El abogado Juan Carlos Vega reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “los Estados Unidos y Texas cumplan con la ley y acaten las decisiones de derecho internacional. Nadie puede estar por encima de la ley y menos para avalar racismo judicial como ha ocurrido con Víctor Saldaño”.
También expresó junto con la madre de Saldaño, Lidia Guerrero, que “no aceptamos ninguna clemencia, perdón o indulto por parte de Texas ni el gobierno federal. Si lo quieren asesinar que lo hagan, pero no pediremos perdón a quienes son los responsable de racismo judicial y tortura”.
Saldaño tiene 48 años, 26 de los cuales ha estado encarcelado, la mayor parte en el llamado “Corredor de la Muerte”, a la espera de su ejecución, por lo que su estado psicológico es grave. El argentino fue acusado del asesinato del comerciante estadounidense Paul Ray King en 1995, dos veces condenado a muerte, y dos veces anuladas esas sentencias por la CIDH, por las concepciones racistas de la Justicia estadounidense. La primera anulación, derivó en un nuevo juicio, cuyo resultado y proceso fue nuevamente cuestionado por la CIDH, y este mandato es el que todavía no ha sido cumplimentado por el gobierno estadounidense.
Vega dijo ayer a ENREDACCIÓN que “hay dos temas centrales que se instalan por primera vez en la Comisión Interamericana. El primero, es el racismo en el sistema judicial más garantista que tiene el mundo. Ese no es un discurso político, sino que está probado por la Suprema Corte de Justicia de EE.UU y por la Comisión Interamericana. El segundo, es el desprecio, el rechazo de los EE.UU de todo lo que signifique el orden jurídico internacional. Esta conducta de EE.UU. siempre existió, lo que pasa es con el caso Saldaño se vieron obligados a que lo hicieran expreso”.
Dijo además que “es importante destacar también que el caso Saldaño no es, a esta altura, un caso de pena de muerte ni tampoco que se debata que si es culpable o inocente. El debate está centrado en lo que yo planteé en el año 1998, es decir, hace 23 años: el racismo en el sistema judicial y la desigualdad manifiesta ante la ley de ciudadanos entre ciudadanos de distintos colores de piel”.
El abogado recordó luego que “hemos llevado adelante esta lucha con muy poco apoyo. Los únicos apoyos que hemos tenido han sido del WOLA, que nos apoyó durante 5 años; Columbia University; y el Papa Francisco. Ningún organismo de derechos humanos de Argentina nos apoyó en estos 23 años en este tema. Menos aún la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba, que brilló por su ausencia. Se supone que es la encargada de apoyar estas causas. Tampoco la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. ¿Y por qué? Porque no pertenezco al partido dominante”.
El Papa Francisco recibió a Lidia Guerrero y el abogado Juan Carlos Vega. (Foto: Archivo).
LA PRESENTACIÓN
El abogado resaltó durante la presentación los siguientes hechos en su presentación, que “hace 25 años que Víctor Saldaño está en el Corredor de la Muerte del Estado de Texas. Es decir en condiciones de Tortura o al menos, en tratos inhumanos, crueles o degradantes”.
Señaló que “en el 2001, la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. declaro nula la primera condena de muerte de Victor Saldaño por esta impregnada de Racismo. Mientras que la segunda condena de muerte en el año 2005 fue una farsa porque se juzgó a un loco con absoluta incapacidad para defenderse”.
Agregó que “la Comisión Interamericana en el año 2016 dicta su Informe de Fondo 76/16 que declara la nulidad por racismo judicial de las 2 condenas de muerte en contra de Saldaño y ordena su liberación del corredor de la muerte y la reparación integral a las víctimas” y en ese sentido, planteó que “hace 4 años y 6 meses que los EEUU no cumplen en nada con las recomendaciones contenidas en ese Informe de Fondo (el equivalente de un fallo judicial)”.
Posteriormente, insistió en que “la conducta violatoria de la Declaración Americana por parte del Estado no se agota en el Racismo Judicial. El Estado en las seis reuniones de Trabajo ante la Comisión desde el Informe de Fondo, ha sostenido públicamente lo siguiente: Que no va cumplir de manera alguna con las Recomendaciones de la Comisión porque no está jurídicamente obligado ya que la Declaración Americana no tiene fuerza jurídica obligatoria para los EEUU. Tampoco lo tiene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esto significa que estamos ante un Estado que viola la Declaración Americana de Derechos Humanos. Es decir, que el Racismo Judicial probado ha sido avalado y legitimado por la conducta de los EEUU posterior al Informe de Fondo. El hecho de negarse a cumplir con los mandatos de la Comisión y desconocer el valor jurídico vinculante de la Declaración Americana y de la Convención de Viena, agrava la conducta del Estado”.
A partir de ello, Vega reclamó una serie de medidas contra Estados Unidos:
-Que la CIDH redacte un informe especial para presentar a la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) denunciando la conducta del Estado de racismo judicial y la conducta de no cumplir con las recomendaciones de la Comisión y de declarar que no se sienten obligados por la Declaración Americana ni por la Convención de Viena”.
-El Informe de Fondo 76/16 dispuso que era procedente la reparación integral a las víctimas. Pero no fijó los montos. Queremos que la Comisión fije esos montos de la ordenada reparación integral por 24 años de tortura en el Corredor de la Muerte, en la suma de 10 millones de dólares. En el Sistema Interamericano no hay violación a los DD.HH. sin la obligación reparatoria del Estado responsable. (…) El monto que pedimos es el mínimo necesario para pagar la internación psiquiátrica de Saldaño en lo que reste de su vida”.
-No sería correcto ni legal que los EE.UU. queden impunes jurídica y políticamente por los actos de Racismos probados y por la conducta de declarar públicamente que no cumplirán nada de lo que resuelva la Comisión. Fijar la Reparación integral es una medida que evita que la impunidad del Estado fundado en que es la potencia más grande del mundo, sea cristalizada. Ambas medidas que proponemos las víctimas buscan evitar la impunidad por prácticas racistas y ambas medidas deben ser entendidas como ejemplares en el sentido de la igualdad ante la Ley.
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