El secretario General del SUOEM, Rubén Daniele.
El fiscal Guillermo González imputó ayer al titular del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales de Córdoba (SUOEM), Rubén Daniele, por “incitación a la violencia colectiva”, a partir de sus dichos durante una asamblea general en el Palacio 6 de Julio. Allí expresó que “en dos o tres meses la ciudad va a ser un quilombo”.
Las afirmaciones del dirigente sindical fueron en el marco de una asamblea general del SUOEM para rechazar la difusión de los datos personales, laborales y salariales por parte del Ejecutivo municipal a través de la Web oficial. A su vez, en la oportunidad se definió un “trabajo a reglamento extremo”, que ha generado dificultades de atención y funcionamiento en algunas áreas comunales, y se aprobó la presentación de una denuncia penal contra el intendente Ramón Mestre y otros funcionarios, a los que consideran responsables de violar el artículo 157 bis del Código Penal al difundir los satos personales y privados de los trabajadores.
VER El SUOEM amplió la denuncia por difusión de datos personales a más funcionarios municipales.
El delito del que se lo imputa, tiene una pena que va de tres a seis años de prisión.
En 2012, Daniele debió dictar clases de apoyo escolar en Matemática y Contabilidad en la escuela María Saleme de Bournichón, ubicada en Ituzaingó y Rondeau, en el barrio de Nueva Córdoba, para evitar el juicio oral por la misma causa. Esa causa le juega en contra ahora y, en caso de que fuera hallado culpable, ya no podría evitar la pena.
“Esta infamia, esta canallada, este intento por pisotear nuestra dignidad este ataque a nuestra seguridad y la de nuestras familias le prometo que lo va a pagar caro; vamos a responder con toda la fuerza”, afirmó en esa oportunidad el dirigente sindical.
El abogado del gremio, Hector Cedrón, afirmó que “no hubo incitación a la violencia de parte de nuestro secretario general. Es inocente de la acusación”, señaló.
EL DATO
El conflicto entre la Municipalidad y los trabajadores municipales aumenta su capacidad de combustión con la utilización de la vía judicial para condicionar la protesta.
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