La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó este martes una asamblea en Córdoba, luego del anuncio por parte del Gobierno nacional del cierre de los 59 centros de Referencia (CDR) de todo el país, de los cuales uno se encuentra Córdoba. En el país, son 600 empleados los que perderían su trabajo por esta decisión, de los cuáles, 53 son de Córdoba. Los CDR son los que gestionan los planes Potenciar Trabajo y otros programas nacionales.
“Se trata de otro paso para correr a las políticas públicas del escenario de los gobiernos nacionales. Ya lo dijeron Javier Milei y Sandra Petrovello: Quieren terminar con los planes Potenciar Trabajo y en este organismo se garantizaba que esos planes salgan y se cobren. Este ataque a la clase trabajadora estatal empezó hace rato, con las paritarias a la baja, mientras la mayoría de nuestros representados están por debajo de la línea de la pobreza”, denunció el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
La asamblea se desarrolló en las oficinas de Bv. Chacabuco 352, en Córdoba Capital, con el objetivo de evaluar la situación y resolver los pasos a seguir. Por el momento no existe comunicación oficial que confirme la versión difundida por redes sociales, pero se determinó la realización de un plan de lucha coordinado con los sectores afectados en todo el territorio nacional.
“No tenemos ninguna comunicación oficial. Solo el anuncio de los cierres y los más de 600 despidos. En el caso de Córdoba son 54 trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en el Centro de Referencia provincial, en su mayoría desde hace más de 10 años, algunos en planta permanente y otros contratados y contratadas”, explicó la secretaria de Genero y Diversidad de ATE, María Spaventa.
“Hoy nos reunimos en asamblea, ya que estamos hace tiempo en estado de alerta, definiendo un plan de lucha porque vamos a defender las políticas públicas y nuestros puestos de trabajo. El único anuncio que conocemos a través de los medios es que las consultas que recibimos a diario, como el reclamo por drogas oncológicas, se atenderá por un ‘call center’. La pobreza y la discapacidad no se resuelven por call center: la semana pasada nos encontramos con despidos en ANDIS, organismo con el que trabajamos habitualmente. Cada vez es más brutal este ajuste y pega donde más duele. Esperamos que la población empiece a reconocerlo”, dijo Spaventa.
Por su parte, Giuliani denunció que “este gobierno enfoca a los trabajadores del Estado nacional como su principal adversario en la supuesta lucha para reducción del déficit fiscal: A quién le mueve el amperímetro del achicamiento del gasto público reducir salarios de 300 mil pesos, de contratados y monotributistas”.
“Hay una idea fascista y neoliberal del achicamiento del Estado que arranca con el desguace. Significa cierre de edificios, que para ellos son meros cajas vacías y para nosotros espacios donde transcurre nuestra vida laboral cada día y donde atendemos la demanda de la población que se arrima a realizar algún trámite. Son los espacios donde se garantizan derechos. Empiezan con los cierres y los despidos”, aseguró.
Finalmente, apuntó que “los compañeros no son ñoquis, militantes ni grasa de nada. Son trabajadores y trabajadoras con 10 o 20 años de antigüedad en algunos casos, prestando servicios a la comunidad, en este caso sectores vulnerables de la población”.
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