Los pasajeros de ómnibus no son rehenes de la UTA, como señaló ayer el intendente Ramón Mestre. La palabra rehenes, en este caso, se utiliza con todo su peso simbólico para un solo lado: el de los trabajadores que protestan. No es esa la realidad, es un problema más complejo. En todo caso, los usuarios son rehenes de un sistema incapaz de llevar adelante una negociación racional.

Hay un contexto macro, en el que ganan valor las opiniones del pensamiento de los sectores de derecha económica y política, que plantean entre otras cuestiones, la necesidad de reducir el costo laboral argentino. En Córdoba, tres de los sindicatos con mejores condiciones de trabajo y salarios (municipales, electricidad y colectiveros) han sido apuntados por quienes se proponen alcanzar ese objetivo. Todo, en el transcurso de apenas 45 días. No hay fisuras.

VER Córdoba sigue sin transporte y el paro ya costó 12,6 millones de pesos a las empresas.

Se le debe agregar otro problema, en este caso, para las fuerzas políticas que gobiernan provincias y municipalidades: No es momento de tensar la cuerda con el poder central a causa de su fortaleza política y electoral, pero en el medio, deben administrar las consecuencias del programa económico (reducción del poder adquisitivo, achique de las plantas de trabajadores industriales y precarización) y las demandas de los empleados que están directa o indirectamente ligados a sus decisiones, como el caso de los municipales y los colectiveros con el intendente Mestre. El costo salarial y laboral es elevado en ambos servicios, y la decisión -evidente- es tratar de aprovechar la corriente nacional para limar su peso, tanto económico como político. A su vez, en el caso cordobés, ambos sectores son fuertemente repudiados entre las clases medias, por lo que enfrentarlos permite, a quien lo hace, acumular imagen positiva.

En lo particular, el de los colectiveros es un conflicto salarial. La interna sindical es un condimento, pero no  determinante. Es obvio, a esta altura, que la UTA nacional no tuvo en cuenta las diferenciales conquistas laborales y salariales de los trabajadores de Córdoba. En números, es 21% contra 32%. Ese 11% es lo que están demandando con el paro. Y, todo indica que van con la cabeza de los dirigentes en la mano. Si tendrán éxito o no, es harina de otro costal.

Los laboralistas han planteado en estos dos días, con razón, que quien puede lanzar un paro es la conducción sindical, no los trabajadores ni sus delegados. Es quien tiene la personería gremial el que puede hacerlo. La incapacidad de resolver las internas entre los distintos sectores políticos y sindicales locales, es la que trajo aparejada la intervención nacional del sindicato. En ese contexto, ése es el talón de Aquiles de los choferes.

Córdoba, con su carga de provincia acostumbrada a conservar las formas, procura encorsetar este planteo a ese universo. Puede que lo logre temporalmente, pero es difícil que sea permanente. La figura de la olla a presión es la que mejor se adapta a este escenario. Más tarde o más temprano, este reclamo volverá.

Los pasajeros no son rehenes de la UTA, son rehenes, en todo caso, de la incapacidad sistémica del sector del transporte (Empresas-Estado-Sindicatos) de negociar adecuada y racionalmente. En este caso, las compañías, la Municipalidad y la UTA nacional han escrito una ficción para ocultar la verdadera negociación.

El conflicto sindical, antes que nada, es un conflicto económico que se basa en el perjuicio a las cuentas empresarias. Por eso, los colectiveros no manejan, los metalúrgicos o los mecánicos no encienden las máquinas o no arman piezas, y los administrativos no se sientan frente a sus computadoras. Un paro busca eso, producir “daño” económico. Si bien, cada sociedad tiene un modo de regular su ejercicio, los paros tienen esa carga. De otro modo, los sindicalistas serían un grupo de monjes, haciendo su tarea en base a la palabra, casi sin posibilidad de defender los intereses de sus representados.

Por el contrario, este conflicto desnuda que alguien se pasó de listo y que otros se dieron cuenta. Los beneficiados  por pagar 21% de aumento y no 32%, son las empresas de colectivos. Los perjudicados, los colectiveros cordobeses. El intendente Ramón Mestre y la Municipalidad eligieron “santificar” la acción y jugar su partido.

Los atajos, en política y economía, no son buenos, porque suelen traer por el mismo camino y a la hora señalada, a los cobradores de la deuda.

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