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Comisión Libra: Acusan en Diputados al fiscal y al juez de la causa por “obstaculizar” la investigación

El juez Marcelo Martínez de Giorgi. (Foto: Gentileza).

La oposición de la Cámara de Diputados confirmó este martes que se apelará la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi de denegar el pedido de la comisión investigadora de la cripto estafa Libra para autorizar el auxilio de la fuerza pública para forzar la presencia como testigos de los funcionarios del Gobierno reticentes a declarar.

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La solicitud para el uso de la fuerza pública estaba dirigida, en principio, contra el director de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la funcionaria del Ministerio de Justicia y ex titular de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación sobre Libra María Florencia Zicavo, quienes se ausentaron dos veces consecutivas a las respectivas citaciones.

Pero el recurso de la fuerza pública también podría potencialmente utilizarse para obligar a declarar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes también se ausentaron en dos oportunidades sin mediar excusas.

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El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la decisión de Martínez de Giorgi y explicó que la solicitud a la Justicia para autorizar el uso de la fuerza pública no es “un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones”.

“La decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, indicó.

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Y fustigó: “El Congreso no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales. Hay más de cien años de historia parlamentaria que respaldan estas facultades del Congreso, que no pueden ser anuladas ni condicionadas de un plumazo para proteger a funcionarios de turno”.

Por su parte, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, reconoció que “nunca hizo falta que se lleve a una persona citada por la fuerza pública” pero explicó que eso fue así porque “cuando llegaba la citación la persona no se arriesgaba a no ir al Congreso. Por eso no hay antecedentes de que fuera un patrullero a buscar a la persona citada”, subrayó.

Mackentor

En tanto, Sabrina Selva, de UxP, cuestionó el accionar del fiscal Eduardo Taiano por “obstaculizar” la tarea de la comisión, que dentro de las facultades conferidas por el reglamento aprobado por el pleno tiene la de solicitar el auxilio de la fuerza pública al Poder Judicial. “Hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes para naturalizar no tener que cumplir con el deber de venir a dar explicaciones a esta comisión”, sostuvo.

Y agregó: “Tenemos un Poder Ejecutivo que encubre a estos funcinarios para que no lo hagan, por lo que sería alarmante que la Justicia estuviera en sintonía con este hecho de que la comisión no pueda avanzar seriamente con esta investigación”.

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Por su parte, el cordobés Pablo Carro (UxP) dijo que “nos encontramos con funcionarios escondidos y una Justicia al servicio de la impunidad”, expresó que “apelamos el fallo del magistrado, que pese a declararse incompetente, niega la colaboración judicial y nos impide hacer comparecer a funcionarios que se niegan sistemáticamente a declarar ante el Congreso”, y afirmó que “lo dispuesto por la Justicia vulnera las facultades constitucionales de control del Poder Legislativo”.

Para la reunión de este martes estaban citados el mencionado Cúneo Libarona; el ex titular del Consejo de Asesores de Presidencia, Demian Reidel; los promotores de la token Libra Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Morales (ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores), y los empresarios Hayden Davis, Diógenes Casares, Julián Peh y Charles Hoskinson. Ninguno de ellos se hizo presente en la segunda reunión consecutiva sin intervenciones testimoniales.

A propuesta de Agost Carreño, la comisión votó librar un oficio a Martínez de Giorgi para el acceso irrestricto a la causa judicial. También se votó positivamente una medida de prueba propuesta por Marino para que la exchange Ripio, que el 14 de febrero pasado publicitó la venta del token Libra al apelar a la popularidad de Milei, conteste cómo accedió a la información de que el presidente avalaría esa criptomoneda y cuántas personas sufrieron pérdidas a partir de operaciones de compra realizadas mediante las billeteras virtuales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

El Valle

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