La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes su pedido de recusación contra el fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los miembros del tribunal que lleva el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, pese a lo cual el debate se reanudó con la continuidad del alegato acusador.
“Impulsar una causa como fiscal para que la resuelva un juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal”, sostuvo el escrito, al que tuvo acceso la agencia Télam, con el que los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron el apartamiento del fiscal Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu.
La presentación de los defensores de Fernández de Kirchner -minutos antes de que se iniciara la cuarta audiencia de alegatos- impactó en la reanudación del debate, dado que los abogados de otras partes anunciaron que se sumarán a ese planteo.
El pedido de recusación se basó en la presunción de que que ambos serían amigos entre sí e integrarían un equipo de fútbol que disputó encuentros en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, como publicó el último fin de semana el diario Página/12, según sostuvieron los abogados de la vicepresidenta en el escrito al que tuvo acceso Télam.
“Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas”, sostuvieron los abogados de la vicepresidenta.
El planteo había sido adelantado por la propia Vicepresidenta a través de su cuenta personal de Twitter, desde donde se hizo eco de la publicación periodística: “He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta”, denunció.
Al inicio de la audiencia y tras conocer los planteos en su contra, el fiscal Luciani anticipó al tribunal oral federal (TOF) 2 su intención de responder de manera oral a los cuestionamientos para “dar máxima transparencia” a su trabajo y al juicio.
“Este Ministerio Público va a querer contestar, si es posible ahora, o cuando sea, el planteo de la defensa de manera oral. Creo que esto le va a dar máxima transparencia al trabajo que viene realizando este ministerio público fiscal como también a este juicio. Lo puedo hacer ahora, si es que quieren, no tengo ningún inconveniente”, sostuvo.
Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso resolvieron que la recusación se tramite por “incidente”, es decir de manera paralela a la continuidad del debate, mientras que el magistrado Giménez Uriburu, que también fue recusado, siguió la escena a través de la plataforma virtual zoom, en silencio y con un mate en la mano.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. (Foto: Imagen de TV).
El comentario entre los abogados que participan del debate fue que ese mate tenía grabado el logo de `Liverpool`, precisamente el equipo de fútbol que integró junto al fiscal en la quinta del expresidente Macri.
Al conocerse la recusación, otras defensas anunciaron que también pedirán por escrito apartar al fiscal y al juez Giménez Uriburu, entre ellas las de los acusados exministros de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez.
Una vez que estén hechas todas las presentaciones el tribunal decidirá cómo tramitarlas: lo más probable es que lo haga de forma conjunta, por lo que el próximo paso sería que tanto el juez como el fiscal recusados presenten sus informes de modo oral o escrito.
Superada la primera parte de la audiencia, donde el tema de los apartamientos posibles centralizó el debate, el juez Gorini dispuso continuar con el alegato fiscal y Luciani tomó la palabra para analizar obras de remediación de canteras en Santa Cruz, adjudicadas a Báez y que calificó como “la caja clandestina” del empresario dueño de Austral Construcciones.
“Fue sorprendente ver que la maniobra era tan burda”, afirmó Luciani y consideró que se trató de una “excusa para transferir fondos del Estado nacional a Lázaro Báez”.
En otro tramo de su alegato, el fiscal se refirió también a las ampliaciones de plazo para algunas de las 51 obras que se analizan en este juicio.
Se refirió particularmente a una, cuyo plazo debió ampliarse cuando ya estaba por cumplirse el original, porque la longitud de la ruta a realizar era mayor a la estipulada.
“Queda expuesta la falta de previsión reconocida por la misma empresa y por la administración al advertir que la longitud de la ruta era mayor (…) La empresa contratista era la verdadera proponente de los cambios. Se trató de una herramienta más para prolongar la vida de cada proyecto, para asegurarse un flujo de fondos continuo y que el dinero migrara hacia las firmas de Báez”, remató.
> Con información de TÉLAM.
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