El Gobierno nacional presentó una reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) y la instrumenta con un decreto que violaría la propia Ley Bases al restringir derechos de las personas. Según el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora la fuerza policial se enfocaría en delitos complejos, con un modelo institucional inspirado en el FBI de Estados Unidos.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez denunció en su cuenta de la Red X que “el Decreto Delegado 383/2025 mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Policía Federal es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742 (ley bases). Mediante la sanción de dicha norma, el Congreso sólo habilitó la colegislacion a efectos de reorganizar o reestructurar a los órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista, autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”.
El abogado agregó que “pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado de esta naturaleza, a efectos de establecer las funciones de la Policía Federal en relación a los derechos de las personas, es toda una declaración de identidad autoritaria y antidemocrática del presente gobierno”.
La reforma policial, oficializada mediante el Decreto 383/2025, implica una reestructuración integral de la PFA. Se crean dos grandes áreas: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), orientado a delitos como narcotráfico, trata de personas y terrorismo; y el Departamento Federal de Coordinación (DFC), a cargo de tareas administrativas y de apoyo. Ambos contarán con direcciones especializadas en inteligencia criminal, cooperación internacional, análisis forense, asuntos internos y bienestar del personal.
El nuevo esquema amplía las funciones y, sobre todo, los márgenes de intervención. La norma autoriza a los efectivos a detener personas sin orden judicial “cuando existan elementos suficientes que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer un delito”. También habilita el acceso a bases de datos públicas y privadas para tareas de inteligencia, y permite patrullajes en redes sociales y sitios web abiertos sin autorización judicial previa.
Además, el decreto permite que, a partir de ahora, las investigaciones podrán iniciarse no solo por requerimiento judicial, sino también por instrucción directa del Ministerio de Seguridad. A estas intervenciones violatorias de derechos de las personas es a lo que se refiere Gil Domínguez.
Junto con el presidente y Bullrich estuvieron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente; Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires; Guillermo Francos, jefe de Gabinete y principal operador político con las provincias; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Luis Petri, ministro de Defensa. También participaron los jueces Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal; y Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación. El acto se desarrolló en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Palermo.
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