Con el título de “Ya quemaron más del 10% de la Provincia de Córdoba, señor gobernador”, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) regional Córdoba reclama, por medio de una carta abierta, a Martín Llaryora, “cambiar la estrategia (frente a los incendios) que fracasó durante 24 años”.
El planteo lleva la firma de los co-presidentes de la APDH, Mabel Edith Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente; del secretario General, Medardo Ávila Vázquez; y del vocal de la organización, Pablo Sigismondi.
“Exigimos que arbitre los medios para que no existan más incendios forestales en Córdoba, necesitamos un Plan de Incendio Cero, no de “Manejo del Fuego”. A esta altura del calentamiento global no es aceptable manejar el fuego, hay que apagarlo”, señala la APDH en el texto dado a conocer a los medios.
La propuesta del organismo de derechos humanos, explica que “incendio Cero requiere: 1º) prevención y educación pública; 2º) Alerta Temprana con vigías humanos y digitales íntimamente vinculados; 3º) Respuesta Inmediata que apague los fuegos apenas comienzan; y 4º) Plan de apagar el fuego”.
Agrega que “es imprescindible, como primera medida, garantizar la participación ciudadana en la política de Fuego Cero, mediante mecanismos que permitan que, distintas instituciones y organismos, aporten sus conocimientos y experiencias para hacer frente a la problemática. El desarrollo de las Brigadas Comunitarias Forestales es un recurso social con conocimientos del territorio, destrezas técnicas, experiencia y sobrada motivación para combatir en defensa del monte, con todos ellos se debe coordinar planes de prevención, alerta temprana, y acciones inmediatas”.
El gobernador Martín Llaryora.
También reclama “el estricto cumplimiento de la Ley de Bosques, y de la Ley nacional N° 27.604 que prohíbe que zonas quemadas puedan ser manipuladas modificando el uso del suelo. Hay numerosos casos de lugares quemados que prontamente fueron instrumentalizados por el negocio inmobiliario (ejemplo: Santa Cruz del Lago y San Antonio de Arredondo, en Punilla, etc.), o por los ganaderos y sojeros”.
Luego, denuncia que “durante el último incendio, cuyo epicentro fue la proyectada traza de la nueva ruta 38 en Punilla norte, se habilitaran a continuación, nuevos negocios que depredarán aún más esa zona”.
PREOCUPACIÓN
Además, la APDH expresa su preocupación “por las políticas públicas aplicadas al manejo de los incendios que asolaron a una vasta zona nuestra provincia, durante el mes de septiembre del corriente año, con las lamentables y nefastas consecuencias que acarrearon daños ambientales con la pérdida de la fauna y la flora autóctona, bomberos heridos de distinta consideración por quemaduras, además de los perjuicios materiales a personas que habitan las sierras cordobesas”.
Señala que “los derechos políticos no son los únicos Derechos Humanos, también necesitamos un aire respirable, una temperatura adecuada y agua en cantidad y calidad, necesitamos acceder a derechos ambientales esenciales para la vida, y así lo establece en su artículo 11 la Constitución provincial: El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales. Estas condiciones están en riesgo en la Provincia de Córdoba por su crisis ambiental”.
CIEN MIL HECTÁREAS QUEMADAS EN LO QUE VA DE 2024
“En lo que va del presente año, ya se han quemado casi 100.000 hectáreas de bosques y montes. Además, en este último incendio hemos perdido miles de hectáreas de árboles centenarios en el oeste provincial. Efectivamente, en el Departamento de Pocho, donde los bosques representan la Región Fitogeográfica Chaqueña, los incendios que asolaron por más de diez días la Quebrada de la Mermela han dejado la región devastada, un auténtico ecocidio. En el Departamento Punilla se perdieron bosques centenarios y más de 40 viviendas y miles de animales silvestres y ganado. El daño a la biodiversidad es enorme. En tiempos donde se acelera el calentamiento global, la desertificación, la sequía y el calor agobiante, la geografía y el paisaje de nuestras Sierras de Córdoba está en peligro como nunca antes. El panorama a mediano y largo plazo es sombrío”, indica la APDH.
Resalta que “los incendios se repiten año a año a pesar del desarrollo de una enorme infraestructura provincial con cientos de bomberos voluntarios, grupos de elite como el ETAC, equipamiento de todo tipo, leyes provinciales de manejo del fuego y una secretaría del Ministerio de Seguridad específica para, supuestamente, controlar el fuego”.
Sin embargo, el Instituto Gulich “calculaba que entre 1999 y 2017 se habían quemado 700.000 hectáreas en las serranías cordobesas” y en 2022, la revista científica AgriCientia, “calculaba que el 10% de la superficie de la provincia de Córdoba se había quemado durante los gobiernos de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti (1999 al 2023). En los últimos 20 años se han quemado 1.600.000 hectáreas, algo inédito, con un récord de 300.000 hectáreas en el año 2020”.
Afirma más adelante que “los datos son contundentes: Los gobiernos de Unión por Córdoba han fracasado en detener los incendios y la degradación ecológica de nuestro ambiente. Las políticas puestas en juego no son las adecuadas y el avance de los intereses del agro negocio e inmobiliarios en los territorios quemados, muestran la complicidad del gobierno provincial, por acción u omisión”.
Dice, además, que “el fuego no es culpa de los bosques, como afirma el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María con la aceptación de la vicegobernadora Myriam Prunotto. Los montes no son combustible, son esenciales para mantener las condiciones ambientales que permiten la vida en nuestra región”.
Finalmente, asegura que “los cordobeses creemos que contamos con un Plan de Manejo de Fuego que nos protege, pero la realidad es que las autoridades les impiden a los bomberos voluntarios que apaguen los incendios y se los inmoviliza para actuar sólo en las interfaces de riesgo, mientras los incendios ganan en voracidad y tamaño destruyendo bosques, montes y pastizales que necesitamos preservar por sus servicios ambientales” y plantea que “(los bosques, montes y pastizales) no son tenidos en cuenta por un gobierno ecológicamente ciego, que prefiere defender los intereses extractivistas de los grupos económicos dominantes en la provincia”.
Imagen ilustrativa.
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