(Por Máximo Brizuela*). Cuando pareciera que el gobierno nacional ha alcanzado un límite en su avance sobre las fronteras democráticas, esa línea se corre una vez más, y la institucionalidad argentina se resquebraja aún más.
En la última semana, fuimos testigos de un nuevo y escandaloso episodio de autoritarismo, en el que el gobierno nacional —con la complicidad de un juez— sentó un preocupante precedente al prohibir la difusión de audios de interés público y ordenar allanamientos a un medio de comunicación y a periodistas.
Estos audios estarían vinculados a presuntos casos de coimas, o al menos revelarían conversaciones incómodas protagonizadas por la hermana del presidente, quien además es considerada su mano derecha.
Cabe recordar que recientemente salieron a la luz audios comprometedores del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que afirmaba que la hermana del presidente Milei cobraba sobornos a cambio de favorecer a empresas contratistas del Estado.
Los argumentos esgrimidos por el gobierno para justificar la censura y la persecución a periodistas son tan inverosímiles como absurdos, recurriendo a teorías conspirativas que incluyen rusos, venezolanos, kirchneristas, la AFA… y quizás algún villano de historieta.
Este nuevo atropello a la democracia viola flagrantemente el artículo 13° del Pacto de San José de Costa Rica, al que adhiere nuestro país, y que garantiza «el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin restricciones de fronteras, por cualquier medio, sin censura previa, aunque sujeto a responsabilidades ulteriores».
La sola idea de prohibir la difusión de audios cuya autenticidad el propio gobierno no ha confirmado constituye un ataque directo a la libertad de prensa. Una nueva prueba de que la “libertad” de la que tanto se habla es apenas un maquillaje que encubre un creciente autoritarismo.
Desesperado por el contexto electoral y por el impacto que estos audios puedan tener en las urnas, el gobierno —en complicidad con el Poder Judicial— ha optado por una de las peores decisiones posibles.
Tal vez, desde la óptica oficialista, esta medida sirva como un salvavidas momentáneo. Pero en el mediano y largo plazo, funcionará como un boomerang que amenaza con desestabilizar aún más a un gobierno que ya enfrenta múltiples crisis.
La realidad es que el avasallamiento de los derechos civiles se está convirtiendo en una nueva y dolorosa normalidad en nuestro país. Frente a esto, el conjunto del arco político —aun con sus diferencias— tiene la responsabilidad de reconstruir una institucionalidad sólida, que respete las leyes y pactos que tanto costaron consolidar en nuestra democracia.
* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).
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