Los acusados: Carlos Otero Álvarez, el último, Miguel Angel Puga, Antonio Cornejo, Ricardo Haro. Foto: Sebastián Salguero.
Ayer quedó escrito por primera vez en un fallo, que la Justicia Federal de Córdoba fue cómplice de la dictadura. Si bien todavía no están firmes las condenas, un tribunal encontró que un ex juez y un ex fiscal encubrieron a los asesinos del Terrorismo de Estado y no denunciaron ni investigaron los episodios de violación a los derechos humanos que conocieron en ejercicio de sus funciones.
La letra fría del veredicto indica que fueron condenados a tres años de prisión y uno de “inhabilitación absoluta” el ex juez federal, Miguel Ángel Puga, y el ex fiscal federal, Antonio Cornejo. Los jueces del Tribunal Oral Federal N°2, Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu, y Jorge Gallino los condenaron por “encubrimiento por infracción al deber de denunciar delitos, (…) en concurso real con incumplimiento de la obligación de promover la acción penal”. En cambio, absolvieron al ex secretario Penal del juez Adolfo Zamboni Ledesma y luego camarista federal, Carlos Otero Álvarez, que había sido acusado en 72 hechos de “abuso de autoridad” y en 40 de “omisión de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal”; y al ex defensor oficial, Ricardo Haro, también acusado de “abuso de autoridad”, aunque en este caso en nueve ocasiones.
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La denominada “causa de los magistrados” avanzó a ritmo de tortuga: pasaron casi tres décadas y media desde la primera denuncia de Fermín Rivera a principios de los años ’80 sobre los fusilamientos en la UP1 y la complicidad judicial, hasta que finalmente los acusados pudieron ser juzgados. De hecho, en la jerga de los pasillos de tribunales, era conocida como “la causa maldita” porque nadie quería hacerse cargo de ella (la fiscal Graciela López de Filoñuk porque era secretaria y amiga del acusado Puga; la ex jueza Cristina Garzón de Lascano porque su esposo había sido abogado del acusado Cornejo; el juez Ricardo Bustos Fierro porque ya había intervenido en la causa…). Por eso, el tribunal que los juzgó debió constituirse con un juez de Córdoba, otro de La Rioja y un tercero de Entre Ríos.
Los jueces del TOF2, José Camilo Quiroga Uriburu, Julián Falcucci y Jorge Gallino. Foto: Sebastián Salguero.
En este proceso se investigaron los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento” cometidos contra 75 víctimas, entre ellos los fusilamientos en falsos intentos de fuga a una treintena de presos políticos de la Unidad Penitenciaria N°1 (UP1), hechos por los que fueron condenados el ex dictador Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, en 2010. Fue el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba.
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Ayer, el fiscal Facundo Trotta -que junto al fiscal general Carlos Gonella fueron los querellantes oficiales- le dijo a ENREDACCIÓN que se sentía satisfecho por el veredicto. “Hubo condenas y me parece importante que sea el primer juicio sobre responsabilidad civil en el Terrorismo de Estado”, afirmó. “Es muy importante el mensaje como integrantes de la Justicia, porque nos hemos podido mirar a nosotros mismos y dar cuenta de las responsabilidades de los miembros del Poder Judicial en aquel momento. Es un mensaje a la sociedad”.
Los fiscales Facundo Trotta (izquierda) y Carlos Gonella. Foto: Sebastián Salguero.
¿Van a cazar (pedir su revisión) de la sentencia sobre Otero Álvarez, a quién le solicitaron siete años de prisión?
Vamos a analizar primero los fundamentos de la sentencia cuando el tribunal los presente el próximo 7 de diciembre. En ese momento veremos si corresponde cazarla.
Una vez que se conozcan los fundamentos del fallo, la abogada de las familias de Hugo Vaca Narvaja, Miguel Ceballos y Marta Juana González de Baronetto, Adriana Gentile, adelantó que analizarán la posibilidad de presentar apelaciones contra las absoluciones que dictó el tribunal, en particular contra Otero Álvarez. “Para nosotros no era un simple fedatario -que daba fe de los actos del juez- sino que presenciaba violaciones a los derechos humanos. En su caso, entendemos que hubo encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no denunciar los hechos de los que tomó conocimiento. Hay expedientes con las firmas de Otero Álvarez donde los detenidos hacen denuncias con fotos donde aparecen con el ojo partido, moretones en la cara… como funcionario público, un mínimo de atención le debería haber llamado”.
Gentile señaló que “también hubiéramos querido una mención sobre el papel del juez Adolfo Zamboni Ledesma, que era el titular del Juzgado Federal número 1, a cargo del que estaban la mayor cantidad de los presos políticos y al que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló como cómplice del genocidio. En las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, además de la reparación y la sanción penal, que en este caso no se puede dar porque Zamboni Ledesma murió en 1984”.
Familiares esperando la sentencia en las puertas de los Tribunales Federales. Foto: Sebastián Salguero.
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