La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) consideró que los anuncios realizados por el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, “buscan equilibrios en el corto plazo sobre la base de la entrada de divisas para recomponer las reservas del BCRA y reorientar las expectativas tras un fuerte ataque especulativo por parte de grupos concentrados locales y extranjeros, junto con sus voceros políticos y mediáticos”.
A través de un documento que lleva las firmas de el presidente Julián Moreno; y el secretario de la entidad, Juan José Sisca, APYME señaló que “el programa esbozado aborda el ingreso y cuidado de las divisas mediante aceleración de créditos de organismos internacionales, el combate de la triangulación en comercio exterior a través de la alteración de los precios de transferencia, la trazabilidad de importaciones y el crecimiento de las exportaciones”.
Luego indicó que “en cuanto al objetivo de U$S 5.000 millones como adelanto de liquidación de exportaciones, sin dudas implicará el otorgamiento de mayores incentivos para productores del agro, que se extenderán a la minería y otros sectores”.
En otro punto del texto, expresó que “es importante que se haya desechado un shock devaluatorio y que se evite abordar un ajuste fiscal a expensas de la actividad económica para cumplir con el déficit del 2,5 % comprometido para el año en curso”.
APYME demandó que “a fin de apuntalar este proceso sería provechoso impulsar proyectos legislativos en curso, como el que propone que la ilegítima deuda externa contraída por el gobierno anterior con el FMI se pague mediante el aporte de quienes tienen grandes fortunas sin declarar en el exterior, y también el que apunta a gravar las “ganancias inesperadas”.
Por último, la entidad considera fundamental que “se haya señalado la inflación como el principal problema para el consumo y la producción local. En este sentido es coherente fortalecer una política de ingresos, aunque será difícil sostenerla si al mismo tiempo no se concreta una decidida intervención del Estado para sancionar abusos de posición dominante por parte de los grandes grupos formadores de precios que se apropian de esos incrementos”.
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