“Lo que ocurrió en San Vicente, es la trágica punta del iceberg de la situación que muchas veces sufren de manera cotidiana los trabajadores en su ámbito de trabajo. La violencia laboral es un malestar que crece al mismo ritmo que gobiernos y empresarios aumentan los ritmos de trabajo, la precarización y flexibilización, donde los trabajadores perdemos condiciones de trabajo, y por lo tanto condiciones de vida”, afirma Ezequiel Peressini, legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
Agrega que “los profesionales de la salud especialistas en salud laboral vienen denunciando esta situación. Con las reformas laborales de la década del ’90 y las que ya se planean para este año se buscan imponer nuevas formas de explotación. Lo hicieron con las privatizaciones de empresas estatales donde miles perdieron su trabajo, con las Leyes de Flexibilización Laboral y la Ley “Banelco” sancionada bajo el Gobierno de De la Rúa, entre tantos otros acuerdos que permitieron ampliar la jornada laboral, nuevas formas de contratación, aumentaron los despidos, la híper exigencia laboral y el pluriempleo. Estos determinantes políticos modificaron las características del trabajo en nuestro país y con ellas el ambiente en el cual los trabajadores desempeñan la tarea”.
Según datos de la Oficina de Asesoramiento en Violencia laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, “del total de los trabajadores que denunciaron situaciones de violencia, el 89% sufrió violencia psicológica. Quienes más sufren esta situación son los trabajadores jóvenes, con menor antigüedad y las mujeres, en particular quienes están embarazadas. Lo más llamativo es que la violencia laboral es, en su mayoría, ejercida por un superior jerárquico, y el mayor desencadenante de la violencia son los reclamos laborales (30% de los casos)”.
El FIT denuncia además que “hace más de un año un proyecto en la legislatura de la provincia de Córdoba para prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral y brindar protección a los y las trabajadores víctimas y a quienes sean denunciantes y/o testigos de los actos violentos en el ámbito laboral”, pero aún se encuentra sin tratamiento.
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