El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y un grupo de organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos, presentaron una carta al gobernador Juan Schiaretti donde demandan “profesionalizar” la Policía y piden que haya “control civil y político”.
Con la firma de Manuel Tufró, director del Área de Justicia y Seguridad del CELS, y María Inés Peralta, decana de la FCS, solicitan “información sobre las acciones políticas e institucionales emprendidas a la fecha (luego del asesinato del joven Valentín Blas Correas)” y para “ponernos a disposición para proponer iniciativas y sugerencias con el fin de resguardar la integridad física y los derechos de los ciudadanos, así como para sumar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones laborales de los integrantes de las fuerzas de seguridad”.
En tanto, las organizaciones que participan del planteo se encuentran La Poderosa, la Mesa de Derechos Humanos Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – Córdoba, la Asociación Pensamiento Penal – Capitulo Córdoba, la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, la Fundación Un Mundo Mejor es Posible (UMMEP), la Organización Indígena EPI-KAMBA, Justicia Legítima Córdoba, el Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS), el Colectivo cordobés por los derechos de niños, niñas y jóvenes y VillaNos Radio 100.7 FM – Villa Carlos Paz
Reclaman “la re-conducción política sobre la política policial y la implementación de reformas policiales de fondo, considerando que además de sus prácticas violentas, la policía de Córdoba tiene antecedentes de haber estado involucrada en redes de narcotráfico y criminalidad, como surge de los informes periodísticos e imputaciones jurídicas a los altos mando de drogas peligrosas en el 2013”.
Agregan “la necesidad de garantizar una mejor conducción política y herramientas más eficaces de control de la actuación policial, en tanto el respeto por los derechos humanos debe convertirse en un indicador central de la eficacia policial”.
Plantean luego, en la nota al gobernador cordobés, una serie de recomendaciones para tratar de modificar el funcionamiento de esta fuerza de seguridad. Las principales son las siguientes:
-Fortalecer el control civil y político a las fuerzas, desarmando los mecanismos de delegación de las decisiones estratégicas y del diseño de políticas al poder policial, asumiendo mayores tareas desde el Ejecutivo provincial y en articulación con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Córdoba.
-Avanzar en la redacción y publicidad de protocolos de actuación de prácticas policiales respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos.
-Mejorar la información sistematizada sobre el estado de las causas penales y suspender de las tareas operativas a quienes se encuentren imputados/as.
-Producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público sobre el funcionamiento de las policías.
-Revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento que apunten a la profesionalización y a la utilización de la fuerza letal como recurso de última ratio.
-Solicitar a la Legislatura provincial la creación normativa de un mecanismo local contra la tortura, necesario para integrar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (Ley 26.827) .
Respecto de los antecedentes, la nota señala que “aunque hubo avances importantes en los últimos años respecto a la reducción de detenciones contravencionales, advertimos que no disminuyó la estigmatización de los barrios pobres y de las/os jóvenes que los habitan; e incrementaron las prácticas de hostigamiento”.
Detallan que “en los años 2016 y 2017 murieron al menos 35 personas en la Provincia por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad con asiento en el territorio provincia. De estas personas, 8 en 2016 y otras 8 en 2017, murieron por balas de efectivos de la Policía de la Provincia en diversas situaciones que pueden ser caracterizadas como ejecuciones extrajudiciales. En el año 2018, según La Voz del Interior, ‘10 sospechosos de delitos terminaron abatidos por disparos de la Policía en enfrentamientos callejeros’”.
Blas Correas, el chico de 17 años asesinado por la policía.
Precisan por último, que desde que se decretó el ASPO hubo “siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con particulares muertos”:
-En Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años);
-En Villa Adela, Fabián Perea (28 años);
-En Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho;
-En barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado;
-Hace pocas semanas, enterraron a José Ávila (35 años) asesinado en Villa El Libertador por dos policías.
-El pasado 6 de agosto a la madrugada, policías de la provincia fusilaron a Valentino Blas Correas, un pibe de 17 años que viajaba en auto con sus amigos.
-El mes de agosto terminó con un caso más: en la localidad de Alta Gracia, según la versión oficial, hubo una persecución policial y se produjo un “disparo accidental” con la detención e imputación del sargento primero Marcelo Barrionuevo.
-A estos casos fatales debemos agregar un caso en la localidad de Bell Ville (el 29 de marzo) y otro (el 21 de agosto) en la localidad de San Francisco, donde policías de la Provincia dispararon a jóvenes en el marco de controles callejeros en los que las víctimas resultaron ileso, uno y con heridas, el otro.
—
>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.
