El gobernador Martín Llaryora propuso al penalista Alejandro Pérez Moreno como fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba. Si su pliego es aprobado por la Legislatura Unicameral, reemplazará a Pablo Bustos Fierro, quien pasará a desempeñarse en el recientemente creado Ministerio Público de la Defensa.
Pérez Moreno es un curtido abogado penalista, con varias décadas de profesión y casos con mucho peso específico, como la causa del crimen de Blas Correa, donde representó a Soledad Laciar, la madre del adolescente asesinado por policías cordobeses. Y es también, un alumno avanzado del fallecido Oscar Roger, un abogado de amplio reconocimiento; aceitados vínculos con el menemismo, época en la que fue Procurador General de la Nación; e integrante, en ese tiempo, del círculo rojo con incidencia en el sistema de poder de los tribunales federales. Al punto que, por ejemplo, fue uno de los padrinos de la designación de Carlos Otero Álvarez, involucrado en violaciones a los derechos humanos y figura central en la llamada causa de los magistrados, en la que se ventiló la participación de jueces y funcionarios judiciales en el Terrorismo de Estado. El candidato del oficialismo no carga, por supuesto, con la mochila de su ex jefe, pero participa de su modelo, que puede sintetizarse en la siguiente frase: “Para ganar causas no sólo hay que ser un buen abogado, hay que tener los pies adentro del plato”. Es un hombre sin militancia partidaria, pero con participación en el sistema de poder de la Provincia, en el que converge el Colegio de Abogados.
También es un abogado con carácter y decisión y conservador en términos de ideología jurídica. Durante el juicio por la muerte de Blas Correa, Pérez Moreno levantó su voz por los abusos de las fuerzas policiales, en línea con el planteo de la madre del adolescente. Allí dijo una frase fuerte en una Provincia en la que prevalece la quietud en las causas donde está involucrado el poder: “Que quede claro que en Córdoba lo que hay es violencia estatal”.
Otro elemento, de su historia personal es que su hermana Eugenia es fiscal de Instrucción, y su hermano Eugenio, camarista de la Justicia provincial. Hasta ahora estaba del otro lado de la barandilla y su paso de los pasillos a los despachos tiene explicación, en parte, por esa particularidad: No es alguien ajeno a la “familia judicial”.
Además, Pérez Moreno es representante del Colegio de Abogados en el estratégico Consejo de la Magistratura provincial, el que propone los candidatos a jueces, fiscales y asesores letrados oficiales, entre otras funciones.
Dentro de ese laberíntico mapa de relaciones y actos ligados a la lógica del poder, tiene como asociado a Juan Pablo Rubio, el nieto de Luis Rubio, peronista y vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que con 82 años es el más veterano de ese cuerpo.
Con Pérez Moreno llega un abogado “no alineado” en la interna entre los fiscales adjuntos delasotistas y schiarettistas y con “prestigio” de abogado de “calle”. Hasta ahora, el poder del Ministerio Público Fiscal (MPF) se mueve entre el fiscal General, Juan Manuel Delgado, y el fiscal General Adjunto, José Gómez Demmel, que tienen el aval político del schiarettismo y, sobre todo del poderoso Ricardo Sosa, integrante del Estado Mayor histórico del equipo del ex gobernador Juan Schiaretti. Delgado tiene, además, entre sus credenciales, su vinculación con el capital desarrollista inmobiliario y el Opus Dei. Del “otro lado” aparece Héctor David, fiscal General Adjunto de Córdoba y ex ministro de Justicia de José Manuel De la Sota, que juega con apoyo del camarista del TSJ, Sebastián López Peña, uno de los integrantes de la “mayoría oficialista” en el Alto Cuerpo.
Desde el punto de vista funcional, su perfil le permite al gobierno provincial “reforzar” ante la opinión pública el “costado penal” del MPF en un tiempo signado por la “inseguridad” y la creciente violencia delictiva fruto de la crisis social y el crecimiento de las organizaciones delictivas y las operaciones del narcotráfico.
LA PRESENTACIÓN OFICIAL
Dice la información dada a conocer por el gobierno provincial que Pérez Moreno “es un reconocido hombre del Derecho de la provincia de Córdoba, con una aquilatada trayectoria académica y profesional donde su especialidad es el Derecho Penal”.
Agrega que “es de los letrados con mayor actividad en este campo en los últimos años, donde se destacó como abogado de la familia de Blas Correa a lo largo de todo el proceso que llevó a la condena de los culpables de este crimen”
Señala que es consejero Titular del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, por el Estamento Abogados de la Primera Circunscripción –Períodos 2022/2024 y 2024/2026.
En el Estado solo registra un paso como pasante en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en la Primera Circunscripción, en el Juzgado de Instrucción Novena y en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 5 Turno 1 (año 1996 hasta 1999).
Afirma que “la mayor fortaleza del Dr. Alejandro Pérez Moreno está dada en su actividad profesional donde participó primero de un Estudio muy reconocido como el del Dr. Roger y luego fundó el propio donde desarrolla su actividad hasta la actualidad. Esta actividad fue complementada a lo largo de su vida por una calificada historia académica y un vinculo con instituciones ligadas al mundo del derecho y también del deporte. Mientras que en el campo académico ejerce la docencia, fue disertante y director de cursos”.
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