Alberto Pérez, jefe de Gabinete de la gestión del ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, solicitó este martes ser parte querellante en la investigación sobre el accionar de una mesa judicial provincial durante la administración de María Eugenia Vidal, que según la acusación, armaba causas judiciales para perseguir a sindicalistas.
En declaraciones a Télam, Pérez explicó que se presentó ante la Justicia Federal “a ratificar la denuncia por haber sido víctima del espionaje ilegal durante el gobierno de Vidal”.
En el escrito presentado por Pérez ante el juez federal Ernesto Kreplak se destacó que en el marco de la mesa judicial se llevaron a cabo “una serie de episodios de espionaje ilegal, cometidos por quienes fueran los máximos responsables del gobierno provincial entre los años 2015-2019”.
Pérez -que actualmente integra el directorio del Banco Hipotecario- solicitó “ser tenido por parte querellante habida cuenta de mi carácter de particular damnificado, puesto que he sido ilegalmente espiado, junto a distintas personas de mi entorno y a centenares de opositores al entonces gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante la recolección de información ilegal”.
Para el funcionario, esta información ilegal “luego era entregada a medios periodísticos afines con el objeto de realizar campañas mediáticas y nutrir de información a fiscales y jueces para alentar persecuciones judiciales también manifiestamente ilegales”.
La existencia de una mesa judicial macrista destinada a armar causas contra sindicalistas durante la gestión anterior se reveló cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detectó una filmación registrada en 2017 en dependencias del Banco Provincia.
En el video aparecían el entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas; su par de Infraestructura, Roberto Gigante; Adrián Grassi, que era subsecretario de Justicia; el senador Juan Pablo Allan y el intendente local, Julio Garro.
Además, se encontraban empresarios y los espías Juan Sebastián De Stéfano, director de Jurídicos de la AFI, y Darío Biorci, jefe de Gabinete del organismo de inteligencia durante la gestión de Juntos por el Cambio y cuñado de Silvia Majdalani, exsubdirectora de la ex SIDE.
En el encuentro, Villegas expresaba su deseo de tener una “Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para “embestir contra los gremios”.
A la vez, Pérez pidió que se tome declaración al subcomisario Hernán Casassa, quien durante el gobierno de JxC encabezó los allanamientos a su vivienda y al exsubsecretario de Asuntos Administrativos Walter Carbone.
El efectivo policial también estuvo a cargo de requisar la casa, la empresa y hasta el club del exgobernador Scioli y casi cien domicilios más.
Para Pérez, en los audios aportados a la Justicia, Casassa “ha sido especialmente claro al describir la mecánica de este perverso método para fabricar imputaciones penales falsas y ulteriores persecuciones ilegales” y reiteró: “En el gobierno de Vidal se espió ilegalmente a opositores y ello quedó demostrado ahora por el audio”.
“Allí Casassa reconoce que se usaban Nosis (sistema de información económica), información irregular de la AFI y de la Unidad de Información Financiera (UIF) para enviársela a Elisa Carrió y que esta presente denuncias”, indicó.
Sostuvo que ello “es espionaje ilegal” y viola “la Ley Nacional de Inteligencia, porque ni la policía, ni el Ministerio de Seguridad pueden hacer inteligencia y la AFI sólo puede hacerlo con orden del juez”.
> TÉLAM.
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