El bloque de Unión por Córdoba (UPC) había asegurado que la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional de Electrodependientes iba a ser considerada antes de las elecciones del 22 de octubre. Casi un mes después, el tema no figura ni en el temario de las reuniones de la Comisión de Salud de la Legislatura.
Ayer, Nora Perelló, la madre de Máximo Francisco Albarracín, le dijo a ENREDACCIÓN que “mi hijo si hubiera nacido en Tucumán, Misiones, Río Negro o Catamarca, tendría el derecho a la gratuidad del servicio y a una provisión permanente. Como tuvo la mala suerte de nacer en Córdoba eso no sucede. Lo mismo le pasa a todos los electrodependientes cordobeses. No existe el derecho de igualdad ante la ley que ampara la Constitución Nacional”.
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Máximo nació con onfalocele, enfermedad que se da en uno de cada 10 mil niños, hernia diagragmática e hipertensión pulmonar. Esta última enfermedad es la que obliga a mantenerlo con respiración asistida permanente. El miércoles 15 de noviembre, en su casa de Parque Siquíman, hubo tres cortes de energía que en total abarcaron cinco horas del día. El niño que ya tiene un año -los cumplió en septiembre- levantó 38,5° fiebre. “El problema con él es que puede derivar en convulsiones. Necesita ambiente climatizado permanente”, explica la madre.
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Lo cierto es que en la Legislatura cordobesa hay dos proyectos para adherir a la Ley 27351. El de UPC tiene un polémico artículo, el número 5, que se aleja de la concepción de derecho que establece la ley nacional, respecto de la provisión del servicio eléctrico y su gratuidad a los enfermos electrodependientes, y se instala dentro del espacio conceptual de la asistencia y el beneficio.
VER REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 23751.
VER PROYECTO DE LEY-UPC.
El polémico artículo 5 dice textualmente: “El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como paciente electrodependiente por cuestiones de salud tendrá un beneficio mínimo de la “Tarifa Social Provincial”, pudiendo llegar al 100% del total de los componentes de la tarifa del Servicio de Energía Eléctrica, garantizándose en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente. El medidor de consumo de energía en dicho domicilio deberá estar debidamente identificado”.
Si bien el legislador Daniel Passerini aseguró a este medio que su bloque estaba predipuesto a hacer modificaciones al proyecto original, el tema aún no se consideró en la Legislatura.
En cambio, el proyecto presentado por el legislador juecista, Juan Pablo Quinteros, plantea la adhesión a la ley nacional de modo directo.
Perelló señala que la demanda de los electrodependientes de Córdoba es la adhesión a la Ley nacional 23751 y, de ese modo, el reconocimiento de que le Estado debe garantizar el derecho de los electrodependientes a la vida y la salud. “A nuestro criterio, además de la adhesión debe estar explicitado un tiempo para su reglamentación y definir que el Ministerio de Salud de la provincia es la autoridad de aplicación local”.
El eje de la ley nacional es la gratuidad del servicio; la creación del registro de electrodependientes; la apertura de una línea telefónica y exclusiva de atención las 24 horas para denunciar cortes de energía o bajas de tensión y recibir información concreta sobre la restitución del servicio; y la provisión y mantenimiento de un generador de energía eléctrica para garantizar la provisión permanente del servicio. El dispositivo planteado es fundamental porque de ello depende la vida de las personas electrodependientes.
Esta semana, el ENRE -Ente Regulador del Servicio Eléctrico- emitió la resolución que regula el funcionamiento de la línea telefónica exclusiva y la garantía de provisión del servicio de energía las 24 horas.
VER RESOLUCIÓN DEL ENRE PARA EDENOR Y EDESUR.
“La ley está reglamentada, los legisladores y el gobierno provincial ya no tienen más excusas para demorar la adhesión de Córdoba y su implementación inmediata. Nos preocupa que quedan cuatro sesiones legislativas y llegan el verano y los cortes de energía”, afirma Perelló.
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