El detenido ex jefe de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Alan Ruiz admitió ayer ante la Justicia que hizo tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria y la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sostuvo que fueron acciones que estaban “justificadas legalmente”.
Por su parte, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, acusó al ex presidente Mauricio Macri de montar una estructura de espionaje ilegal para “investigar” a gremialistas y referentes de organizaciones sociales, al advertir que el ex mandatario tenía una “obsesión con los opositores”.
Y una mujer ex agente de la AFI declaró en el Congreso que toda la información que conseguía la elevaba de “manera pormenorizada” a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Ruiz declaró varias horas ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, quien sustancia la causa por las tareas de seguimiento supuestamente ilegales sobre el Instituto Patria durante el gobierno de Macri.
El ex espía, quien fue detenido el último fin de semana y ayer pidió la excarcelación, aseguró además que “no hubo escuchas telefónicas ni filmaciones” e insistió con su creencia sobre la legalidad de los operativos, informaron a Télam fuentes del caso.
Imputado por presunta violación de la ley de inteligencia y falsedad de documentos públicos, Ruiz “negó haber hecho tareas ilegales y afirmó que estaban justificadas legalmente”, insistieron las fuentes.
La violación de la ley de Inteligencia se le achaca por el presunto espionaje sobre el Instituto Patria y el domicilio de la ex presidenta, y la falsedad de documento público se le imputa por el material utilizado para justificar esas dos operaciones.
Los portavoces indicaron que Ruiz dijo que “efectivamente participó de los operativos en torno a esos dos domicilios, pero dijo que fueron en un marco de legalidad porque estaban sindicados como lugares de posibles atentados”.
Además, dejaron trascender que “otros lugares probables en los que se hicieron operativos de ‘vigilancia externa en perímetros'” fueron la casa del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y la de la ex ministra de Salud kirchnerista y actual diputada macrista Graciela Ocaña.
También, añadieron, confirmó que “en algunos casos las órdenes para esos operativos emanaban directamente” de Silvia Majdalani, la ex número dos de la AFI, detrás del por entonces director del organismo Gustavo Arribas.
Por su parte, Pablo Moyano compareció en el juzgado Federal de Lomas de Zamora de Federico Villena, quien lleva adelante una investigación por supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la AFI y distintas fuerzas federales de seguridad durante el gobierno de Cambiemos, de 2015 a 2019.
Macri “se dedicó a perseguir e inventar causas a los que nos oponíamos a sus políticas económicas”, sostuvo Moyano, e indicó que, tras ver las fotos, documentos, videos y escuchar los audios que darían cuenta del seguimiento en su contra, junto con su abogado Daniel Llermanos decidieron presentarse como querellantes en el expediente.
El dirigente sindical había sido convocado junto con su padre y jefe del gremio, Hugo Moyano, quien finalmente no asistió a la audiencia como medida preventiva frente al avance del coronavirus, según explicaron fuentes allegadas al gremialista.
“Un bochorno asqueroso, repugnante, lo que hizo el gobierno del ex presidente espía Mauricio Macri. Quedó claro cómo presionaban a los barras (bravas) para acusar a Hugo y Pablo Moyano. Todo porque nos habíamos opuesto a la reforma laboral. Quedó claro hoy que lo de la causa de Independiente fue bochornoso”, sostuvo Pablo Moyano, en referencia al papel que ocupan como dirigentes de ese club.
El supuesto direccionamiento de los dichos de los barras de Independiente ya había sido denunciado ante la Justicia por el abogado y ex agente de la AFI Facundo Melo, quien sostuvo que sus superiores en el organismo lo instaban a que hiciera que su entonces defendido, el barrabrava Damian Lagarone, declarara en contra de los sindicalistas.
Tanto Melo como Ruiz, quien era su superior, se encuentran investigados en la causa que lleva adelante Villena y en la que se detectó, además, que durante el gobierno de Macri el Servicio Penitenciario Federal adquirió micrófonos y cámaras que se habrían utilizado para espiar dentro de las cárceles.
A la vez, la ex agente de la AFI Mercedes Funes Silva sostuvo ayer por escrito ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso que toda la información que recolectaba el equipo que integraba “subía de manera pormenorizada” a Majdalani y Arribas.
La ex espía fue citada a declarar ante la comisión pero se limitó a presentar un escrito de su autoría.
En la Legislatura porteña, en tanto, el bloque del Frente de Todos presentó un proyecto para crear una “comisión investigadora sobre los hechos de espionaje ilegal que vinculan a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y funcionarios del gobierno” local.
El proyecto postula que se investigue la “responsabilidad” de las autoridades de la Policía de la Ciudad y de funcionarios del gobierno porteño sobre el traslado de cinco efectivos de esa fuerza a la AFI durante la gestión de Cambiemos.
El FdT había pedido días atrás a Santilli, presidente del cuerpo, que citara al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a una sesión informativa especial para que explicara esos traslados y sus propósitos, pero esa sesión no se realizó porque Vamos Juntos (VJ) y otros bloques aliados al oficialismo no dieron quórum.
