(Por Eduardo Rivas *) Para ser claros comenzaremos por el principio. Estoy convencido que el bienestar general está por sobre el bienestar individual y que los derechos individuales no pueden estar por sobre los derechos colectivos de la comunidad. No es así en el sistema en el que nos regimos actualmente, si queremos cambiarlo podemos rediscutirlo todo, pero hasta que lo hagamos debemos respetar lo vigente.
Dicho esto, estoy convencido en consecuencia que la vacunación contra el COVID-19 debe ser obligatoria, porque la sociedad se defiende mejor ante la epidemia con la vacuna que sin ella. Porque el sistema sanitario se resiente más si no nos vacunamos que si lo hacemos. Porque el Estado debe destinar dinero que bien podría utilizarse en otros objetivos y los dedica a quienes privilegian sus derechos pero ‘cuando las papas queman’ piden ayuda para sacarlas del horno aunque ello vaya contra su derecho a ‘cocinar papas al horno’.
Por todo esto creo que quienes están a cargo del Estado tienen que asumir la responsabilidad que les interpela la historia, no es momento de “dubitativos” ni de “acomodaticios”. Hay que hacer lo que se debe hacer.
Si se cree fundamental contar con un pasaporte sanitario, hay que volver obligatorio el plan de vacunación explicando claramente cuáles son las consecuencias de no ser parte de él, pero no se puede prohibir ciertas actividades si el plan es de carácter voluntario, la Justicia ya se expidió al respecto.
Entonces, ¿Por qué no se declara obligatorio el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19?
Quienes quisieron ocupar lugares para tomar decisiones desde el Estado no tienen el coraje para dar ese paso y entonces ponen la responsabilidad en la ciudadanía. Si no se tiene el valor de asumir la responsabilidad habrá que buscarse otro trabajo, pero gobernar es administrar y decidir, no es dudar y acomodarse.
Y en esa duda, siempre copiando mirando a Europa, se decide hacer un pasaporte sanitario que rápidamente es implementado a nivel nacional. Rapidez que curiosamente no se tiene para que quienes, por ejemplo, no cumplen con los pagos de manutención de los hijos, tras una separación, puedan sufrir una consecuencia, por no poder acceder a determinados sitios si antes no regularizan el pago. Si no tengo el pasaporte sanitario no puedo realizar un trámite ante el Estado; si no pago el alimento de mis hijos sí, curiosa vara de medición.
Pero, además, ahora se suma una cuestión adicional.
Según se sabe, y ya hay casos que lo atestiguan, tener el esquema de vacunación completo no impide el contagio y, en consecuencia, la proliferación del virus. Ya que miran a Europa, que por cierto nos ha permitido leer el libro antes de tenerlo entre manos, aunque eso no signifique tener que copiar respuestas, ‘el informe que ha realizado esta semana [finales de diciembre de 2021] el Instituto Robert Koch sobre los datos registrados de casos positivos por la variante Ómicron en Alemania, se refleja que el 95,6% de los infectados estaban totalmente vacunados’.
¿Pero entonces qué garantiza el pase sanitario?
Si puedo tener el pase sanitario y contagiarme.
Si puedo tener el pase sanitario y contagiar.
En consecuencia, la aparición de la variante Ómicron demuestra, porque ya hay contagiados que tenían tres dosis aplicadas, que el pase sanitario sólo sirve para limitar el acceso a determinadas cuestiones bajo la excusa de la vacunación, pero que en términos sanitarios no sirve para nada.
¿Será que lo que se busca es conseguir a través del pase sanitario lo que no se consigue a través de las decisiones gubernamentales?
¿Será que como no se tiene el valor de imponer la vacunación se impone el pase sanitario?
En cualquier caso queda claro que se copió mal y tarde la idea.
El pasaporte sanitario, en términos sanitarios, no sirve para nada. Sirve sí en términos de dominación y manipulación política, pero eso quedará para un próximo artículo.
* Eduardo Rivas es licenciado en Ciencias Políticas.
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