El Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto 396/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), ambos bajo la órbita del Ministerio de Economía, y la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas. Estas medidas se enmarcan en la profundización del plan de ajuste del Estado, que anticipa una nueva ola de despidos en el sector público.

Según un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, los organismos descentralizados pasaron de contar con 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024, lo que el Ejecutivo considera un “incremento sustancial” en la dotación de personal.
Con el objetivo de “reducir el gasto público y mejorar la eficiencia”, el Gobierno decidió fusionar el INPRES, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, y el SEGEMAR, ligado a la Secretaría de Minería, en un único organismo especializado.
La fusión busca “centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales”, según el Ejecutivo. Además, se espera que esta integración refuerce la producción y difusión de información geológica, tecnológica, minera y sísmica, optimizando recursos y reduciendo el “sobredimensionamiento” del Estado.
Por su parte, la transformación del INA en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas apunta a simplificar la estructura administrativa y promover un uso racional de los fondos públicos. El Gobierno argumenta que esta reestructuración fortalecerá la coordinación de políticas de infraestructura hídrica, alineándolas con los objetivos del Ministerio de Economía y facilitando su articulación con áreas ejecutoras de obras y programas nacionales.
La normativa destaca que estas medidas no afectarán las funciones técnicas esenciales de los organismos, ya que las tareas de apoyo serán absorbidas por áreas competentes del Ministerio de Economía. Sin embargo, la reestructuración genera incertidumbre en el sector público, donde se espera una nueva reducción de personal como parte del plan de ajuste estatal.
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