Las restricciones para prevenir contagios de coronavirus no gozan de “unanimidad” en ningún lugar del planeta. Eso está más que claro. No importa si se trata de la “civilizada” Europa o la “subdesarollada” Latinoamérica. El gobernador Juan Schiaretti sostuvo hasta ahora, respecto de las cuarentenas, una política sanitaria diferenciada de Nación en los momentos más calientes de la pandemia. En esa línea, impulsó el concepto de mantener la actividad económica aumentando la disponibilidad de camas críticas para atender a los enfermos. Hubo zozobra en el pico de la segunda ola, en junio, con varios días en los que las guardias de muchos centros de salud tuvieron enfermos con respirador, pero el sistema “aguantó”.
No se puede obviar que gracias a las restricciones sanitarias -más duras las promovidas por Nación, más suaves las aplicadas por Provincia-, disminuyeron de modo abrupto los contagios, aunque la meseta de casos en la que nos encontramos es más elevada que el punto de partida de la segunda ola en marzo-abril de 2021.
La llegada de la variante Delta a través de una persona peruana de 62 años que vive en Argentina y que no respetó el aislamiento, contagiando a familiares, agrega un nuevo elemento a la disputa por el sentido de las políticas sanitarias.
Existen dos puntas para enfrentar esta cuestión. Una, la que expresa el médico sanitarista Oscar Atienza, candidato a diputado nacional por el Espacio de Acción Colectiva, afirmó que en una entrevista con Cadena 3 que al Estado le sale más barato pagar todos los gastos de aislamientos que atender los costos de la atención en el sistema de salud una vez que se producen los contagios.
Otra, la que muestra el Ministerio de Salud de la provincia. Según informó este fin de semana, en Córdoba sólo irán a hoteles, para garantizar el aislamiento, los viajeros que den positivo de coronavirus y tengan la variante Delta y sus contactos estrechos. Le juega a favor que aún no hay “transmisión comunitaria”, esto es, que se desconozca el paciente cero. Sin embargo, parece cuestión de semanas que ese riesgo pueda materializarse.
Justamente, el aislamiento en hoteles sanitarios fue la sugerencia de Nación y motivó un reproche a Córdoba de la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano. La provincia había decidido permitir el aislamiento domiciliario, con seguimiento telefónico. Pero Nación no ha conseguido convencer a 21 de los 24 gobernadores de lo adecuado de esa resolución. Por lo tanto, es más administrativa que real.
Parece obvio que, a esta altura, Schiaretti no quiere quedar del lado de los que prohíben actividades o imponen medidas severas de control. Por ese camino ha transitado estos primeros 16 meses de pandemia. Nada indica que vaya a cambiar de ruta, dado que la crisis sanitaria no explotó con su peor cara en la provincia (muertes o colapso del sistema sanitario). Es relativo si esa receta es eficaz o no contra la diseminación del virus, de hecho Córdoba tiene proporcionalmente más positivos que provincia de Buenos Aires y CABA. El centro, es el debate que tiene como objetivo la opinión pública. Allí se cruzan los que rechazan de plano las medidas restrictivas, tanto fuerzas políticas como ciudadanos, y los que las apoyan. La posición de Schiaretti, respecto a este tema, le ha permitido diferenciarse con el kirchnerismo nacional y sintonizar con el electorado más conservador de la provincia.
No es esperable otro tipo de decisiones, ya que el gobierno nacional ha fragmentado la política sanitaria y trata de que el peso de algunas decisiones impopulares las paguen los gobernadores. Y los gobernadores se lo han trasladado a los intendentes o, como en Córdoba, a las decisiones individuales, como las del ciudadano peruano. En el relato oficial, la salud pública depende de la responsabilidad individual, cuando el componente determinante es el factor colectivo, es decir, la acción estatal para conducir la crisis. Dentro de ese contexto, debe incluirse la capacidad de construir consensos sociales y culturales.
Tampoco va a recibir críticas importantes desde Juntos por el Cambio, al menos del ala dura, la más macrista, porque allí prima la idea de que el Estado no debe “obligar” a los ciudadanos.
La aparición de la variante Delta en San Francisco, a través de una mujer cordobesa que viajó a Estados Unidos y se trasladó en auto desde Ezeiza hasta su ciudad, permite observar la porosidad de las medidas sanitarias resueltas por la Nación y la Provincia, que por un lado autoriza el ingreso de poco más de 600 pasajeros diarios desde el exterior; y por otro, deja librado todo a la buena fe individual. Carignano había señalado días atrás que el 64% de las personas que manifiestan la variante Delta, lo habían hecho mientras cursaban la cuarentena. La mujer de San Francisco y su hija dieron negativo en Buenos Aires, mientras su esposo y dos hijos dieron positivo. Ambas eran contactos estrechos de los enfermos. ¿Qué hacía suponer que no expresarían la enfermedad?
Más allá del éxito electoral o no de las medidas oficiales y el discurso puesto en marcha para justificar estos dispositivos, es evidente que la burocracia estatal sólo toma medidas para “la tribuna”, no para solucionar el o los problemas que derivan del riesgo de la variante Delta, más contagiosa que las originales.
Sólo Córdoba, recibe a diario unos 80 pasajeros desde el exterior. Son 2400 personas por mes. ¿Cuál de ellos será una nueva bomba sanitaria?
>> LAS MEDIDAS CORDOBESAS
No hay circulación comunitaria de la variante Delta (que se desconozca quién fue el paciente cero de un brote).
En caso de que se positivice durante la cuarentena y el análisis verifique que tienen la variante Delta, la Provincia exigirá de ahora en más que cursen el aislamiento en hoteles sanitarios. Tanto ellos como sus contactos estrechos. Los hoteles y controles serán pagados por la provincia.
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