Durante todas las épocas de crisis económicas y sociales que atravesó la República Argentina (y por ende nuestra provincia también), el ajuste siempre pasó por el salario (en el caso de los trabajadores) y de los haberes jubilatorios (en el caso de los jubilados).
Este ajuste ha continuado y durante los cuatro años del macrismo se profundizó aún más.
Si hacemos memoria durante esa gestión se trató como enemigo por vencer al trabajador, se avanzó en la flexibilización laboral de actividades estatales y privadas, se intentó aprobar una nefasta neforma laboral (que en la práctica quería discutir Convenios Colectivos a la baja, es decir, eliminar derechos y conquistas históricas adquiridas logradas por el movimiento obrero nacional).
Sin dudas, hubiera sido inviable desde el punto de vista que de ser aprobada, vulneraría el principio de progresividad en materia laboral, y seguramente hubiera sido judicializada por su clara inconstitucionalidad -los derechos son irrenunciables por ley-.
Pero sí se logró aprobar una reforma jubilatoria, que en la práctica significó un nuevo recorte a los haberes de nuestros padres y de nuestros abuelos (un hecho repugnante por donde se lo vea).
Para estas administraciones, la receta pasa por ajustar y empobrecer el bolsillo de quienes trabajan y de quienes se han jubilado.
El pueblo argentino, asqueado de este tipo de políticas de derecha, votó y apostó por otro modelo de país a nivel nacional, con el anhelo de tener un gobierno (sin descartar también a representantes legislativos), que de una vez por todas se manejen como verdaderos representantes de los intereses del pueblo.
Sin embargo en esta última semana, en la provincia de Córdoba, luego de la visita del ex presidente Mauricio Macri y en medio de una interna de ese propio espacio (recordemos que estamos en año electoral), se presentó por parte de legisladores de la Unión Cívica Radical y del Pro en la Legislatura Unicameral, un proyecto que apunta a suspender durante un año el pago de la B.A.E. a las trabajadoras y trabajadores de la Epec para destinar esos fondo a la ayuda de los equipos de salud por la pandemia.
Se pretende así, que con un proyecto de ley provincial se suspenda un artículo de un Convenio Colectivo que tiene sustento en la ley nacional Nro. 14250.
Se desconoce claramente, que solo se pueden hacer modificaciones exclusivamente por expresa decisión y acuerdo de todas las partes signatarias del mismo (y no por la legislatura o por algunas de las partes signatarias de ese Convenio Colectivo de Trabajo).
Además, cualquier modificación que se implemente, debe hacerse para ampliar, mejorar, o crear nuevos derechos y conquistas; pero bajo ningún concepto para restringir, suspender o eliminar derechos y conquistas adquiridas, de conformidad a los derechos establecidos no solo en Tratador Internacionales, en las Constituciones Nacional y Provincial, en leyes nacionales, sino también como anteriormente se indicó, por lo que se establece en el Principio de Progresividad en materia laboral, porque también los derechos son irrenunciables, y porque la Legislatura Unicameral no tiene competencia alguna para pretender tener injerencia alguna, inmiscuirse un Convenio Colectivo de Trabajo.
En el mes de Abril del año 2020, el Gobernador y sus funcionarios se redujeron el 45% de sus salarios durante 4 meses (con la posibilidad de ser prorrogados), debido a la emergencia sanitaria y para contribuir a que la única prioridad sea la salud de todos los cordobeses (enviando un mensaje importante desde la política).
Por esta decisión política, el gobernador pasó a cobrar lo mismo que un director de carrera administrativa (Fuente: https://www.cba24n.com.ar/politica/el-gobernador-schiaretti-se-redujo-el-sueldo-en-un-45-por-ciento_a5e9db0c115af25409c5e568a).
Resultaría más coherente y un verdadero acto de grandeza que por ejemplo, en vez de que legisladores de la Unión Cívica Radical y del Pro, propongan ajustar el salario aún más sobre las trabajadoras y trabajadores de la Epec (que son considerados un servicio esencial y que todavía la gran mayoría de ellos no han sido vacunados contra el Covid, y pesar de ello, desde el inicio de la pandemia están trabajando incansablemente para mantener óptimamente, el servicio de energía eléctrica al pueblo de Córdoba), que ellos, y los representantes legislativos de esos espacios políticos partidarios en el Concejo Deliberante y en el Congreso de la Nación, sigan el ejemplo del gobernador y de sus funcionarios.
Es más, podrían incluso ir más allá si lo desean donar sus dietas y seguir subsistiendo de las actividades que tenían antes de ocupar una banca.
Otra propuesta que podrían hacer estos bloques de legisladores, es mediante los mecanismos legales que así lo permitan, proponer que se reduzca en un 75% la pauta publicitaria del gobierno, durante cuatro meses, con posibilidad de ser prorrogado, y que esos fondos sean destinados a los equipos de salud de Córdoba.
Es fácil siempre buscar ajustar el bolsillo de los trabajadores o de jubilados, es decir ajustar el bolsillo del pueblo.
Pero llegó la hora de decir basta.
Si hay que hacer ajuste, es tiempo de que lo haga política (reduciéndose sus salarios, sus dietas, sus gastos innecesarios en asesores y muchas cosas más).
El pueblo argentino se viene ajustando el cinturón desde hace décadas por medidas de gobiernos de turnos o por iniciativas legislativas de este tipo, que son en contra de la población.
Los trabajadores y jubilados, seguimos siendo en la actualidad ajustados en nuestros bolsillos, fundamentalmente con una inflación imparable de dos dígitos (casi estructural), que prácticamente destruye nuestros ingresos. Somos ajustados con aumentos en los impuestos, en los combustibles, en los alimentos que componen la canasta básica familiar, en los medicamentos, en definitiva, somos ciudadanos cada día más pobres, y desde la política se busca nivelar salarios y jubilaciones a la baja, lo que es inaceptable.
¿Se preocupan los Legisladores de la Unión Cívica Radical y del Pro, para que los equipos de salud tengan salarios dignos, descanso, vacaciones, insumos e infraestructura en Córdoba?
Como argentinos, votamos dirigentes en los cargos ejecutivos y representantes en los cargos legislativos; para que desde esos lugares mejoren nuestra vida.
Es tiempo de que ustedes comiencen a demostrar que merecen ocupar esos cargos, que son eficientes en su trabajo, y por sobre todo que desde esos lugares mejoren y no empeoren la vida de ningún ciudadano argentino, sea a través de políticas o por medio de leyes.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
VER La B.A.E de los trabajadores de EPEC: los derechos no son privilegios.
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