En una votación ajustada que refleja las profundas divisiones en torno al pacto, el Parlamento Europeo aprobó este miércoles remitir el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión, adoptada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, cuestiona la compatibilidad del tratado con los acuerdos comunitarios y paraliza de facto su proceso de ratificación hasta que los jueces emitan un dictamen.
El acuerdo, firmado el pasado sábado 17 de enero en Asunción (Paraguay) tras más de 25 años de negociaciones, representa el mayor pacto comercial en la historia de la UE. Cubre a unos 720 millones de personas y un PIB combinado cercano a los 19 billones de euros, al eliminar o reducir progresivamente aranceles en el 90% de los intercambios comerciales entre ambos bloques.
La moción aprobada pone el foco en dos aspectos clave: el mecanismo de reequilibrio incluido en el texto, que varios eurodiputados temen que pueda limitar la autonomía regulatoria de la UE en materias como medio ambiente, salud o estándares laborales; y la base jurídica elegida por la Comisión Europea, que permite aplicar de forma provisional la parte comercial sin necesidad de ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los Veintisiete. Esta estructura jurídica busca agilizar la entrada en vigor de los capítulos puramente comerciales —competencia exclusiva de la UE—, pero ha generado críticas por supuestamente eludir controles democráticos más amplios.
Según estimaciones del TJUE, este tipo de opiniones consultivas suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque la corte puede priorizar casos urgentes si las circunstancias lo justifican. En la práctica, la remisión al tribunal suspende cualquier avance en la Eurocámara hasta recibir el veredicto, lo que podría retrasar la aplicación plena del acuerdo por hasta dos años o incluso poner en riesgo su ratificación definitiva si el dictamen resulta desfavorable.
La votación se produjo en un contexto de alta tensión. En las horas previas, diversas voces —especialmente de grupos centristas y liberales— advirtieron que enviar el texto al TJUE debilitaría la posición de la UE frente a amenazas externas, como los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump en respuesta a decisiones europeas relacionadas con Groenlandia. Sin embargo, la estrecha mayoría a favor de la remisión —apenas diez votos de diferencia— evidencia el fuerte rechazo de sectores agrícolas europeos, que han protagonizado protestas masivas en varios países del bloque contra un pacto que, según denuncian, inundaría el mercado comunitario con productos sudamericanos producidos bajo estándares menos exigentes.
La firma en Paraguay, celebrada en el Gran Teatro José Asunción Flores de la capital paraguaya (sede del Banco Central), fue presentada como un triunfo del multilateralismo. El presidente paraguayo, Santiago Peña, anfitrión del acto, la calificó como “una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y crecimiento”, destacando que deja atrás “las tinieblas del unilateralismo”. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó que el acuerdo elige “el comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento”, elimina barreras, abre mercados públicos y establece un marco normativo sólido para la inversión. Además, resaltó el capítulo de comercio y desarrollo sostenible como herramienta para proteger el clima y avanzar hacia la neutralidad climática, facilitando el acceso europeo a materias primas críticas.
António Costa, presidente del Consejo Europeo, defendió el pacto como un puente frente al proteccionismo y al uso del comercio como arma geopolítica, insistiendo en que promueve reglas basadas en el multilateralismo y el derecho internacional.Pese a las ausencias notables —como la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva—, asistieron líderes como los de Panamá (José Raúl Mulino) y Bolivia (Rodrigo Paz), este último en proceso de adhesión plena al Mercosur.
El acuerdo contempla dos fases: una aplicación provisional de la parte comercial (que aún requiere aprobación parlamentaria europea y podría avanzar si la Comisión lo decide), y la entrada en vigor plena del acuerdo de asociación una vez ratificado por todos los Estados miembros de la UE y los países del Mercosur. El paso dado por la Eurocámara introduce una incertidumbre significativa en este largo proceso, dejando en suspenso uno de los hitos comerciales más ambiciosos de las últimas décadas.
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