La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) resolvió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuará cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en Buenos Aires, manteniendo el uso de la tobillera electrónica y las restricciones a las visitas.
Cabe recordar que Fernández de Kirchner fue proscripta por vía de una controvertida sentencia en la denominada Causa Vialidad. El fallo fue dictado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ratificó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. La titular del peronismo cumple la pena en su departamento del barrio de Constitución.
La decisión, tomada por unanimidad por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, desestimó los recursos presentados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado que la titular del Partido Justicialista cumpliera su condena en el Servicio Penitenciario Federal o en un domicilio diferente.
El fallo, en línea con lo planteado por el fiscal general Diego Vilar, confirmó el desistimiento del recurso de casación de los fiscales y tuvo en cuenta un informe socioambiental solicitado por el juez Jorge Gorini del TOF 2. Los magistrados destacaron que las tensiones en el barrio de Constitución, derivadas de la condena confirmada por la Corte Suprema el pasado 10 de junio, han “cesado”, por lo que no se justifica un cambio de domicilio en este momento. Sin embargo, Borinsky aclaró que en el futuro podrían evaluarse otras opciones para garantizar “la tranquilidad pública y la paz social”.
Por mayoría, con los votos de Hornos y Barroetaveña, se mantuvieron las limitaciones para las visitas al domicilio de Fernández de Kirchner. Solo podrán ingresar las personas incluidas en una lista presentada por la defensa, que abarca a familiares, abogados y un grupo reducido de allegados, previa autorización del Tribunal. Borinsky, en un voto disidente, argumentó que estas restricciones carecen de sustento legal y violan los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.
La obligación de usar la tobillera electrónica también fue ratificada por Hornos y Barroetaveña. Borinsky, en disidencia, consideró que el dispositivo es innecesario, ya que la expresidenta es una figura pública, siempre se presentó a derecho y cuenta con custodia permanente, lo que asegura un control suficiente de su condena.
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