El sólo hecho de que un senador nacional viaje a un país vecino con 211 mil dólares sin declarar en su mochila, es un escándalo en cualquier lugar del mundo. Sí, además, no puede justificar, durante el procedimiento aduanero, de dónde proviene el dinero y es imputado de “tentativa de contrabando” por la Justicia de Paraguay, donde se produjo el hecho, el caso adquiere una gravedad inusitada. Según el origen del dinero -propio o de su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa-, algo no determinado todavía en sede judicial, Edgardo Kueider (52) podría quedar inmerso en un caso de corrupción o en uno donde es el “valijero”. A esto, se suma que nadie lleva semejante cantidad de dólares, en efectivo y sin dar cuenta de ello, de un país a otro, si no es para lavar activos. En cualquier lugar donde las instituciones funcionaran medianamente bien, las horas del legislador estarían contadas. También, con lo que se conoce hasta ahora, la Justicia argentina tendría que intentar resguardar la integridad física del político entrerriano, que puede ser una pieza clave frente a un posible hecho de corrupción.
Kueider llegó al Senado de la Nación como peronista por la provincia de Entre Ríos y en una voltereta de transfuguismo político fue detenido en el país vecino como aliado del gobierno del libertario Javier Milei, a quién permitió con su voto, conseguir la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones). Luego de ese momento bisagra, el senador acompaña las posiciones y jugadas políticas del oficialismo sin pestañar y ha participado en Casa de Gobierno de una reunión con el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, como parte de la tropa gubernamental en la cámara alta.
El senador Edgardo Kueider junto a los senadores oficialistas en una reunión con Javier Milei y Victoria Villarruel, en Casa de Gobierno. (Foto: Gentileza).
Las consecuencias jurídicas y políticas todavía no pueden determinarse en plenitud, pero está claro que, si el dinero es fruto del cambio de escudería del legislador, es un hecho de corrupción que tiñe de ilegitimidad la aprobación de la controvertida norma (el RIGI) y abre espacio a planteos judiciales de ilegalidad sobre ella. Esto, sin contar la trama hacia adentro del gobierno o, eventualmente, también empresas o particulares interesados en una resolución a medida de sus negocios.
Por otro lado, revelaría que el gobierno de ultraderecha intenta resolver su minoría parlamentaria a fuerza de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y también de compra de voluntades por vía de “chequera”, tanto para sancionar leyes como para bloquear iniciativas opositoras, como fue rechazar el veto presidencial al ajuste en las universidades y a los jubilados. En esa línea, se inscribe la institucionalizada vía de gobernar con presupuesto reconducido desde 2023 para poder presionar a los gobernadores díscolos con la asfixia financiera. Pero hay que diferenciar “la paja del trigo”. La diferencia entre corrupción e intento de ahorcamiento político es clara: La primera es ilegal, la segunda una metodología perversa, pero que compone el menú de la negociación. En todo caso, se puede afirmar que degrada la institucionalidad y la democracia por su cercanía con la extorsión. Argentina debiera evolucionar a formas más transparentes para resolver el rumbo de sus políticas públicas.
La PROCELAC, la unidad de fiscales argentinos especializados en lavado de dinero, estableció que Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, salieron seis veces de Argentina con destino a Paraguay desde febrero de este año. Algunas pasaron directamente a territorio guaraní y en otras lo hicieron primero a Brasil y desde allí a Paraguay. El RIGI fue aprobado por el Senado el 12 de junio de 2024 y llamativamente cuatro de las seis salidas se produjeron el 16 y 21 de junio, el 13 de octubre y ahora, en la madrugada del 4 de diciembre, cuando fueron apresados. Es decir, en principio, hay un movimiento sincrónico entre un hecho y otro y se lo puede identificar como un indicio.
El director Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay, Óscar Orué, expresó en una entrevista que le realizó Radio con Vos, que cuando lo detuvieron y las autoridades le tomaron declaración, el senador “dijo que es aliado del Gobierno”.
También, que en el acta que labró la Policía de Paraguay, después del control al vehículo en el que iban Kueider y su secretaria, “él lo único que mencionaba es que iba a tener problema en su país por este asunto”.
