El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Luis Angulo. Declara hoy en el juicio a los Magistrados. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.
Luego de un impasse, el juicio contra cuatro ex funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba acusados de delitos de lesa humanidad continuará hoy y mañana con testimonios de peso. Entre ellos, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Luis Angulo, relatará ante el Tribunal Oral N°2 sus experiencias como abogado defensor de presos políticos durante la dictadura cívico-militar, algunos de ellos fusilados en falsos enfrentamientos.
Según trascendió, el presidente del tribunal, Julián Falcucci, le ofreció a Angulo no asistir a la audiencia y responder el cuestionario por escrito. Pero “en homenaje a las víctimas”, el actual funcionario provincial eligió declinar el ofrecimiento y asistir a la audiencia. Angulo será el primero en declarar en la audiencia de mañana, si todo sale como el tribunal lo prevé. En 1976 fue abogado particular de Marta Juana González de Baronetto (fusilada en octubre de ese año) y de Miguel “Vitin” Baronetto. En 2010 declaró en el juicio a Videla y recordó “el clima de temor” que se vivía entonces.
En aquella oportunidad comprometió a Carlos Otero Álvarez, uno de los imputados, ex secretario del Juzgado Federal N°1. “Me atiende Otero Álvarez y me comunica que por decisión de las FFAA yo no iba a poder seguir defendiendo a Baronetto y lo iba a hacer la defensa oficial. Se me revocó el poder y lo comenzó a hacer el defensor Molina”, declaró. Luis Eduardo Molina estuvo procesado, pero fue apartado antes del inicio del juicio por razones de salud.
Sobre el trabajo del defensor, dijo: “Las circunstancias eran muy difíciles en el país y también era muy difícil ejercer la defensa. Lo he sentido cuando yo ingresaba al edificio, que funcionaba al frente del Arzobispado. Sentía que estaba entrando al lugar equivocado”.
Los imputados son el ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Cornejo, el ex defensor oficial Ricardo Haro y el ex secretario penal del juzgado N°1 (luego el juez Federal) Carlos Otero Álvarez. Están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento contra 75 víctimas, una treintena de ellos eran presos del penal de San Martín que fueron fusilados en falsos enfrentamientos.
SIN RECUSACIÓN
El juicio había quedado suspendido el lunes pasado, luego de que en la segunda audiencia el testigo Baronetto planteó su “incomodidad” al enterarse de que uno de los jueces que integran el tribunal, el riojano Camilo Quiroga Uriburu, fue Asesor Letrado de la intervención Militar en esa provincia.
Por ello, el TOF2 dio un plazo a las querellas para presentar eventuales recusaciones. Finalmente los abogados presentaron un escrito donde exponen que “las víctimas y sus familiares priorizan y confían en que la búsqueda de justicia esclarezca y establezca las responsabilidades que les cupo a los imputados durante la última dictadura cívico-militar”.
Los patrocinantes Patricia Chalup, Adriana Gentile, Jorge Chalup y Miguel Martínez, representan a seis de las víctimas, entre las que está Baronetto. En su comunicado hacen énfasis en las dilaciones que tuvo la causa durante la instrucción y señalan: “Teniendo en cuenta que transcurrieron 41 años desde la ocurrencia de los hechos objeto de esta causa, además siendo que varios de los familiares de las víctimas son de edad avanzada, los querellantes que representamos decidieron no realizar el cuestionamiento formal, porque su interés primordial es el de continuar con el desarrollo del juicio”.
Uriburu (descendiente directo de José Felix Uriburu, quien dio el primer golpe de Estado en 1930) ingresó al poder judicial en 1978, siendo abogado de la dictadura en La Rioja. En Córdoba, ya integró tribunales que dictaron sentencia en delitos de lesa humanidad.
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