El periodista y escritor Julián Maradeo se propuso desmenuzar la compleja trama de relaciones que la agencia estadounidense de la DEA (Drug Enforcement Administration) forjó en la Argentina durante casi 50 años mediante el tejido de una red de relaciones que incluyen cajas de dólares en negro, vínculos opacos y actividades que burlan la legalidad.
“La DEA en la Argentina. Una historia criminal” es un libro, publicado por editorial Planeta, que describe un aceitado sistema de cooptación de policías, fiscales, jueces y funcionarios que Maradeo propone “transparentar” y poner en discusión.
“No estoy en contra de la DEA y no busco demonizarla. Creo que en una época en la cual el crimen está transnacionalizado su estructura global de inteligencia es imprescindible. Pero que tenemos que proponernos un debate sin hipocresías sobre si vamos a permitir que haga lo que se le antoje o se atenga a los acuerdos bilaterales que establecen cómo debe funcionar en Argentina”, sostuvo en autor en diálogo con Télam.
¿Cómo se desarrolla la actividad de la DEA en Argentina?
Desde 1973, poco después de su creación, la DEA llega a Argentina y comienza a cooptar capas del área de drogas peligrosas de la Policía Federal, luego de las fuerzas de seguridad como Gendarmería, las policías provinciales, los fiscales, los jueces y los ministros. Pero a lo largo de los años modificó esas formas de cooptación. Por acuerdos bilaterales, la DEA puede capacitar a los efectivos de las fuerzas y a los funcionarios locales o compartir información. No puede poner a disposición de las fuerzas de seguridad y los grupos operativos conjuntos cajas de dólares en negro, algo que incluso figura en documentos oficiales. Tenemos que discutir cómo transparentamos los vínculos que tiene la DEA en Argentina.
La DEA surgió por impulso del gobierno del presidente de los Estados Unidos Richard Nixon en el contexto de una declarada “Guerra a las drogas” lanzada por esa administración republicana a principios de la década de los ’70.
En en Argentina, esta agencia trabaja con enlaces que se desempeñan como empleados de la embajada de Estados Unidos e informantes, explicó Maradeo.
René Abraham Tenenbaum, luchador de la troupe que lideraba Martí Karadagian en el programa “Titanes en el Ring”, fue el primer contacto que la DEA tuvo en Argentina, y desde 1997, Guillermo González, ex comisario de la Policía bonaerense, es el nexo local de la agencia en el país.
En la actualidad, John Wallace, un policía formado en el Departamento de Policía de San Luis (Missouri) es el jefe de la DEA en la Argentina.
¿Por qué es tan importante esa diferencia entre el empleado local y el agente de la DEA?
Los agentes de la DEA son estadounidenses que llegan a Argentina y deben contactarse con funcionarios locales que no conocen. González se encarga de ponerlos en contacto con policías, jueces y fiscales de turno y armar un GPS para que conozcan el terreno. Los argentinos que trabajan en la DEA son empleados de la Embajada de Estados Unidos y sus agentes poseen el país inmunidad diplomática. Si hay alguna acusación contra ellos, debe intervenir directamente la Corte Suprema.
En el inicio del libro se cuanta cómo la DEA, con anuencia de la dictadura, secuestró en Argentina al traficante Francoise Chiappe y desarrolló otras operaciones ilegales, pero con los años los métodos fueron cambiando.
Se sofisticaron. En los años ’70, los agentes de la DEA participaban de secuestros, pero el término “extradición de facto” era algo que les molestaba mucho. Cuando no conseguían que un juez diera una extradición armaban operativos y terminaban secuestrando personas. Es algo que pasó en México, Colombia y en Argentina. Tras el asesinato en México del agente Kiki Camarena, la DEA raptó en ese país a Humberto Álvarez Machain -un médico que lo mantuvo vivo mientras lo torturaban- y la justicia de Estados Unidos determinó que esa detención había sido ilegal y debieron repatriar al sospechoso.