Por su parte, según precisó el fiscal Alcides Giménez Zorrilla en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Kueider insistió en que el botín no era suyo. “Él dijo que era acompañante, que estaba llevando a la señorita para hacer un negocio con una empresa radicada en Paraguay; él le atribuyó la titularidad del dinero a la señorita”, apuntó.
Giménez Zorrilla explicó en la misma entrevista que Guinsel Costa respaldó los dichos de Kueider y se hizo cargo de la propiedad de los 200 mil dólares: “Ella dijo que es representante de una sociedad anónima que se constituye en Paraguay (Golden Sur) y estaba transportando el dinero desde Argentina para invertir en esa compañía”. Si esto es así, en nuestro país debería iniciarse, de oficio, una investigación por lavado de activos, tanto a la mujer como al senador, ya que ambos habrían estado transportando dinero no declarado en Argentina. Eso es un delito.
Iara Magdalena Guinsel Costa. (Foto: Gentileza Revista Análisis).
Además, es difícil separar el recorrido de ambos. La mujer de 34 años ingresó como empleada del Senado, categoría A1, en la oficina de Kueider en febrero de este año, pero cuando salió a la luz una investigación de la revista entrerriana Análisis, en marzo pasó a desempeñarse en el bloque de Provincias Unidas a las órdenes del senador correntino Carlos “Camau” Espínola. En la misma bancada se encuentra la cordobesa Alejandra Vigo (Hacemos Unidos por Córdoba). Infobae reconstruye que el 14 de agosto, Guinsel Costa fue dada de baja por Espínola y, en su lugar, apenas seis días después, Kueider nombró a la madre de la mujer, Celina Érica Costa, también con la categoría más alta, A1, “para cumplir funciones en su despacho”. Lo hizo mediante la Resolución 910/2024. Su sueldo en noviembre fue de $2.134.000.
A su vez, la secretaria de Kueider casi no tenía antecedentes laborales en relación de dependencia. Sólo figura un trabajo en blanco como vendedora en la empresa de telefonía e internet de Concordia ISPCOM S.A. Actualmente, aparece inscripta como monotributista en una de las categorías más altas.
En tanto, la camioneta 4×4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ en la que fueron detenidos en Paraguay pertenecía a Rodolfo Daniel González, un empleado de la Biblioteca del Congreso que trabaja “en comisión” en el despacho del senador, tal como reveló Infobae.
González compró el vehículo en junio de 2021 y se lo cedió para su uso al senador y a Guinsel Costa. González no tiene otro vehículo a su nombre.
Kueider y González figuran como socios en Betail SA, junto a un primo del senador (Javier Rubel). La empresa está siendo investigada por la Justicia entrerriana por la compra de tres departamentos con cocheras en el edificio Live, en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, según reveló la revista Análisis. El edificio en cuestión, fue desarrollado por los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, procesados por presunta asociación ilícita en relación a los presuntos sobornos de la causa Enersa / Securitas, en trámite en la Justicia Federal en San Isidro.
Justamente, el legislador entrerriano, ahora detenido en Paraguay, es investigado en dos causas, la señalada en Entre Ríos y otra en San Isidro, por enriquecimiento ilícito. No está imputado en ninguna de ellas.
La Justicia entrerriana investiga si Betail S.A es la verdadera propietaria de los departamentos y las cocheras ubicados en el edificio Live. También trata de determinar si Guinsel Costa, Rubel y González son presuntos testaferros del senador nacional, según detalla Análisis. El expediente es instruido por el fiscal José Arias.
El entramado se completa con el artículo publicado por Análisis que estableció que Guinsel Costa aparecía desde marzo de 2024 como titular en las expensas de los tres departamentos y las dos cocheras en el edificio Live que antes eran propiedad de Betail SA. Justamente, en el tercer mes del año, la publicación entrerriana reveló la existencia de esos inmuebles y los vinculó con Kueider, dado que la que aparecía como titular de los inmuebles era la empresa del legislador.
En tanto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado también investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito en un expediente derivado de la causa Enersa / Securitas -una empresa de seguridad-, que involucra el pago de sobornos a organismos públicos, entre lo que se encuentra ENERSA (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), donde Kueider ocupó un cargo directivo. Allí es donde están procesados los hermanos Tórtul, constructores del edificio donde Betail S.A tendría los departamentos y cocheras.
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