Este miércoles 13 de agosto vence el plazo impuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) para que los nueve imputados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, paguen de forma solidaria un total de u$s537 millones ($684.990.350.139,86) como parte de la condena por defraudación al Estado. Horas antes de que se ejecute el decomiso, la defensa de CFK presentó un escrito en el que sostiene que no cuenta con los fondos suficientes para hacer frente a la suma y apeló la actualización del monto, calculada con base en el índice de precios al consumidor (IPC).
El juez de ejecución Jorge Gorini había intimado a los imputados —Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe— a abonar la cifra en un plazo de diez días hábiles, so pena de que se les ejecuten sus bienes. Ese plazo culmina este miércoles.
La defensa de la expresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó dos escritos este martes. En el primero, Kirchner argumenta que no posee bienes que sean “instrumentos, producto o provecho del delito” y que su evolución patrimonial, así como la de su familia, fue declarada legítima en causas previas con sentencias firmes. Según los letrados, decomisar sus bienes implicaría violar la cosa juzgada y el principio de legalidad. Además, sostienen que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no probaron que los bienes de Kirchner sean producto de la defraudación al Estado, por lo que no podrían ejecutarse activos obtenidos lícitamente. También advierten que la medida podría afectar a terceros, como sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, “legítimos propietarios por herencia” de bienes previos a la condena.
En el segundo escrito, la defensa apeló la actualización del monto del decomiso, que pasó de $84.835 millones en la sentencia de 2022 a $684.990 millones tras aplicarse el IPC. Cuestionan que esta cifra se haya fijado sin debate ni posibilidad de discutir la metodología de cálculo. Además, rechazan el uso del IPC, señalando que el mismo tribunal, en casos recientes, optó por tasas bancarias para actualizaciones similares. Los abogados también pidieron que el caso pase al fuero civil y comercial, argumentando que el TOF2 confunde el decomiso con una reparación civil, lo que generaría un “efecto confiscatorio” y duplicaría consecuencias patrimoniales.
La defensa de Kirchner solicitó incorporar prueba documental sobre los bienes de la expresidenta, declarar la incompetencia del TOF2, remitir el caso al fuero civil, convocar a Florencia y Máximo Kirchner para que ejerzan su defensa y suspender la ejecución prevista para este miércoles. Mientras tanto, otro proceso civil para la reparación por daños ya está en curso, lo que, según los letrados, refuerza su planteo de cosa juzgada.
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