El fiscal general ante la Cámara Federal porteña reclamó este lunes que se anule el fallo que sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri y a otros funcionarios de su gobierno en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y calificó esa resolución como “arbitraria”.
El fiscal José Luis Agüero Iturbe presentó una apelación de 40 páginas en la que ponderó la “trascendencia institucional” de lo investigado y en la que resaltó que la causa “no puede ser cerrada caprichosamente”.
“Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla”, expuso Agüero Iturbe en su presentación.
Para el fiscal, la Cámara Federal de Casación Penal debe anular el fallo dictado por el tribunal de apelaciones y Macri -que había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava- debe ser vuelto a indagar en Comodoro Py dado que, a su criterio, el procesamiento excedía aquello que se le había imputado.
El fiscal Agüero Iturbe fue crítico de lo resuelto por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes achacó no haber analizado debidamente el avasallamiento del derechos de las víctimas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal.
Esos camaristas sostuvieron en su fallo del pasado 15 de julio que las maniobras investigadas como espionaje ilegal eran, en realidad, tareas de inteligencia habilitadas en el afán de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri.
“Los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación”, sostuvo el fiscal y remarcó que, de esa manera, omitieron “considerar que ciudadanos comunes y corrientes (…) no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse”, sostuvo el fiscal.
Remarcó que, por el contrario, “se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos”.
“Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, enfatizó.
Y en ese sentido, agregó: “Repugna al sentido más básico de justicia que se considere que ´los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales –entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior”.
“Ello, frente a cualquier riesgo, como por ejemplo la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia´”, remarcó el fiscal Agüero Iturbe, citando el fallo de la Cámara Federal porteña.
El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que “en ningún momento” las víctimas hicieron referencia alguna “ni si quiera de modo potencial acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república”.
“A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuesto a sostener”, ironizó.
Al inicio del dictamen de 40 páginas al que tuvo acceso Télam, el fiscal sostuvo que desde hace tiempo sostiene “invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente”.
“No puedo hoy borrar con el codo lo que escribí con la mano. Una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados y por eso, dictaminé como lo hice en anterior oportunidad, no obstante, las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, aseveró.
La presentación del fiscal se produjo casi en simultaneo con la primera de las apelaciones presentada por las querellas, la del abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del San Juan, quien además denunció ante el Consejo de la Magistratura a los jueces que sobreseyeron a Macri.
Para Tagliapietra “el accionar de los (jueces) denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios” o por “amiguismo”, según surge del pedido de juicio político que presentó donde remarcó que los magistrados se excedieron al intentar justificar la maniobras de inteligencia desplegadas sobre las familias de las víctimas.
Las apelaciones se dieron en el primer día de actividad judicial tras el receso invernal, mientras que se espera que en los próximos días también formule su apelación la abogada Valeria Carreras, representante de otra de las querellas, que ya solicitó la intervención de organismos internacionales para que den seguimiento al expediente.
“La querella mayoritaria de familiares, ve como un gesto positivo que por parte del Ministerio Público Fiscal se hayan expuesto los argumentos que contra este fallo escandaloso veníamos gritando a los 4 vientos en esta feria judicial”, sostuvo la abogada Carreras a través de un comunicado.
“El fiscal apela el sobreseimiento masivo de los procesados pero también insta a seguir con la investigación, plantea la aberración de haber revictimizado a las victimas de espionaje ilegal, cuestiona la legalización de las tareas de inteligencia montados sobre la equiparación de las victimas a las de terroristas, justamente lo que más indignó a las familias”, remarcó.
En esta causa se investiga la presunta obtención de información y producción de inteligencia ilegal sobre los familiares y allegados de las víctimas del Submarino ARA San Juan y los buques “El Repunte” y “El Rigel”.
Las actividades de inteligencia habrían tenido, según la investigación, la particular finalidad de influir en la situación política e institucional del país, puntualmente en los reclamos que realizaban los allegados a quienes perdieron sus vidas en las embarcaciones mencionadas.
En diciembre pasado, el juez federal de Dolores, por entonces a cargo de la investigación, consideró que las acciones supuestamente cometidas -de obtención de información y producción de inteligencia- buscaban en definitiva influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento.
En primera instancia Macri había sido procesado al igual que los jefes que el designó en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes luego fueron beneficiados por los sobreseimientos dictados por la sala primera de la Cámara Federal porteña.
> Con información de TÉLAM.
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