Eso motivó un cambio. La DEA se enfocó entonces en la cooptación. Un abogado me lo describió de manera muy precisa: “La DEA crea eventos formales con fines informales”. Así es cómo organizan cursos de capacitación, pagan viajes y ponen recursos a disposición de los funcionarios. Así es cómo se trabajan los vínculos y nada queda librado al azar. De esa manera es cómo llegan a producir prueba en Argentina, algo que es ilegal. En el libro se cuenta el caso de detenidos que fueron llevados a declarar primero a la Embajada antes que a un juzgado, en una causa en la que intervino la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie advirtió que eso era ilegal.
¿Qué pasa con el funcionario que queda por fuera de esa red de relaciones?
Pueden quedar al margen de todo y no acceden a buena información. Muchos de los entrevistados me dijeron que la relación con la DEA es “una cuestión de tono”. Cada funcionario es el encargado de poner el límite y de eso depende la opacidad del vínculo. Si un juez o fiscal se niega a convalidar un procedimiento con irregularidades, aparece otro que sí está dispuesto. Hay un caso que muestra todo esto a la perfección. Un policía de Jujuy que fue invitado a un curso a Buenos Aires con todos los gastos pagos, alojamiento en un hotel de cinco estrellas y mil dólares para viáticos. Cuando volvió a su provincia y contó la experiencia que vivió, todos sus compañeros hacían cola para que los invitaran al próximo curso. La DEA trabaja con el tiempo hasta que tiene a quien le interesa en su red.
¿La DEA veta funcionarios?
No tengo ese dato. La DEA trabaja con quien le sea útil. Tenemos el caso del juez de Orán, Raúl Reynoso, que está preso por negociar con narcos. Fue premiado y trabajó diez años con la DEA. Eso demuestra que esta agencia no tiene problemas con las ilegalidades de su contraparte. Cuando cae, cae. Lo grave es que las contrapartes argentinas siempre están al tanto.
¿La DEA establece un mecanismo de control del negocio del narcotráfico?
Lo que le interesa es mantener vínculos de excepción en función de sus intereses y de la agenda norteamericana. No le interesa lo que pasa en Rosario, siempre y cuando no salga un cargamento desde ahí para los Estados Unidos. De todos modos, la DEA no puede demostrar que con su injerencia se haya mejorado la situación con respecto al narcotráfico en algún lugar. Está por cumplir 50 años y no lo puede hacer.
¿La DEA sigue viendo a Argentina como un país de tránsito?
Sigue pensando eso, pero sostiene que Argentina crece en sus capacidades de producir precursores químicos para fabricar drogas. Lo ve como un productor en ascenso, pero que no todavía no tiene la importancia de otros países. En los informes anuales de la DEA, Argentina ocupa una página y media, como mucho Y siempre en relación a lo que pasa en Bolivia y Paraguay. Argentina no tiene un cártel, no hay ningún analista serio que lo diga.
¿Qué pasa actualmente con el concepto de “Guerra contra las drogas” que motivó hace 50 años la creación de la DEA?
Nadie en la DEA cree en la Guerra contra las drogas. La DEA y los Estados Unidos usan ese concepto como una escusa para otras cosas como plantar relaciones de excepción con policías y jueces. Es lo que hable con los exagentes que me dieron sus testimonios para el libro.
Cuenta que el macrismo tuvo buenos vínculos con la DEA.
Sí, y creo que si el macrismo vuelve al gobierno puede cumplir un viejo anhelo de la DEA que es la militarización de la lucha contra las drogas. Hubo un decreto de Mauricio Macri que iba en ese sentido y que Alberto Fernández derogó.
En el subtitulo del libro se habla de “una historia criminal”. ¿Quién está cometiendo el crimen?
Las dos partes. La historia de la DEA en Argentina es una es una historia alrededor de delitos y con una contraparte local que es consciente de lo que pasa y no hace nada.
Por Leonardo Castillo / TÉLAM.
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