresas, según datos de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac).
Si bien podrían debatirse ciertos aspectos de la legislación laboral con el objetivo de modernizarla, la reforma propuesta parece redactada por un sector empresario que ambiciona ganar más y pagar menos.
Con una lógica que desprecia al trabajador, somos testigos de la licuación de salarios incluso en empresas estatales con superávit, lo que contradice sus manuales económicos, según los cuales mayores beneficios empresariales generarían más incentivos económico para lograr más productividad. Este ejemplo revela que, en el fondo, su verdadero objetivo es destruir los ingresos de los trabajadores y profundizar la desigualdad en la distribución.
En cuanto a las declaraciones del ministro, no sorprenden, son coherentes con su historia y con los gobiernos de los que ha formado parte.
Existe una suerte de impunidad, sostenida por una parte de la sociedad que aún acompaña este rumbo. Pero la esperanza, que hoy funciona como su carta blanca, es una carta que el movimiento obrero jamás entregará.
* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).
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